La jueza Rosarito Montanía decretó la prisión preventiva por 20 días en la Comisaría 1a. de San Lorenzo de Waldimiro Ymas, imputado por la megaincautación de 1.344 kilos de cocaína encontrada en la estancia El Tigre, de la localidad de Agua Dulce, en el departamento del Alto Paraguay. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Además de Ymas, la fiscala Lorena Ledesma imputó a Benito Giménez, Terecio López Morel, Édgar Daniel Cantero y Osvaldo Pereira Fernández, para quienes también pidió la prisión preventiva.
Según el acta de imputación, el señor Benito Giménez sería el propietario del establecimiento denominado El Tigre. Mientras que Waldimiro Ymas sería el administrador del inmueble rural.
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Se maneja que ambos procesados facilitaron las instalaciones del predio de la estancia para el procesamiento y acopio de sustancias estupefacientes, específicamente cocaína. La producción era distribuida fuera del territorio nacional vía terrestre y aérea, señala el documento.
Asimismo, la fiscala sostiene que los demás imputados serían los encargados del acopio y procesamiento, además de la distribución de la sustancia ilícita (cocaína).
La representante del Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo, donde se tendrá que formular la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
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Ruta PY05 ya supera los 46 kilómetros de pavimentación
Un total de 46,26 kilómetros de calzada completa de hormigón fue pavimentada, lo que beneficiará a 400.000 personas con la rehabilitación de la ruta PY05 entre Pozo Colorado y Concepción.
La misma, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), abarca cerca de 90 kilómetros y posibilitará disponer de la primera carretera nacional de hormigón armado en el Paraguay, con la finalidad de brindar una mayor durabilidad ante el tráfico de carga, agilizar el traslado de mercancías e incrementar la protección vial de quienes transitan por la ruta.
El avance físico acumulado alcanza el 65,94 % para el lote A, que comprende desde el kilómetro 318,9 hasta el 372,2 hasta el cierre de octubre. Hasta el 16 de noviembre, este tramo contabiliza 28,26 kilómetros de vía terminada con sus respectivas banquinas, sumados a 4,01 kilómetros avanzados en un solo carril.
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En conjunto, dichos tramos totalizan 46,26 kilómetros de calzada terminada y 6,01 kilómetros adicionales con pavimento parcial, mientras las tareas avanzan en turnos diurnos y nocturnos para preservar la velocidad operativa.
Las tareas principales abarcan la preparación del terreno, la colocación de subbases de granulares y el armado de losas de hormigón con fibra tanto en la vía como en las banquinas. Todo esto se complementa con la colocación de alcantarillas, la limpieza de zanjas y la mejora de los desagües para evitar acumulaciones de agua y cuidar la ruta, junto con el mantenimiento de los caminos alternativos.
La nueva carretera tendrá un ancho total de nueve metros: Dos carriles de 3,60 metros y banquinas de 0,90 metros a cada lado, una estructura diseñada para garantizar una mayor resistencia ante el paso del tiempo.
El mejoramiento representa una inversión de G. 611.195 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata). Una vez terminada, el mejoramiento de la ruta optimizará la integración regional y generará estándares superiores para el desplazamiento de personas y de productos del norte del país.
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Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
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Ruta PY12 registra un avance del 74 % en General Bruguez
La pavimentación de la ruta PY12, en el tramo correspondiente a General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, registra un avance físico del 74,10 % en su lote 4. Las obras continúan con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones del terreno y garantizar la circulación durante la ejecución, pese a las dificultades generadas por las lluvias en la zona chaqueña.
Los trabajos, impulsados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se concentran actualmente en el mejoramiento de los sistemas de drenaje, la estabilización de la subrasante y el mantenimiento de los caminos alternativos. Estas tareas buscan reducir el riesgo de anegamientos y preparar una base firme para la futura calzada.
El sistema de drenaje permite encauzar las aguas pluviales y evitar su acumulación sobre el camino, mientras que la estabilización del suelo apunta a proporcionar mayor resistencia para soportar el tránsito vehicular y las condiciones propias de la región. En paralelo, se mantienen los desvíos temporales para asegurar el acceso a las comunidades y permitir que los pobladores continúen con sus actividades cotidianas.
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El proyecto también contempla acciones de gestión ambiental y social, mediante el acompañamiento a pobladores, instituciones educativas y productores. Para ello, se habilitaron canales de consultas, quejas y reclamos relacionados con aspectos como la señalización, el control del polvo y el acceso a viviendas y comercios durante las intervenciones.
El lote 4 está a cargo del Consorcio Chaco Sur y forma parte del proyecto de habilitación y mantenimiento de 166 kilómetros de la ruta PY12, distribuidos en cuatro lotes entre Chaco’i y General Bruguez, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Una vez finalizada, la infraestructura beneficiará a unas 60.500 personas del departamento de Presidente Hayes, al facilitar el traslado de la producción, mejorar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la conexión de las comunidades del Bajo Chaco con los principales centros económicos del país.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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