En el marco de la investigación fiscal por el delito de prevaricato (actuación contraria a la ley) contra la jueza civil y comercial Tania Irún por haber entregado 310 mil hectáreas de tierras a empresas offshore, el abogado Selmar Moreno, representante de Evaristo Fernández, denunciante en el presente caso, solicitó a la representante del Ministerio Público Natalia Fuster que convoque a declarar al exsuperintendente general de Justicia Mario Elizeche.
El documento revela que la declaración testifical de Elizeche, quien se desempeñaba como superintendente general de Justicia de la Corte Suprema de Justicia, es a los efectos de que el mismo brinde toda la información que posee acerca de la presente investigación preliminar iniciada contra la magistrada Tania Irún en el juicio civil caratulado “Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investiments Limited y Elite Kingdom Investiments en contra de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación Mundial del Cristianismo sobre obligación de hacer escritura pública y otros”.
Piden celeridad al JEM
Asimismo, días atrás, Evaristo Fernández, quien denunció a la jueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presentó un escrito ante el referido órgano exigiendo celeridad en el tratamiento del presente caso debido a que se han presentado varias pruebas que demuestran el mal desempeño de la citada magistrada. Además, se solicita dictar sentencia destituyendo a la jueza Irún de su cargo.
El documento arrimado al JEM señala que “en el mes de marzo y a los efectos de demostrar los términos de la denuncia formulada por mi persona contra la jueza Tania Irún, consistente en la arbitraria e ilegal sentencia dictada por la misma, donde hace lugar a la demanda de obligación de hacer escritura pública en el juicio caratulado ‘Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investiments Limited y Elite Kingdom Investiments en contra de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación Mundial del Cristianismo’, donde se entregaron de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras a extranjeros y prueba de ello es el resultado de la pericia georreferenciada donde se confirma que la magistrada entregó inmuebles que están dentro de la franja de seguridad fronteriza, violando así la ley N° 2532/05 que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.
Con base en todo lo expuesto y más los elementos nuevos agregados en el presente caso, solicitó que se impriman los trámites necesarios a los efectos de que este proceso de enjuiciamiento quede ya en estado de dictarse sentencia definitiva, considerando principalmente el abrumador caudal probatorio que ya obra en el expediente administrativo como ya se mencionó más arriba.
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