Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado de enriquecimiento ilícito, y su esposa, acusada de lavado de dinero. Foto: Archivo.
Se suspendió audiencia preliminar de exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado de enriquecimiento ilícito, y su esposa María Selva Morínigo, acusada de lavado de dinero. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Díaz Verón presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
La defensa de los procesados decidió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad que planteó en contra de la unificación de las causas. Ahora, la sala constitucional deberá analizar el planteamiento hecho por la defensa del exfiscal general y su esposa.
El fiscal Osmar Legal, en fecha 13 de agosto del 2019, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. Mismo pedido también se solicitó para Morínigo, esposa del extitular del Ministerio Público. La Fiscalía señala que cuenta con suficientes elementos para que el caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
Francisco Javier Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria. El extitular de la Fiscalía estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cué y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de G. 1.147.058.591 que no se justificaban con sus ingresos económicos. El exfiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
Corte intensifica controles en juzgados de la Capital para mejorar atención y espacios
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Intensa fue la jornada desarrollada este jueves por el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, junto con los vicepresidentes, Luis María Benítez y Gustavo Santander, quienes recorrieron juzgados del fuero Civil y Comercial de la Capital para verificar dependencias judiciales. Acompañó a las altas autoridades el ministro de la Sala Penal, Manuel Ramírez Candia.
Las autoridades informaron que realizaron un recorrido por juzgados ubicados en la planta baja y el tercer piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia, donde verificaron aspectos relacionados con la atención al público, la organización interna y la infraestructura disponible.
Explicaron que esta actividad tuvo por objeto supervisar el funcionamiento de las dependencias y relevar necesidades prioritarias, principalmente en materia de infraestructura, así como en la organización de los espacios y la atención al público.
El recorrido contó con el acompañamiento de equipos técnicos de las áreas involucradas en las tareas de relevamiento, informaron. Foto: Gentileza
Intervenciones
El titular de la Corte explicó que los trabajos responden a intervenciones dispuestas semanas atrás para mejorar las condiciones físicas de los juzgados, incluyendo la remisión de expedientes al Archivo y adecuaciones orientadas a optimizar el uso de los espacios y la seguridad.
“Se observa el avance de los trabajos y el esfuerzo de los equipos de Infraestructura y de Administración de Fueros”, expresó.
También detalló que las principales necesidades detectadas se concentran en el ámbito de la infraestructura, sin perjuicio de requerimientos puntuales en materia de recursos humanos en algunas dependencias.
A continuación, la autoridad judicial adelantó que estas acciones continuarán en los demás fueros y circunscripciones del país, en articulación con los Consejos de Administración, en el marco de la política institucional de fortalecimiento de la gestión jurisdiccional.
Tras destrabarse en la Corte el proceso penal, la jueza Fany Cáceres fijó para el 14 de abril la audiencia preliminar de dos acusados por deforestar más de 1.600 hectáreas de bosques en el Chaco. Foto: Archivo
El 14 de abril se define si acusados van a juicio oral por caso de mega deforestación
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La jueza de Neuland, Chaco, Fany Cáceres, fijó para el 14 de abril a las 09:30, la audiencia preliminar de Miguel Antonio Bibolini y su hija Nicole Bibolini, acusados por presuntamente deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Chaco. En la referida diligencia judicial se definirá si los dos acusados enfrentarán un juicio oral y público, tal como solicitó el Ministerio Público.
Asimismo, la jueza Cáceres había declarado en rebeldía a los dos acusados, pero el 26 de marzo de 2026, estos se presentaron de manera voluntaria ante el juzgado; en consecuencia, se dispuso el levantamiento de la rebeldía y se ordenó la prosecución del proceso penal.
Igualmente, se espera que la defensa de los procesados no presente nuevos incidentes que puedan suspender la audiencia preliminar; de lo contrario, se podrían aplicar sanciones disciplinarias para los abogados o los acusados.
Acusación
Meses atrás, la fiscal adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González, rectificó y presentó la acusación con pedido de juicio oral y público para padre e hija. El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos que deberán ser debatidos en un juicio y que podrían demostrar la responsabilidad de ambos en el delito ambiental por la deforestación de más de 1.600 hectáreas.
El ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, busca vía el diálogo con los gremios de abogados de Concepción optimizar la administración de Justicia. Foto: Gentileza
Ministro Jiménez busca optimizar la administración de Justicia mediante diálogo con gremios
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El ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eugenio Jiménez Rolón, mantuvo una mesa de diálogo institucional con representantes de gremios de abogados de Concepción. La jornada tuvo como objetivo presentar propuestas, recoger inquietudes y analizar acciones orientadas a mejorar la administración de Justicia en la zona, en el marco del Plan Estratégico Institucional.
El alto magistrado señaló que las reuniones con los gremios de abogados son fundamentales, ya que permiten acceder a información relevante para la toma de decisiones, y reafirmó el compromiso institucional de seguir impulsando una justicia más accesible, eficiente y transparente. “Buscamos, fundamentalmente, facilitar el ejercicio de la profesión de abogado y, desde la Corte Suprema de Justicia, se mantiene un canal abierto de diálogo con los litigantes”, expresó.
Por su parte, el vicepresidente del Círculo de Abogados de Concepción, Félix Acuña Quevedo, señaló que mantienen reuniones periódicas con el ministro superintendente para canalizar propuestas orientadas a optimizar el servicio de justicia. Destacó la apertura y predisposición del ministro para escuchar las inquietudes del sector y subrayó que estas acciones buscan fortalecer la articulación entre el gremio y el Poder Judicial, en favor de una mejor gestión en la zona.
Estas reuniones forman parte de las acciones impulsadas por la máxima instancia judicial para mantener una comunicación permanente con los distintos actores del sistema judicial, promoviendo la mejora continua en todo el país.
De la reunión participaron también los integrantes del citado gremio: Óscar Montanía, Luis Ramón Grance, Rubén Montanía y Genaro Domínguez Bogado.
Las autoridades judiciales y de otras instituciones abordaron temas relacionados a la seguridad rural, uso de tobilleras electrónicas y otros. Foto: Gentileza
Corte y autoridades analizaron temas de seguridad rural, invasión de inmuebles, abigeato y otros
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Con presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y otros ministros se desarrolló una reunión de coordinación interinstitucional con el ministro del Interior, Enrique Riera; el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; y representantes del Ministerio Público donde abordaron temas vinculados a la seguridad en el ámbito rural, entre ellos invasiones de inmuebles, abigeato y la situación de comunidades indígenas, así como la integración para el fortalecimiento del sistema de tobilleras electrónicas y la mejora de la infraestructura del sistema de Justicia.
Tras el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional para mejorar la capacidad de respuesta ante problemáticas que requieren un abordaje coordinado, mediante el uso de información compartida y herramientas tecnológicas.
En ese sentido, Martínez Simón señaló que la reunión permitió identificar puntos de coincidencia entre las instituciones vinculadas al sistema de seguridad y justicia, así como avanzar en la definición de líneas de trabajo conjunto. “Existe un claro punto de contacto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones, en el marco de la seguridad y la previsibilidad jurídica del país”, afirmó.
Asimismo, informó que se acordó conformar una mesa técnica interinstitucional, con participación de las entidades presentes y la eventual incorporación de otras instituciones, a fin de estructurar un plan de acción conjunto y consolidar un esquema de trabajo sostenido en el tiempo. “Este espacio permitirá avanzar en un plan de acción conjunto, basado en el intercambio de información clave para la toma de decisiones y en una modalidad de trabajo sostenida en el tiempo”, expresó.
Finalmente, remarcó que esta articulación busca consolidarse como una metodología de trabajo permanente orientada a fortalecer la seguridad y la previsibilidad jurídica en el país.