El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.

“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.

En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.

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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.

Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.

El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.

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El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.

La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.

También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.

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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.

Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.

Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.

Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.

“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.

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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.

“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.

El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.

“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.

Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.

“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.

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Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.

El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.

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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.

Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.

Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.

Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.

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