La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que unos 1.200 millones de menores de entre 0 y 18 años sufren castigos físicos en sus hogares cada año, causando “daños significativos” a la salud y el desarrollo de los niños, aunque esta práctica varía “considerablemente” entre países.

Entre los niños de 2 a 14 años, las tasas de castigo corporal declaradas por los padres y cuidadores en el último mes han oscilado entre el 30 por ciento en Kazajistán y el 32 por ciento en Ucrania, hasta el 63 por ciento en Serbia, el 64 por ciento en Sierra Leona y el 77 por ciento en Togo.

“Existe evidencia científica abrumadora de que el castigo corporal conlleva múltiples riesgos para la salud infantil (...) No ofrece ningún beneficio para el comportamiento, el desarrollo ni el bienestar de los niños, ni tampoco para los padres ni para la sociedad”, ha afirmado el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.

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Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento para “poner fin a esta práctica nociva”, y garantizar así el desarrollo integral de los niños en sus casas y colegios. Según datos de 58 países, el 17 por ciento de los niños que sufrieron este tipo de castigos el mes pasado lo hicieron en sus formas “más severas”, tales como golpes en la cabeza, la cara o las orejas, o golpes fuertes y repetidos.

Los castigos físicos están “igualmente extendidos” en los colegios África y Centroamérica, donde el 70 por ciento de los niños son sometidos a esta práctica durante su etapa escolar, en comparación con el 25 por ciento de la región del Pacífico Occidental.

En el documento también se expone que los niños con un mayor riesgo de sufrir castigos corporales son los que tienen una discapacidad, aquellos cuyos padres han pasado por los mismos castigos, y aquellos cuyos padres padecen problemas de consumo de sustancias, depresión u otros problemas de salud mental.

Otros factores sociales tales como la pobreza, el racismo y la discriminación aumentan “aún más” el riesgo de que ocurran castigos corporales contra los niños, que tienen consecuencias “profundas y de gran alcance” para su salud. A nivel físico y más allá de las lesiones inmediatas, estos castigos acaban desencadenando respuestas biológicas perjudiciales, tales como una mayor reactividad de las hormonas del estrés o cambios en la estructura y función cerebral, lo que puede perjudicar un desarrollo saludable.

De hecho, un análisis realizado en 49 países de bajos y medios ingresos demuestra que los niños expuestos al castigo corporal tienen un 24 por ciento menos de posibilidades de alcanzar un desarrollo normal, en comparación con sus compañeros que no sufren estas prácticas.

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La salud mental de los niños también se ve “igual de gravemente” afectada, y es que se enfrentan a un mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e inestabilidad emocional, unos efectos que suelen persistir hasta la edad adulta, provocando tasas más altas de abuso de sustancias e incluso en la probabilidad de suicidio, intentos de suicidio o suicidio consumado.

A nivel social, este tipo de castigos también tienen consecuencias, pues los niños pueden ser más propensos a desarrollar conductas agresivas, a tener dificultades académicas y, una vez llegan a la edad adulta, a participar en conductas violentas, antisociales o delictivas. Del mismo modo, favorecen la aparición de una mayor aceptación social de la violencia, lo que refuerza “ciclos dañinos” a lo largo de diferentes generaciones.

Aunque ya son muchos los países que han prohibido el castigo corporal, su uso continuado y la persistente creencia en su necesidad demuestra que la legislación por sí sola no basta, motivo por el que la OMS ha subrayado la importancia de que las medidas legales sean acompañadas de campañas de concienciación pública y apoyo directo a padres, cuidadores y docentes, de forma que se promuevan formas de disciplina positivas y no violentas.

Fuente: Europa Press.

A plena luz del día un hombre robó G. 25 millones a una persona que se encontraba en apuros en la ciudad de San Lorenzo. Se presume que hay más personas involucradas y que estas se encargaron de ponchar la rueda de la camioneta, porque sabía que había retirado dinero del banco.

Según la denuncia realizada por Willian Macedo, víctima de atraco, él retiró la suma de 25 millones de guaraníes de un banco, ubicado sobre la calle Saturio Ríos de la citada ciudad y que en un cruce semafórico un joven le preguntó por una dirección.

“Este hombre se me acercó mientras estaba esperando para cruzar y me preguntó por una dirección. Estaba bien vestido, pero no le di mucha importancia porque debía avanzar, ni bien avancé y sentí el ponchazo. Me quedé a una seis cuadras del lugar”, explicó Macedo, en C9N.

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Agregó que estaba a cuadras de su casa y pensó que iba a llegar, pero no y tuvo que quedarse para hacer el cambio de rueda. “En ese momento se acercó el mismo muchacho, abrió la puerta y tomó mi mochila. Los trabajadores de la zona me gritaron tu mochila, tu mochila y me levanté, corrí atrás de él”, refirió.

Afirmó que a dos cuadras lo esperaba un automóvil con la puerta abierta, al cual subió y se dieron a la fuga. “Me quedé nomás porque en un momento dado se tocó la cintura y pensé que podría estar armado. Tenía acento extranjero”, detalló. La denuncia fue realizada ante la comisaría local.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

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Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.

Un Tribunal de Sentencia resolvió la condena a cuatro años de cárcel de una mujer de 32 años que no denunció el abuso sexual de su hija de seis años por parte de su padrastro y pareja de la condenada. Durante el proceso, la niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.

La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, había pedido una condena de cuatro años de prisión para la madre de la menor, por su complicidad en el abuso registrado contra su hija.

“La acusada fue encontrada culpable de violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual de su hija”, expresaron desde el Ministerio Público. Según el informe, el abuso fue cometido por el padrastro de la niña, y quien además la contagió con sífilis (VDRL).

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Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que la madre violó gravemente su deber legal de cuidar a su hija. Además, de que pese a las lesiones graves y el dolor intenso que sufría la niña no permitió que recibiera la atención médica.

La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde una pediatra informó a la mujer sobre la sospecha de abuso sexual y se activó el protocolo. Pero la madre huyó del hospital con la víctima, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.

Cuando el estado de la menor empeoró, acudió a otro centro asistencial, donde la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y las lesiones. Se dio aviso a las autoridades, pero la mujer intentó huir nuevamente, todo para proteger a su pareja.

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