Ciudad del Este. Agencia Regional.
“Perturbación de la paz pública, resistencia, exposición al peligro y daño a patrimonio de interés común son los hechos punibles” por los que la fiscala Zunilda Ocampos imputó a 35 personas tras el violento despeje de la Ruta PY02 en el km 10 de Ciudad del Este el pasado viernes, tras tres horas de cierre de la citada vía de circulación. La mayoría de los imputados está con arresto domiciliario.
En la ocasión se produjo un enfrentamiento, repartiéndose palos y piedras, siendo quemada una patrullera policial de la Comisaría Séptima por parte de los manifestantes al grito de “Marito vení busca tu patrullera”. La movilización y la medida de protesta formaron parte de la manifestación a nivel nacional realizada para exigir la salida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.
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En la medianoche del viernes fueron detenidas 62 personas, entre ellas diez menores de edad que al día siguiente fueron entregados a sus padres. Un sector pudo comprobar que no formaba parte de la manifestación y solamente estaba en el lugar porque no se podía pasar por el bloqueo de ruta y de esa forma consiguió desvincularse del proceso, explicó la fiscala Ocampos.
Quedaron 35 personas que no pudieron justificar suficientemente su no responsabilidad en los actos violentos y serán investigadas por los hechos punibles ya citados, según la agente del Ministerio Público. La misma dijo que hay circuitos cerrados en la zona del km 10 donde ocurrieron los hechos y se recurrirá a los mismos para determinar con mayor claridad la participación de los imputados.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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Asaltan a pareja que transportaba encomienda y roban G. 24 millones, propiedad de un cambista
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer que se dedica al servicio de encomienda por aplicación se encontraba realizando el transporte de dinero de un cambista, cuando fue asaltada a mano armada y despojada de la cartera que contenía 24 millones de guaraníes. Ella estaba acompañada de su esposo, quien intentó impedir el robo y recibió heridas leves.
Ocurrió ayer en la vía pública sobre la calle Fortín Casanillo casi avenida Campo Vía, del Área Habitacional 4 de Ciudad del Este, según reportó la Comisaría 3ª del barrio Obrero.
Fueron víctimas Marciano Torales (61) y su esposa María Elena González Fleitas (61), domiciliados en el barrio Mburucuyá de esta ciudad. En el caso de Torales, sufrió heridas de balas en la mano y la rodilla, fue atendido en un sanatorio y dado de alta.
De acuerdo con los datos recabados por el personal policial, la mujer reportó el robo de su cartera que contenía el dinero, de tarjetas bancarias y documentos personales. Relató que el dinero pertenece a David González, un trabajador cambista instalado en el Km 4 de Ciudad del Este.
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Fueron autores dos hombres con armas de fuego, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, ambos con cascos protectores colocados, vistiendo prendas de color oscuro y hablando con acento portugués.
Ataque
Según el relato de María Elena, ella se encontraba trabajando para el servicio de encomienda, en compañía de su esposo, a bordo de su vehículo particular, un automóvil marca Toyota, modelo Sienta/2008, color rojo, con matrícula AAFP 435 Paraguay. Indicó que, en dicho servicio había retirado el dinero mencionado con el fin de llevar hasta el Área 4.
Una vez en el lugar, la denunciante mantuvo comunicación por WhatsApp con una mujer que se identificó como “María Luisa”, quien supuestamente debía recibir el dinero. Siguió contando María Elena que, mientras aguardaban en el sitio, llegaron los dos desconocidos a bordo de una motocicleta.
Ambos descendieron portando armas de fuego y, bajo amenazas, exigieron la entrega de la cartera. Acto seguido, se apoderaron de la misma y emprendieron la huida. En ese momento, su esposo, intentó impedir la fuga forcejeando con uno de los supuestos autores, momento en que estos efectuaron cuatro disparos de arma de fuego, de los cuales dos impactaron en la víctima.
El herido fue trasladado por su esposa hasta un sanatorio donde fue auxiliado y luego dado de alta debido a que las lesiones sufridas no revestían gravedad. El caso fue comunicado al Ministerio Público.
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Finca 66: Contraloría Ciudadana ratifica denuncia contra Miguel Prieto
Desde la Contraloría Ciudadana se ratificó la denuncia realizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licitación en la mensura judicial de la finca 66, en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.
“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa licitación para la mensura judicial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapidar los recursos de la municipalidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.
La organización realizó la denuncia por graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millones.
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“Del análisis bastante profundo que hicimos, de las documentaciones que accedimos del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se contrató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con relación a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que también existen otras personas involucradas.
“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las personas que participaron, cabe al Ministerio Público verificar quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dictaminó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.
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Bloqueos de vías en Bolivia se reducen, pero la escasez persiste
Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron este lunes, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, constató un periodista de la AFP.
En las últimas dos semanas, los bloqueos de vías que impiden el transporte terrestre pasaron de más de 100 a unos 50 este lunes, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En La Paz, los residentes hacían largas filas de hasta tres cuadras en las afueras de un supermercado estatal por el inicio de la venta de carne de pollo a bajo precio.
Pero en los mercados privados de la capital política y de la vecina El Alto no parece sentirse ningún efecto: las carnes y vegetales todavía cuestan más del doble del precio habitual.
En los hospitales también escasean las medicinas y en las cercanías de las gasolineras los conductores duermen por días en sus vehículos a la espera de su turno.
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“Toda la población es la que está sufriendo. Y el gobierno no toma decisiones. Están esperando que de cansancio, de aburrimiento, se levanten todos los bloqueos”, dice a la AFP Paola Herrera, de 50 años y trabajadora de una empresa de transporte.
Ella lleva cinco horas de pie en la fila por un pollo. Solo se entrega uno por persona.
El gobierno anunció que desde este lunes los cargamentos de pollo llegarán diariamente por vía aérea de Santa Cruz (este) a La Paz (oeste) con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la administración de Paz, que lleva siete meses en el poder.
Los manifestantes -principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros- rechazan las propuestas de reformas económicas de Paz y reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
La presidencia de Paz puso fin a 20 años de gobiernos socialistas, después de Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Los principales sectores movilizados no aceptan los llamados al diálogo del gobierno, que no descarta imponer un estado de excepción que restringiría libertades de reunión y movimiento y permitiría emplear militares en el control de las protestas.
El gobierno denuncia que quienes exigen la dimisión de Paz son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él niega.
- Fuente: AFP
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