El juez penal de Garantías Miguel Palacios tiene vía libre para poder fijar la fecha de la audiencia preliminar para Gerardo Bermúdez Arreola, Carmen Carolina Duarte y Nicolás Emiliano Enjamio, acusados por violación de la Ley 4716/12, régimen que establece la explotación de los juegos de azar. El viernes 30 de abril la sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la última chicana de la defensa de uno de los procesados y destrabó el proceso penal.
Ahora el expediente deberá ser remitido al Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la capital a cargo de Miguel Palacios, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los tres acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados. El caso no avanza debido a las innumerables chicanas que presentaron los procesados.
Acusación
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Bermúdez y Duarte, en su carácter de director titular y director presidente de la firma Montego Trading SA, con el nombre de fantasía Crown City Bets y/o Apuestas Jockey, respectivamente, sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) han explotado juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas. Esto se pudo corroborar con el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 28 de junio del 2018.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado Nicolás Enjamio, en su carácter de gerente de la firma Enfield SA (con nombre de fantasía Apostamina Bet), ha explotado sin autorización de la Conajzar apuestas deportivas. Esta situación pudo ser corroborada el 25 de junio del 2018 cuando el Ministerio Público procedió a realizar un allanamiento en el mencionado local, ocasión en la que se constató que funcionaba una casa de apuestas.
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Marset no quiere juicio rápido, por lo que Fiscalía prepararía nuevos cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero
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Marset declara hoy ante Justicia estadounidense
El uruguayo Sebastián Marset deberá presentarse este miércoles ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, esta audiencia había sido postergada por pedido de la defensa argumentando que requería de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido. La audiencia debió realizarse el pasado 25 de marzo.
Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo.
El uruguayo está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
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En esta audiencia Marset deberá definir si se declara culpable o no de los delitos de los cuales es acusado, en el caso de no declararse culpable, podría también colaborar con la justicia de los Estados Unidos y acceder a la reducción de pena por delación premiada. De declararse no culpable iría a un juicio con jurado y enfrentará una fuerte condena.
Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga, al que el juez del caso accedió y convocó para el 25 de marzo, la cual nuevamente fue prorrogada para este 1 de abril.
Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D. C.
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Acusan formalmente a presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por evasión fiscal
Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes de la entidad que rigen la selección campeona del mundo por evasión fiscal, en un fallo divulgado este lunes.
La imputación ocurre en medio de denuncias de la AFA contra el gobierno ultraliberal de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en contra de la entidad, una de las más poderosas del mundo futbolístico.
La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”. Le impuso además un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).
El juez también mantuvo la prohibición de salida del país de Tapia, lo que pone en duda su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá el título obtenido en Catar en 2022.
La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos y lo mismo dispuso el juez Diego Amarante para otros cuatro dirigentes del organismo, entre ellos la mano derecha de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino.
El fallo responde a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal ARCA que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).
“Patrón de conducta”
Para el magistrado, de lo informado por el fisco y por la gerencia de la entidad futbolística “se desprende la existencia de un patrón de conducta sistemática y deliberado orientado a la postergación del ingreso de los tributos retenidos” por parte de los acusados.
Tapia y los otros cuatro imputados compararon el 12 de marzo ante el juez de la causa.
La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno de Milei, fuerte crítico de la actual cúpula de la AFA.
El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de fútbol de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los equipos e incompatible con los estatutos de la AFA.
Los clubes suspendieron la novena fecha del torneo Apertura 2026 de primera división, que debían jugar entre el 5 y el 8 de marzo, en solidaridad con los denunciados.
Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.
Tapia también es criticado por numerosos sectores de la afición y la prensa por el formato del torneo local y por diversas decisiones arbitrales favorables al club que presidió antes de asumir la AFA, Barracas Central.
El equipo, que juega en primera división, ahora es dirigido por su hijo. En la previa del amistoso que la selección de Argentina disputó con Mauritania el viernes, Tapia fue silbado y abucheado por muchos de los asistentes a La Bombonera.
El directivo suele recibir cánticos en su contra en buena parte de los partidos de la liga local. En la última semana se sumaron críticas a la AFA por el bajo nivel futbolístico de los rivales conseguidos para los amistosos de esta fecha FIFA (Mauritania y Zambia), tras la suspensión por la guerra en Oriente Medio de la Finalissima contra España.
Desde su coronación en Catar, la Albiceleste de Lionel Messi no se ha enfrentado a rivales europeos.
- Fuente: AFP
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Juez de Argentina suspende parcialmente reforma laboral de Milei
Un juez argentino suspendió este lunes parte de la reforma laboral im pulsada por el presidente Javier Milei y aprobada Un juez argentino suspendió este lunes parte de la reforma laboral im pulsada por el presidente Javier Milei y aprobada por el Congreso en febrero, tras un reclamo sindical que la acusa de inconstitucional, y el gobierno adelantado que apelará el fallo.
La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), días después de que el Senado aprobara la reforma en medio de numerosas protestas y tras una huelga general.
El magistrado dispuso la suspensión de unos 80 artículos de los más de 200 que contiene la ley hasta que se resuelva el fondo del planteamiento.
“Celebramos esta decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado”, dijo la CGT en un comunicado y señaló que la reforma implica “una degradación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la acción sindical”.
Entre los artículos suspendidos figuran la consideración de los trabajadores de plataformas como independientes, la eliminación del principio que insta a la Justicia a fallar a favor del obrero en caso de duda, modificaciones en materia de huelga y la derogación de la ley de teletrabajo.
“Con el dictado de la cautelar ambas partes (Estado y CGT) procurarán llegar a la sentencia definitiva a la brevedad posible y en paz social”, señala el juez Raúl Ojeda en su fallo.
El gobierno de Milei anunció que apelará el fallo de Ojeda y rechazará a quienes “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, en un comunicado publicado en X por el Ministerio de Capital Humano.
El ministerio indicó que la nueva ley laboral constituye una “herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y trabajadores”.
Suspensiones
Entre los puntos más sensibles, el fallo judicial suspende la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema diseñado para que los trabajadores puedan sustituir las indemnizaciones por despido tradicionales mediante cuentas de capitalización, financiadas por aportes a la seguridad social que hoy en día se destinan al sistema previsional.
El magistrado cuestionó el mecanismo, al considerar que podría fomentar despidos injustificados y alertó sobre la falta de blindaje de estos fondos ante posibles “malas inversiones” en el mercado financiero, lo que afectaría directamente los recursos de la seguridad social.
También se suspendió la inclusión de nuevos rubros dentro de la categoría de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”, que imponen coberturas mínimas del 75% o 50% durante una huelga. La CGT lo demostró un intento de “retacear medios de acción colectiva”.
Además, el juez suspendió la posibilidad del fraccionamiento de las vacaciones de común acuerdo entre el empleador y el trabajador.
Milei defendió el proyecto de ley antes de su aprobación por el Congreso argumentando que con él se busca crear “un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”, en un país que tiene más del 40 % de su fuerza laboral en la informalidad.
- Fuente: AFP
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