El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, presentó su renuncia al cargo este viernes, a través de una conferencia de prensa en la sede municipal, en la misma jornada en que se entrega el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción. Ocupó la intendencia en diciembre de 2019, al interinar por la renuncia de Mario Ferreiro, y luego fue electo el 10 de octubre de 2021, en elecciones ordinarias.

Las autoridades de seguridad se encuentran ultimando los detalles para el despliegue de efectivos policiales en el marco del Campeonato Mundial de Rally a realizarse en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto próximo. El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, destacó que el plan de seguridad en el cual se está trabajando desde hace tres meses está siendo ejecutado con total normalidad.

“Ayer el ministro del Interior, acompañado de toda la cúpula policial, realizó trabajos de verificación sobre el despliegue policial que ya se está ejecutando en el marco del rally. Puedo confirmar que serán desplegados 5.000 policías para dar una cobertura completa al evento”, dijo en conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Corte Suprema de Justicia resolvió destrabar la causa penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, tras un año de dilaciones procesales impulsadas por su defensa.

En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.

Más de 100 agentes ingresaron a la Chacarita a fin de realizar varios allanamientos en busca de delincuentes con órdenes de captura. Se investiga el asesinato de una mujer que resultó víctima colateral de un enfrentamiento a tiros entre pandillas.

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, informó que se prevé allanar siete domicilios en busca de sujetos con órdenes de captura por varios hechos punibles y que habrían participado de enfrentamientos entre grupos.

La Policía Nacional reforzó la dotación de personal en el Alto Paraná para garantizar la seguridad tras amenazas de asaltos a entidades bancarias y transportadoras de caudales en la zona.

Miembros de facciones criminales brasileñas estarían articulando los atracos, por lo que las fuerzas del orden están en alerta, confirmó el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná.

El gobernador de Guairá, César Sosa, destacó la unidad que prima dentro del Consejo de Gobernadores tras la renovación de la mesa directiva para el periodo 2025-2026. Señaló que el principal desafío es mantener el diálogo entre los miembros y trabajar de manera conjunta para garantizar beneficios en todos los departamentos del país.

“Tuve el privilegio de contar con la confianza de mis colegas para estar nuevamente al frente de un consejo unido, que trabaje incansablemente en beneficio de todos los departamentos”, expresó Sosa, quien resaltó que la conformación de la mesa fue fruto de consensos.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La Policía Nacional reforzó la dotación de personal en el Alto Paraná para garantizar la seguridad tras amenazas de asaltos a entidades bancarias y transportadoras de caudales en la zona.

Miembros de facciones criminales brasileñas estarían articulando los atracos, por lo que las fuerzas del orden están en alerta, confirmó el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná.

“Habían emitido un boletín de alerta ahí de la Dirección de Delitos Económicos y Financieros referente a un grupo de brasileños que podrían estar planeando algún golpe grande acá en la zona”, señaló a la 1020 AM.

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Si bien no se especifica el lugar exacto donde se concretaría el ataque, la Policía armó grupos de reacciones con armas largas distribuidos en algunos puntos estratégicos de Ciudad del Este.

“No es la primera vez, acá el movimiento económico y comercial que tenemos prácticamente las 24 horas están en alerta, especialmente en la zona céntrica de Ciudad del Este. Ya que se manejan varios negocios grandes que aportan a distintos puntos del país, por valores millonarios. Siempre estamos en alerta, especialmente con los camiones grandes que llevan la encomienda de artículos de electrónica”, expresó.

El jefe policial manifestó que el personal especializado de la Agrupación GEO está participando activamente de los controles en varios lugares. Aclaró que no se pidió el envío de refuerzos desde Asunción, sino se está trabajando con el personal adiestrado y equipado del departamento.

Se formaron seis grupos en total distribuidos en sitios estratégicos y por donde circulan los transportadores en la ruta internacional.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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