La jueza penal de Garantías Lici Sánchez fijó para el 19 de abril, a las 8:30, la audiencia preliminar para el exsenador Paraguayo Cubas, así como para el concejal de Ciudad del Este Celso Miranda y otros acusados por haber pintado un vehículo de la Fiscalía, hecho ocurrido en el 2016.
La causa está caratulada como “Daño a cosas de interés común, perturbación de la paz pública y resistencia”. En la citada diligencia judicial se definirá si el proceso penal se eleva a un juicio oral y público o se concede una salida procesal.
El Ministerio Público formuló acusación y solicitó que Cubas, Miranda y otras dos personas enfrenten juicio oral por hacer grafitis en la casa del entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La detención de estas personas en su momento se produjo luego de una manifestación realizada frente a la vivienda de Díaz Verón. En aquella oportunidad, según el acta de imputación, “Payo” Cubas animó a los manifestantes a pintar con aerosol la casa y los automóviles que estaban en frente.
Dos agentes policiales que acudieron a intervenir resultaron heridos al ser atacados por las personas que protegían a los que hacían las pintatas. El procedimiento movilizó a numerosos policías antidisturbios, quienes dispararon balines de goma contra las personas que se agolparon para tratar de evitar que fueran llevados presos Cubas y los otros involucrados.
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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Fijan para el 6 de noviembre la audiencia preliminar para Dalia López
El próximo 6 de noviembre a las 08:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar de la empresaria Dalia Angélica López. En esta diligencia, el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, definirá si la acusada enfrentará un juicio oral y público por la presunta provisión de cédulas paraguayas y pasaportes de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), a su hermano Roberto y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo solicitaron al Juzgado de Garantías que la empresaria sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre finales de 2019 y principios de 2020, López Troche —quien permaneció prófuga durante casi seis años— habría encomendado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la radicación permanente de Ronaldinho, su hermano y Sousa Lira para obtener los documentos de identidad paraguayos.
La Fiscalía sostiene que la empresaria sabía que los tres eran de nacionalidad brasileña, que no tenían intenciones de radicarse en Paraguay y que no cumplían con los requisitos legales exigidos. Para obtener los papeles, presuntamente abonó USD 19.000. Los secretarios habrían recurrido a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, señalados como responsables de la producción de los documentos falsos con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.