El Tribunal de Apelaciones integrado por los jueces Arnulfo Arias, Óscar Rodríguez Kennedy y Emiliano Rolón ratificó la condena de 15 años de cárcel de los exagentes de la Secretaría Nacional Antidrogas Olinda Clavel Rojo Romero, Humberto González Pavón y de 14 años de pena privativa de libertad para Nelson María Ferreira Bogado por robar evidencias del depósito de la citada institución antidrogas.
En su momento el tribunal de sentencia integrado por los magistrados Manuel Aguirre Rodas, Lourdes Peña y Rossana Maldonado decidió condenar a Rojo Romero, González Pavón y Ferreira Bogado por los ilícitos de apropiación y comercialización de evidencias de causas penales.
El caso data del 2017, en la ocasión se percataron del extravío de 60 kilos de droga acumulados en el depósito de la institución en condición de pruebas. En la ocasión también se percataron de la desaparecieron armas de fuego, partes de vehículos y celulares.
La defensa de los condenados tiene la posibilidad de recurrir a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes estudiarán si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera y confirmada en segunda instancia.
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Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
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Allanamiento en San Lorenzo desarticula foco de venta de estupefacientes
El agente fiscal Rodrigo J. Espínola encabezó un allanamiento en la ciudad de San Lorenzo que derivó en la incautación de sustancias estupefacientes y la detención de un hombre presuntamente vinculado al microtráfico. La intervención se llevó a cabo en una vivienda del barrio Las Palmas, en cumplimiento de un mandamiento judicial y con el acompañamiento de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron diversas sustancias, entre ellas supuesta cocaína y marihuana, además de elementos utilizados para su manipulación y fraccionamiento, tales como envoltorios de polietileno, utensilios y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.
Asimismo, fue detenido un hombre mayor de edad que quedó a disposición del Ministerio Público, mientras prosiguen las diligencias investigativas a fin de determinar el alcance de los hechos y la eventual participación de otras personas.
El fiscal interviniente señaló que este tipo de operativos se enmarca en una línea de trabajo sostenida del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, orientada a la detección y desarticulación de focos de microtráfico que afectan directamente la seguridad y la convivencia en los barrios.
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Ratifican condena por estafa contra farandulero Carlos Viveros: tendrá que resarcir G. 330 millones
El Tribunal de Apelación, integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, confirmó la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros por haber estafado a Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015. Con esta resolución se ratifica la determinación adoptada por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa.
Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”. Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago”.
Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros que acreditan la responsabilidad del hoy condenado Carlos Viveros.
Con la presente resolución judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir en un plazo de 36 meses el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.
Antecedentes
La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien ni el dinero invertido.
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Dictan 23 años de prisión a un hombre por abuso sexual de sus sobrinas de 8 y 12 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Concluyó hoy un juicio oral a un hombre, siendo fue condenado a 23 años de prisión por abuso sexual de sus sobrinas menores de 8 y 12 años de edad. Fue en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Gloria Vera, Diego Duarte y Margarita Martínez.
La fiscal Vivian Andrea Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes, fue quien llevó adelante la acusación. Durante el enjuiciamiento, la agente del Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales, sobre la comisión reiterada de hechos de abuso sexual, coacción sexual y violación contra las dos víctimas.
Los hechos juzgados ocurrieron en el interior de una vivienda ubicada en el kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este, entre los años 2018 y 2025. El condenado aprovechó el vínculo de parentesco y la convivencia cercana con sus sobrinas para someterlas mediante violencia. Los abusos empezaron cuando las niñas tenían 8 y 12 años de edad.
La investigación fiscal se inició a partir de la denuncia presentada por los padres de las niñas, el 22 de febrero de 2025.
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Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público reunió elementos probatorios como informes médicos forenses que confirmaron lesiones físicas, además de evaluaciones psicológicas que evidenciaron indicadores de daño emocional, ansiedad y depresión vinculados a los hechos denunciados.
En el marco del proceso judicial se incorporaron pruebas producidas mediante Cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de pruebas. Asimismo, profesionales del Centro de Atención a Víctimas ratificaron la coherencia de los relatos brindados por las víctimas, pese a intentos de retractación atribuidos a presiones del entorno.
El Tribunal de Sentencia concluyó la alta reprochabilidad de la conducta atribuida al acusado, imponiendo la pena de 23 años de prisión.