La empresaria está imputada por producción de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y asociación criminal. Foto: Gentileza.
Juez reitera orden de captura contra la empresaria Dalia López
Compartir en redes
El juez Gustavo Amarilla reiteró la orden de captura contra la empresaria Dalia López y ordenó la búsqueda de la procesada que ya lleva más de un año prófuga de la justicia por el caso de los pasaportes falsos del exjugador brasileño de fútbol Ronaldinho Gaúcho y de su hermano Roberto de Assis Moreira.
“Estamos reiterando la orden de captura a través de la Comandancia de la Policía Nacional y puesta en comunicación al juzgado de la señora Dalia López, que está procesada hace un buen tiempo en esta causa”, explicó este jueves el magistrado a los medios de prensa.
Sostuvo que la orden de captura emitida es a nivel nacional e internacional para que la empresaria sea sometida a la justicia paraguaya por los delitos que pesan en su contra y que la nueva orden es para reiterar en los registros de la Policía Nacional.
“Vinieron algunas personas a sondear la situación procesal de la misma y hay un escrito que en una oportunidad presentaron dos abogados para hacer consideraciones en su nombre (Dalia López), pero tratándose de una persona que está prófuga, la justicia no puede darle respuesta hasta tanto esa persona prófuga se someta a la causa”, agregó el juez.
La empresaria está imputada por la Fiscalía por los supuestos hechos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y asociación criminal. Dalia López evadió varias veces a la justicia paraguaya por el caso de los documentos falsos, recusando a fiscales y jueces, además de recurrir en su momento a un hábeas corpus preventivo, rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
La mujer entregó las documentaciones paraguayas adulteradas a la exestrella de fútbol Ronaldo de Assis Moreira, más conocido popularmente como Ronaldinho, y a su hermano Roberto de Assis Moreira, quienes consiguieron su libertad y volvieron al Brasil en agosto de 2020, tras seis meses de prisión.
Durante un procedimiento realizado en San Lorenzo, la Policía Nacional incautó una camioneta Toyota Fortuner de color negro con documentos clonados, que había sido robada en junio del 2024 en Brasil. El vehículo tenía los datos de otro rodado de similares características perteneciente al coronel retirado Heriberto Galeano, excomandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP).
La intervención se dio en el marco de un control aleatorio hecho por personal del Departamento de Automotores, confirmó el comisario Juan Pereira. “Esta incautación se da porque encontraron irregularidades al momento de la verificación, es trasladada hasta la base de Automotores con el conductor que en un primer momento quedó en carácter de aprehendido”, señaló a la 1020 AM.
Explicó que ante la inspección ocular y la intervención del perito especializado se pudo constatar que el vehículo presentaba adulteración en la numeración de chasis, las placas apócrifas y la documentación falsa.
“También se realizó la consulta pertinente con la Policía Federal del Brasil en donde se constató que el vehículo en mención fue robado el año pasado en el mes de junio en el estado de Santa Catarina. Ante la verificación de todos estos datos nos pusimos en comunicación con el coronel retirado Heriberto Galeano excomandante del Regimiento Escolta Presidencial. Es así que el día de ayer él se presentó acá con su camioneta original, con toda la documentación”, expresó.
Los intervinientes comprobaron que el titular de la camioneta es víctima de un hecho de clonación de su vehículo con todos sus datos. “Fue robado en Brasil el vehículo, se le generó una documentación apócrifa, estaba circulando de esa manera. Pero ante el control del personal especializado de este departamento se puede dar ya la incautación. Y también el propietario de la camioneta original, ya tiene la tranquilidad de que ese vehículo clonado ya se encuentra incautado a cargo del Ministerio Público”, puntualizó.
Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
Compartir en redes
Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos paraconcretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán lacomisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
Compartir en redes
El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
Compartir en redes
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.