El juez Miguel Bernardes autorizó la libertad de José María Velasco García, que presidió la polémica misa en marzo pasado; por contar con 84 años. Foto: Archivo.
Juez exime de medidas cautelares a sacerdote de Capiatá imputado por violación de la cuarentena sanitaria
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El juez de Capiatá, Miguel Bernardes eximió de medidas cautelares al sacerdote José María Velasco García, imputado por por violar la Ley Nº 716/96 sobre la cuarentena sanitaria debido a que el religioso había celebrado el Domingo de Ramos en la explanada de la iglesia Virgen Candelaria de la referida ciudad. Con la determinación adoptada por el juez Bernardes, Velasco tiene libertad absoluta sin ninguna restricción.
El magistrado argumentó que el padre cuenta con 84 años de edad y se encuentra en la edad riesgosa, por lo que corresponde la eximición de medidas cautelares. Asimismo, se menciona que el religioso acercó al juzgado todos los documentos que garantizan su sometimiento al presente proceso penal.
El fiscal del caso es Benjamín Maricevich Farías, quien presentó imputación contra el religioso. De acuerdo al documento fiscal, señala que el domingo 28 de marzo, en horas de la mañana, se realizó la misa en conmemoración del Domingo de Ramos, evento que da inicio a la Semana Santa, en la explanada y patio de la parroquia local, ubicada a una cuadra de la Ruta Nacional PY02 “Mariscal José Félix Estigarribia”. La celebración fue presidida por el sacerdote Velasco García y en ella concurrió una gran cantidad de personas, según la denuncia recepcionada en la oficina de guardia de la comisaría de Capiatá.
Igualmente, refiere el fiscal que “el cura párroco fue consultado si las personas que asistieron lo hicieron por agendamiento, lo que respondió el religioso fue que no y que tampoco sabía cuántas personas asistieron al acto religioso”. Con base en los elementos citados, el representante del Ministerio Público decidió formular la imputación contra el padre Velasco García.
Otorgan arresto domiciliario con tobillera electrónica a exsenador argentino
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El juez penal de Garantía Rolando Duarte decretó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica al exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, quienes son requeridos por la Justicia argentina por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.
El pedido de extradición fue pedido del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya magistrada es Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos y actual senador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.
La investigación apunta a una compleja red económico/financiera liderada por Kueider, Guinsel Costa, Ernesto Rubel, Rodolfo González, José Nogueras y dos sociedades pantalla: BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. A través de estas firmas, se habrían adquirido propiedades de alto valor en el edificio “Live” de Paraná (Entre Ríos), un exclusivo complejo con piscina, solárium y gimnasio, ubicado a pocas cuadras del río.
Audiencia preliminar
Este miércoles ante el juez Humberto Otazú deberá realizar la audiencia preliminar de Edgardo Kueider y su secretaria acusados de tentativa de contrabando por intentar introducir más de USD 200.000. La diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exparlamentario argentino y sostiene que el mismo con su secretaria intentaron ingresar al Paraguay la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a pesar de estar obligados a hacerlo por los montos que tenían en su poder.
Juez decretó la prisión de Cristian Morínigo, alías “La Gorda”, imputado por narcotráfico
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El juez penal de garantía, Rolando Duarte, decretó la prisión preventiva de Cristian Morínigo Ojeda, alías “La Gorda” ”, referente principal de la barra brava “La Plaza”, del Club Cerro Porteño. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.
Morínigo Ojeda fue detenido luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutaron un operativo en el barrio Itá Pytã Punta de la ciudad de Asunción. Allí, lograron detener a un hombre que sería líder de una barra brava organizada y encargado de la distribución de drogas en la mencionada ciudad y zonas aledañas.
El lugar que fue allanado por los intervinientes sería utilizado como punto central para el acopio de las drogas previo a la distribución. Del mismo lugar se incautaron de dos armas de fuego y proyectiles, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.
Según las informaciones brindadas por los intervinientes, el ahora detenido lideraba una estructura jerárquica compuesta por aproximadamente 2.000 integrantes, con jefes zonales que respondían directamente a su mando. Se estima que hasta el 50 % de las drogas que circulaba en Asunción provenían de esta red.
Inician investigación contra el juez Osmar Legal por falta ética tras ser modelo de una barbería
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El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.
Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.
La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.
Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.
El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.
El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.
Un hombre que cumplió pena por violencia es imputado por amenaza a la misma víctima
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Ciudad del Este. Agencia regional
El personal de la Comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Esteaprehendió a un hombre por el supuesto hecho de violencia familiar a una expareja. La víctima pidió auxilio por agresión verbal y amenaza de muerte. Ocurrió esta madrugada a las 5:10 aproximadamente, en el predio de un inquilinato ubicado en la calle Tte. Oddone Sarubbi casi Tte. Facundo Almada, del Barrio Obrero.
Se trata de Elvio Mizael Benítez Villar (26), residente también en el mismo barrio, con antecedentes judiciales por violencia familiar en los años 2021 y 2025, además de coacción grave y otros en el año 2024. La víctima en esta ocasión es una joven de 21 años, según el reporte de la comisaría interviniente.
La fiscal Liliana Denice Duarte, refirió a La Nación/Nación Media que el detenido es el mismo que en abril pasado compurgó una pena de tres años por violencia contra la misma víctima que, ahora, volvió a denunciarlo por amenaza. Elvio Mizael, ni bien recuperó su libertad, empezó a violentar de nuevo a su expareja, según la denuncia.
La fiscal explicó que cuando tuvo a su cargo el caso, le pareció familiar el nombre de la víctima y al buscar en el archivo de sentencias encontró que se trata de los mismos involucrados, agredida y victimario. La agente fiscal imputó al hombre y pidió su prisión.
Cuando el personal policial a cargo del suboficial mayor Roberto Fernández llegó hasta la vivienda de la joven esta mañana, el hombre se resistió en todo momento a ser detenido, hasta que debieron forzarlo para ello, de acuerdo al reporte de los policías.