Las altas autoridades del Poder Ejecutivo mantuvieron una mesa de trabajo con el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, con el objetivo de mejorar y potenciar la provisión de los servicios tras décadas de carencias en el área de infraestructura y financiera.

“Conversamos sobre la situación de la medicina legal y forense del país, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios y brindar respuestas más oportunas y eficaces a la ciudadanía y a la administración de justicia. Trabajamos de manera coordinada entre las instituciones, en beneficio de todos los paraguayos”, afirmó el presidente de la República, Santiago Peña, mediante sus redes sociales oficiales.

Mientras tanto, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, puntualizó que “conversamos sobre la situación de la medicina legal y forense y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar los servicios y contribuir al funcionamiento de la administración de justicia”.

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Del encuentro participaron también el ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Isaías Fretes; el asesor de la Presidencia en asuntos sociales y económicos, Juan José Galeano Paredes, y el diputado Arturo Urbieta.

En reiteras ocasiones, Lemir abogó por la necesidad del fortalecimiento de la infraestructura forense a nivel nacional advirtiendo que Paraguay enfrenta un retraso cercano a los 100 años en materia de medicina legal y ciencias forenses. A la vez comentó que la carencia se traslada en el ámbito de la tecnología y recursos humanos.

El país cuenta con una sola morgue, una única clínica forense y una sola sede central de salud mental para atender casos de todo el territorio nacional y posee un total de 152 peritos médicos forenses dependientes del Ministerio Público. “Necesitamos mínimamente tres morgues más en la Región Oriental y una más en la Región Occidental. Así podríamos dar una mejor respuesta a la Justicia”, había alegado meses atrás a la 1020 AM.

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El abogado José Ignacio González Macchi, representante legal del extitular de Petropar Eddie Jara —imputado por enriquecimiento ilícito—, apeló la resolución del juez de garantías interino Osmar Legal, quien ordenó el secuestro de tres vehículos del exfuncionario.

El defensor criticó la medida y sostuvo que los rodados todavía no fueron pagados en su totalidad, por lo que su incautación podría ocasionar perjuicios económicos tanto a su cliente como a las empresas vendedoras.

En relación con la imputación, vinculada a una diferencia negativa de G. 5.339 millones en el patrimonio de Jara, González Macchi señaló que la defensa todavía analiza los planteamientos que presentará. También afirmó que, a su criterio, la Fiscalía aún no ha presentado los elementos de convicción correspondientes.

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Sobre la inhibición y el bloqueo de cuentas bancarias, afirmó que las medidas están siendo materia de análisis. Además, manifestó que una de las cuentas embargadas no pertenecerían a Jara y sostuvo que su cliente debe contar con al menos una cuenta habilitada para desarrollar sus actividades financieras.

La resolución judicial dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre tres vehículos: una Jeep Compass Limited 1.3T4, modelo 2025, registrada a nombre de Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú; una Jeep Commander, modelo 2024, y una Toyota Land Cruiser 300 VX, ambas a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas. Los rodados también quedaron sujetos a secuestro, por lo que se dispuso oficiar a la Dirección del Registro Automotor y a la Comandancia de la Policía Nacional.

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“El liderazgo que Horacio Cartes ejercía y la disciplina que nosotros respetábamos desde enfrente yo no lo veo en el oficialismo”, afirmó el diputado Daniel Centurión, al sostener que la decisión tomada por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder de Honor Colorado, en retirar de la puja partidaria a su movimiento, alienta a la reagrupación de la disidencia con miras a las elecciones internas de diciembre del 2027.

“Honor Colorado tiene organización, estructuración y previsibilidad con el liderazgo de Cartes que es pragmático y verticalista y no veo que tenga un recambio o reemplazo. Lo que ocurrió, no es una cuestión liviana, realmente fue un tsunami al interior del Partido Colorado, ya que Cartes es uno de los líderes más importantes, no solo del partido, sino de la política nacional de los últimos 15 años”, manifestó.

En una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, el parlamentario manifestó que la ausencia de un liderazgo fuerte en el sector oficialista, al que denominó como el “peñismo”, podría acarrear la fuga de líderes y dirigentes de base.

“En este momento ya se están dando disputas por los liderazgos, yo creo que hoy cada uno es un libre pensador ahí y puedo asegurar que en sus fueros internos, uno dice yo soy más que este y esa anarquización por la falta de una conducción clara, puede generar un quiebre nuevamente dentro del oficialismo y eso favorecer a lo que se viene fortaleciendo desde hace un tiempo, pero que cobra con mucha más fuerza por la expectativa que existe de sumar actores importantes que vengan del oficialismo a la disidencia”, manifestó.

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Añadió que “el peñismo está tratando de levantar sus narices al interior del partido con el liderazgo del presidente de la República, Santiago Peña, pero yo creo que su liderazgo se basa exclusivamente en la tinta de su lapicera”.

Centurión agregó: “Yo no me animaría a decir hoy que ya está definido el escenario que se presentará en las próximas elecciones internas, considero que habrá recomposición, un reordenamiento en el tablero político”.

Con relación a la chapa presidencial de la disidencia colorada, Centurión indicó que lo ideal sería tener una definición entre diciembre o enero. En la danza de nombres figura Arnoldo Wiens por el movimiento Colorado Añetete, Lilian Samaniego por el movimiento Causa Republicana y Luis Pettengill por el movimiento Fuerza Republicana.

“Hay una agenda que se ha establecido hace un tiempo atrás, aproximadamente hace un mes y medio o dos. De manera pública y privada yo reclamaba que si la disidencia está atomizada y dividida en varios frentes vamos a terminar siendo devorados por el movimiento Honor Colorado en aquel tiempo, pero gracias a Dios y la madurez de los líderes principales de la disidencia se ha establecido un calendario de reuniones y se ha fortalecido la fraternización dentro de la disidencia”, puntualizó.

Señaló que “lo más importante en este momento es definir la candidatura presidencial, que los líderes vean en este momento el mecanismo y que eso concluya en una única candidatura presidencial y el cargo para la vicepresidencia de la República, que esté abierta. Veremos cuál será la decisión de estos líderes, los tres que mencioné son buenos candidatos, pero en este momento yo creo que hay que dejar abierta la posibilidad de que la chapa sea acompañada por un grupo importante del oficialismo que pueda migrar a nuestro sector, esta es una realidad y un pensamiento basado en una praxis política”.

Centurión agregó que la disidencia mantiene conversaciones con gobernadores, senadores, diputados, intendentes, presidentes de seccionales que manifestaron su apoyo al oficialismo. “La cancha está abierta y yo veo con mucho optimismo que en las próximas semanas se puedan ir incorporando dirigentes y líderes distritales, territoriales, departamentales y nacionales”, sentenció.

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La causa penal contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Ramón Jara Rojas, y su exesposa, Karina Estefana Otazú Fleitas, avanza en el ámbito judicial. El juez interino Osmal Legal admitió este viernes la imputación presentada por el Ministerio Público y fijó para el próximo 6 de noviembre las audiencias de imposición de medidas.

De acuerdo con la resolución judicial, las diligencias fueron programadas para las 7:40 y 7:50, oportunidad en que el magistrado deberá analizar las medidas cautelares correspondientes a los procesados.

Jara fue imputado por el supuesto hecho punible de enriquecimiento ilícito, mientras que su exesposa deberá responder por la presunta comisión de lavado de activos.

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La investigación está encabezada por la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó el acta de imputación N.º 04/26 durante la noche del jueves.

Según los investigadores, el análisis patrimonial permitió identificar una diferencia de G. 5.399.450.612 que no habría sido justificada, equivalente al 97,33 % del patrimonio examinado por el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros que no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos tributarios, registros bancarios y distintas operaciones económicas vinculadas al exdirectivo de la petrolera estatal.

El proceso se inició a partir de una denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR) el 13 de marzo de 2026, luego de detectar presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Eddie Jara.

El organismo de control había iniciado un examen de correspondencia patrimonial tras recibir una denuncia ciudadana, cuyos resultados fueron posteriormente remitidos al Ministerio Público. La investigación comprende operaciones económicas relacionadas con los periodos en que Jara estuvo al frente de Petropar.

En el caso de Karina Otazú, la Fiscalía analiza movimientos financieros que podrían estar vinculados con las operaciones patrimoniales investigadas, motivo por el cual formuló imputación por presunto lavado de activos.

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Con la admisión de la imputación, el proceso ingresa a una nueva etapa judicial, en la que deberán definirse las medidas cautelares que regirán para ambos investigados. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las diligencias destinadas a determinar el origen de los fondos cuestionados y establecer si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones.

El próximo 6 de noviembre será una fecha clave para la causa, cuando Eddie Jara y Karina Otazú deban comparecer ante la Justicia para la imposición de medidas.