El juez Miguel Palacios tiene vía libre para poder fijar la fecha de la audiencia preliminar para Gerardo Bermúdez Arreola, Carmen Carolina Duarte y Nicolás Emiliano Enjamio. Foto: Gentileza.
Juez debe fijar audiencia preliminar para acusados por explotación irregular de juegos de azar
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El juez penal de Garantías Miguel Palacios tiene vía libre para poder fijar la fecha de la audiencia preliminar para Gerardo Bermúdez Arreola, Carmen Carolina Duarte y Nicolás Emiliano Enjamio, acusados por violación de la Ley 4716/12, régimen que establece la explotación de los juegos de azar. El viernes 30 de abril la sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la última chicana de la defensa de uno de los procesados y destrabó el proceso penal.
Ahora el expediente deberá ser remitido al Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la capital a cargo de Miguel Palacios, quien tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los tres acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados. El caso no avanza debido a las innumerables chicanas que presentaron los procesados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Bermúdez y Duarte, en su carácter de director titular y director presidente de la firma Montego Trading SA, con el nombre de fantasía Crown City Bets y/o Apuestas Jockey, respectivamente, sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) han explotado juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas. Esto se pudo corroborar con el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 28 de junio del 2018.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado Nicolás Enjamio, en su carácter de gerente de la firma Enfield SA (con nombre de fantasía Apostamina Bet), ha explotado sin autorización de la Conajzar apuestas deportivas. Esta situación pudo ser corroborada el 25 de junio del 2018 cuando el Ministerio Público procedió a realizar un allanamiento en el mencionado local, ocasión en la que se constató que funcionaba una casa de apuestas.
Juez ordenó la expulsión de dos chinos que ingresaron de forma irregular al país
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El juez de Mariscal Estigarribia, Chaco, Ricardo Gosling ordenó la expulsión de dos ciudadanos chinos que fueron detenidos en la zona de La Patria, departamento de Boquerón, tras ingresar al país de forma irregular. El magistrado hizo lugar al criterio de oportunidad solicitado por el fiscal Diego Campuzano, quien había ordenado la detención de los extranjeros.
La expulsión de los ciudadanos chinos Jinxing Zhuang y XiwuYan se realizará en la zona de Infante Rivarola frontera con Bolivia y estará a cargo de la Dirección General de Migraciones.
El Ministerio Público había ordenado la detención de los dos ciudadanos chinos ante la sospecha de que los mismos puedan tener documentos de dudosa legalidad, pero de acuerdo a los informes recabados por la Fiscalía los mismos contaban con pasaporte legal, pero no tenían la visa correspondiente para ingresar al país por lo que se pidió criterio de oportunidad y la expulsión de suelo paraguayo.
Inicialmente, estas dos personas extranjeras habían sido aprehendidas por la Policía Nacional, pero fueron liberadas por el fiscal Lucrecio Cabrera. Este hecho generó la crítica del propio director de Migraciones, Jorge Kronwetter, y fue a raíz de ello que se inició una investigación penal donde se pudo corroborar que los chinos tenían documentos, pero no contaban con la visa de entrada al país, por lo que se volvió a reiterar su detención.
Ya en sede del Ministerio Público se realizaron todas las diligencias y se comprobó que ingresaron al país de forma clandestina, por lo que se ordenó la expulsión.
La sala penal de la Corte confirmó la competencia de los camaristas del Chaco que deben estudiar la recusación contra el juez de garantía, Elbis Bernal. Foto: Gentileza
Corte rechazó chicana de juez acusado por acoso sexual
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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una chicana más presentada por el juez de sentencia del Chaco, Amado Yuruhan, quien había recusado a los integrantes del tribunal de apelación del Chaco.
Con la citada resolución judicial se ratifica la competencia de los camaristas quienes deben estudiar los recursos pendientes hasta la fecha que impiden llevar a cabo la audiencia preliminar para el citado magistrado acusado por acoso sexual.
Igualmente los integrantes de la máxima instancia judicial mencionaron a los jueces que tienen la facultad de aplicar sanciones, en caso de que el procesado siga dilatando la causa.
Los ministros Carolina Llanes, César Diesel y Gustavo Santander confirmaron la competencia de los jueces Rosana Ortiz, Ricardo Gosling y César Denis Macoritto, integrantes del tribunal de apelación de Boquerón.
Los ministros Santander, Diesel y Llanes coincidieron en que los argumentos presentados carecen de sustento jurídico y probatorio. Explicaron que la sanción cuestionada fue ordenada por un juez de primera instancia y no por los magistrados recusados.
Acusación
El fiscal Andrés Arriola presentó acusación por acoso sexual contra el magistrado Yuruhan y solicitó que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La denuncia fue presentada por una mujer que se desempeñaba como limpiadora en el juzgado de la citada localidad chaqueña.
Los antecedentes del caso señalan que el 17 de octubre de 2022 una mujer denunció que Yuruhan la invitó a salir, invitación que fue rechazada y luego, cuando ella estaba haciendo el trabajo de limpieza del despacho del magistrado, este la llamó en el baño y cuando la denunciante ingresó, el hombre presuntamente la abrazó y la besó a la fuerza.
Operativo Berilo: el 8 de mayo se definirá si Cucho Cabaña y otros van a juicio oral
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Para las 8:00 del próximo jueves 8 de mayo se fijó la realización de la audiencia preliminar de Reinaldo Javier “Cucho Cabaña y una veintena de acusados por hechos relacionado al narcotráfico y lavado de dinero en el marco del operativo Berilo. La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, quien deberá decidir si eleva a juicio oral el proceso penal.
La audiencia preliminar para los procesados por el caso conocido como Berilo ya se viene suspendiendo en más de diez oportunidades, por lo que ya se espera que se realice la diligencia judicial.
Actualmente Cucho Cabaña está con arresto domiciliario debido a que el mismo ya cumplió la pena mínima por el delito que enfrenta. Igualmente, otros procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión.
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
El senador Rafael Filizzola está acusado por lesión de confianza por haber ocasionado un perjuicio de G. 1.200 millones a la Policía Nacional. Foto: Archivo
El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
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Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
