Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

“Han pasado 10 años y 11 meses desde que, en 2014, salió del aire el canal NTN24 por orden de Nicolás Maduro”, recordó con una mirada firme al público la periodista venezolana Idania Chirinos, al comenzar su ponencia durante el Foro Madrid, que se desarrolló en Asunción el jueves y viernes pasados.

Chirinos fue una de las invitadas a disertar en uno de los paneles de debate bajo el título “La libertad de expresión bajo amenaza a ambos lados del Atlántico”. En ese marco, remarcó que mientras existan personas que comparten las mismas ideas de defensa de la democracia y la verdad, “siempre existirá la libertad de expresión. Hay que seguir peleando y no ceder nunca”, remarcó ante el auditorio.

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Durante una entrevista con La Nación/Nación Media, la periodista venezolana destacó que el Paraguay sigue siendo un territorio de libertades y auguró que así se mantenga por mucho tiempo.

“Al final, Santiago Peña es presidente de la República por decisión de los paraguayos; lo eligieron como jefe de Estado y cumplirá el periodo constitucional que le corresponde. Esas son las libertades que, por ejemplo, reclamamos en Venezuela; quisiéramos que se respetaran los resultados electorales como los del 28 de julio pasado, cuando Edmundo González fue nombrado presidente de la República por voto de los venezolanos”, expresó.

Asimismo, recalcó que está convencida de que los pueblos deben tener la libertad de elegir a sus líderes y autoridades. En ese sentido, destacó que el presidente Santiago Peña es producto de ello y de la democracia.

Chirinos es directora de Contenidos del Canal Internacional de Noticias NTN24, además de directora y presentadora programa “La Tarde”. Se declara una militante de la Democracia y la libertad plena de Venezuela.

En ese sentido, la periodista venezolana indicó que si bien, ya no están con la señal libre en su país, continúan firmes trabajando, informando todo lo que pasa en Venezuela, convencidos de que lo que sucede en su país es absolutamente grave, bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Hicimos un compromiso con los venezolanos y lo hemos cumplido, de seguir en cobertura permanente de todo lo que ocurre allá. Aun sabiendo que hacer periodismo con el régimen de Maduro, es muy peligroso, con mucho riesgo. Hoy hay 16 periodistas presos, buena parte de ellos después del 28 de julio en las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia“, comentó.

Mencionó que en Venezuela un periodista puede ser encarcelado, simplemente por hacer una cobertura desde un ángulo que al régimen le parezca que no es el apropiado; por publicar una declaración que no es conveniente para ellos; por escribir un X que al régimen le moleste. “Pensar distinto en Venezuela es un riesgo absoluto y ejercer el periodismo independiente por supuesto conlleva ese riesgo”, remarcó.

Respecto al desarrollo del Foro Madrid, que tuvo a Asunción como sede de su cuarta edición, señaló que justamente busca enfrentar a ese socialismo, sobre todo a la estructura que tiene el socialismo con el foro de São Paulo, el grupo de Puebla.

“Creo que el Foro Madrid nace precisamente para hacer un contrapeso a estas agrupaciones que promueven el socialismo, el positivismo que se supone que llevan o hacerse por otra parte los perseguidos o las víctimas porque ese siempre es parte del lenguaje”, explicó.

Chirinos remarcó que como ciudadana y como periodistas quiere una región con libertad, una región con una amplia manera de pensar donde se garanticen los derechos humanos, las libertades de expresión, de movimiento, de prensa.

“Quiero una región que me garantice mis derechos civiles y ciudadanos; a tener la libertad de protestar, a pensar distinto y eso en la región no se garantiza en todos lados, no se garantiza en Brasil, no se garantiza en Venezuela. En Colombia está empezando a ser confrontado; bueno, lo confronta el presidente desde hace mucho rato a quien piense distinto a él y con además un ritornelo que ya conocemos, eres un apátria, un sumiso a los Estados Unidos, a sus valores, etc., etc., etc.”. mencionó.

Finalmente, señaló que todo espacio que promueva un pensamiento libre y que permita exponer otra manera distinta de pensar, en contraposición a espacios como el Grupo de Pueblo, el Foro de São Paulo, que promueve simplemente lo contrario, al final son beneficiosos para la población.

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Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.

Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.

Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.

Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.

Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.

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“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.

El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.

Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.

El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.

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• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La Corte Suprema de Justi­cia (CSJN) argentina “tiene acuerdo” (sesiona con todos sus jueces), como se alude a esas reuniones de trabajo en la magistratura, cada martes.

Excepcionalmente, lo hacen en algún otro día cuando una urgencia inesperada lo exige. Mañana, sin embargo, nada indica –según voceros habi­tualmente seguros que dialo­garon con La Nación con la con­dición de mantener en reserva sus identidades– que los supre­mos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Loren­zetti se dispongan a tratar la situación judicial de la expresi­denta Cristina Fernández, con­denada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser penalmente responsable de reiterados hechos de corrup­ción.

Sin embargo, las mismas fuentes, arriesgan que “segu­ramente analizarán el caso el martes 17 de junio”. ¿Será así?

“Proceso electoral argen­tino atravesado por situación judicial de expresidenta Cris­tina”, decíamos una semana atrás. Hoy, más que nunca vale reiterarlo.

La viuda del expresidente Néstor Kirch­ner (2003-2007), luego de anunciar su intención de ser candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por la ter­cera sección electoral, cada minuto hacia las elecciones de medio tiempo aquí se refe­rencia en ella.

Mucho más porque, en ese distrito –“la tercera”– el pero­nismo, con excepción de 1983, cuando triunfó Raúl Alfonsín y, 1997, cuando en una legisla­tiva la ganadora fue la señora Graciela Fernández Meijide, es imbatible.

¿Fechas relevantes, en ese contexto? El ya mencionado martes 17 de junio; y, en el caso de que su estatus judicial no esté aún resuelto, el sábado 19 de julio cuando en la mediano­che de ese día concluya el plazo para formalizar las candidatu­ras y la señora Fernández –con esa condición– ya tendrá fue­ros y, por tanto, no podría ser detenida. Justamente por ello, las tensiones generalizadas en el ecosistema político en gene­ral y en el peronismo en par­ticular donde la pregunta del millón es una sola: ¿irá presa Cristina?

Por su edad, Cristina Fernán­dez (72) se encuentra incluida dentro de los supuestos de la Ley 26472, promulgada el 12 de enero de 2009 y, por tanto, se puede permitir su arresto domiciliario para evitar ser alojada en un establecimiento carcelario, pero esa decisión es privativa de los jueces que deben decidir en cada caso.

De todas formas, antes de que ello pueda ocurrir, los deba­tes serán amplios e intensos.

Algunas de esas discusiones serán de tipo técnico y jurí­dico en tanto que otras se darán en el espacio público donde el peronismo procu­rará instalar la idea de que la presidenta del partido será proscripta; mientras que otros dirán que se trata –en el caso de que la san­ción impuesta hasta ahora en dos instancias judiciales sea confirmada y quede firme por parte de la Corte– de una condena política.

Las especulaciones aquí son intensas, de todo tipo y, en general, sin solidez argumen­tal. Veamos. Hay quienes ase­guran que desde el Poder Eje­cutivo se presiona para que la Corte Suprema de Justi­cia demore el tratamiento del caso (el supremo no tiene plazos) para que el partido ofi­cialista La Libertad Avanza (LLA) pueda medirse elec­toralmente con el pero­nismo kirchnerista de Cris­tina y vencerla en las urnas. ¿Quién podrá comprobar que este supuesto es así? ¿Quién admitirá que personalmente opera en ese sentido?

Otras versiones sostienen que “si Cristina va presa se bene­ficia Axel” Kicillof, goberna­dor de la provincia de Buenos Aires, quien fuera ministro de Economía de Cristina Fer­nández con la que, desde largo tiempo y especialmente en el último semestre, se encuen­tran distanciados por dife­rencias profundas en el diseño y ejecución de políticas partidarias de alcance nacio­nal.

Pero… ¿podría benefi­ciar electoralmente al líder bonaerense del peronismo en el poder provincial si la presi­denta del partido es encarce­lada por corrupción?

Mientras se desarrollan tales especulaciones, al parecer, las preocupaciones sociales van por otro camino.

Según la encuesta más reciente rea­lizada por el consultor Hugo Haime, de alcance nacional, para conocer las principales preocupaciones sociales, en el tope del ranking con el 34 %, se encuentran los bajos sala­rios; inmediatamente después la corrupción (30 %); luego la pobreza (29 %); la inseguridad (24 %), y el desempleo (23 %). La inflación –que poco tiempo atrás lideraba– descendió hasta el séptimo lugar.

Claramente, la gente transita muy alejada de la política. Tres encuestadores que también trabajan para el oficialismo, con reserva de sus identidades, comentan que “lo que deba­ten los actores políticos no le importa a mucha gente”.

Coin­ciden en agregar que “tal vez por ello se verifica tanta abs­tención a la hora de votar y que amplios sectores ciudadanos no concurren a las urnas”.

“En las más recientes eleccio­nes realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –ejemplificaron ante La Nación– votó la mitad de quienes estaban habilitados para hacerlo. El triunfador, con el 30 % de los sufragios, en términos estadísticos, repre­senta aproximadamente al 17 % del total”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre esta actitud social? Si bien admitieron que “están estu­diando” el tema, dos de ellos, expresaron que “en princi­pio creemos que estamos frente a algún grado de aste­nia cívica grave, después de muchos años de frustracio­nes posteriores a la crisis de 2001 que aún no fue resuelta”. ¿Será así?

La Real Academia Española (RAE) define la astenia como “falta o decaimiento de fuer­zas, caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de ini­ciativa”. Preocupante.

La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.

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Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.

El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.

Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.

Un total de 23 sena­dores acompaña­ron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, regis­trándose siete abstencio­nes y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argu­mentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso inde­bido de influencias.

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