Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado de enriquecimiento ilícito, y su esposa, acusada de lavado de dinero. Foto: Archivo.
Se suspendió audiencia preliminar de exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado de enriquecimiento ilícito, y su esposa María Selva Morínigo, acusada de lavado de dinero. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Díaz Verón presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
La defensa de los procesados decidió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad que planteó en contra de la unificación de las causas. Ahora, la sala constitucional deberá analizar el planteamiento hecho por la defensa del exfiscal general y su esposa.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Francisco Javier Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria. El extitular de la Fiscalía estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Édgar Rivas, juez que se encuentra en el ojo de la crítica por su dudosa actuación en el juicio civil Ypytá sobre convocatoria de acreedores. FOTO: ARCHIVO
El Consejo de la Magistratura debe enviar la terna a la Corte del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pasado 22 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio a conocer la conformación de varias ternas para diferentes cargos de la magistratura. Entre ellas se encuentra la del Juzgado del Séptimo Turno de la Capital, cuyo titular es el magistrado Édgar Rivas Laguardia, sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. Sin embargo, hasta la fecha, llama la atención que dicho órgano aún no ha remitido la terna a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.
Ya transcurrieron más de 40 días y el Consejo de la Magistratura todavía no envió la terna a la máxima instancia judicial. Una vez recepcionada, la Corte tendrá un plazo de 30 días para estudiar los antecedentes de cada uno de los integrantes y definir si aparta al criticado magistrado para designar a otro postulante en su lugar. Además de Rivas Laguardia, conforman la terna para el cargo de juez civil de la Capital Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González, estos dos últimos son funcionarios judiciales que ocupan cargos importantes en el Palacio de Justicia, un factor que los ministros podrían tener en cuenta.
Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) también debe analizar si inicia un enjuiciamiento de oficio ante las irregularidades presuntamente cometidas por el juez Rivas en el citado expediente. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley, una situación por la cual, meses atrás, la propia Corte Suprema le privó de la posibilidad de ascender como camarista del fuero civil.
Uno de los tantos hechos irregulares que habría cometido el juez Rivas fue la firma de un título de propiedad de la firma Ypytá a favor de una tercera persona, a pesar de que aún no correspondía legalmente hacerlo. El pasado 21 de agosto de 2026 venció el plazo legal para que los miembros del JEM estudiaran el enjuiciamiento del cuestionado juez, pero hasta el momento el órgano extrapoder tampoco ha incluido el caso en su orden del día.
La Corte y el Ministerio de la Defensa Pública firmaron un convenio para que se pueda instalar un centro de atención al público en la plaza de la Justicia. Foto: Gentileza
Corte Suprema y Defensa Pública acuerdan instalar oficina de atención en la Plaza de la Justicia
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La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) suscribieron este lunes un acuerdo interinstitucional para habilitar un punto de atención en la Plaza de la Justicia de Asunción, con el propósito de facilitar el acceso a los defensores públicos a las personas que acuden al Palacio de Justicia.
El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González. Participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y César Diesel.
Mediante este convenio, la Corte Suprema de Justicia concede un espacio físico al Ministerio de la Defensa Pública para la instalación de una oficina destinada a brindar asistencia y orientación jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el defensor general destacó que la iniciativa permitirá acercar los servicios de la Defensa Pública a quienes concurren a la sede judicial, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el contacto directo con los profesionales de la institución.
“Vamos a tratar de estar un poco más cerca, brindar asistencia y orientación. Eso va a significar que la gente no pierda su tiempo buscando a qué oficina o dependencia tiene que ir para tramitar sus casos”, expresó.
Asimismo, explicó que la ubicación del futuro punto de atención responde a la necesidad de ofrecer un servicio más accesible a las personas que requieren acompañamiento y orientación jurídica durante sus gestiones judiciales. Con esta iniciativa, ambas instituciones avanzan en la cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia, mediante la futura puesta en funcionamiento de un espacio que permitirá a la ciudadanía contar con atención de la Defensa Pública en el entorno inmediato del Palacio de Justicia.
Además de Zaldívar, se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán, entre otros. FOTO: ARCHIVO
Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
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El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
Corte definirá la continuidad del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá la difícil tarea de estudiar si confirma o no en el cargo al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia.
El magistrado también está en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
Los ministros de la Corte —Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, César Garay Zuccolillo, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos— tendrán la oportunidad de analizar los polémicos antecedentes del juez Rivas.
Meses atrás, el pleno de la CSJ le negó el ascenso a miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de la Capital a Édgar Rivas, debido a las fuertes críticas por su desempeño en el fuero civil y las presuntas irregularidades en el manejo del mencionado expediente.
En su lugar, los ministros decidieron elegir por mayoría de votos al magistrado Carlos Escobar para integrar dicha cámara de apelaciones. El apartamiento de Rivas fue absoluto, al punto de que ningún ministro lo propuso para el cargo de camarista, lo que significó un duro rechazo institucional a su gestión.