El agente fiscal Juan Ledezma formuló imputación contra Francisco Arnaldo Chávez González, intendente de la municipalidad de Independencia, por apropiación, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y a la vez solicitó su prisión preventiva.
Los antecedentes refieren que entre el 27 de junio y el 2 de agosto del 2019, el imputado, en su carácter de jefe comunal de la mencionada localidad, habría simulado documentalmente la entrega de un cheque por valor de G. 30.000.000 a la comisión de productores Santa Cecilia, a los efectos de cubrir gastos de insumos para el fortalecimiento del cultivo de cebolla. Sin embargo, Chávez se habría quedado con la suma de dinero.
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Para tales efectos, aparentemente se falsificó la firma del presidente de la comisión, Andrés Duarte Cubas, y además se habría estampado una huella dactilar no correspondiente al tesorero de la comisión, Marcial Ortiz.
Ahora el Juzgado Penal de Garantías a cargo del presente proceso penal deberá admitir la imputación y decidir si corresponde la prisión preventiva del jefe comunal. Igualmente, la defensa del imputado puede presentar varios incidentes a los efectos de trabar el proceso penal.
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Tía Chela: juez cita en segundo proceso penal a Miguel Prieto para audiencia preliminar
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, citó por segunda vez al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el proceso penal conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio patrimonial de G. 2.949.650.000. Prieto tendrá que comparecer los días 7, 8 y 9 de octubre, a las 08:00. Igualmente Prieto ya fue citado para los primeros días de octubre por el caso conocido como Tajy.
En la diligencia judicial se definirá si Miguel Prieto y otros procesados van a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
Compras irregulares en pandemia
El proceso penal contra Prieto tiene relación con un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
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La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña.
La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del covid-19.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Mafia de los pagarés: MDP levantó 8 embargos de docente jubilada, víctima durante 15 años
El Ministerio de la Defensa Pública representó a la docente jubilada María Teresita Sánchez, de Filadelfia, Chaco, y logró levantar ocho embargos judiciales que tenía la mujer en diferentes juicios civiles. La mujer sufrió los descuentos durante 15 años por lo que agradeció a las autoridades de la defensa pública por cooperar para poder levantar los embargos.
De acuerdo a lo manifestado por la docente jubilada Sánchez, la misma pago cerca de G. 50 millones por una motocicleta cuyo valor real no superaba los G. 5 millones.
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El caso fue seguido por la Defensa Pública, la cual logró el levantamiento de los embargos en ocho juicios ejecutivos iniciados por varias firmas. Según la defensora pública Leticia Casaccia, las demandas se basaban en notificaciones fraudulentas, conocida como “notificación voladora”, que se enviaban a domicilios donde la víctima no residía, impidiendo su defensa.
Por su parte, el defensor general Javier Esquivel, señaló que “estos son los hechos, casi invisibles, que realiza la Defensa Pública, pero que nos llenan de satisfacción. Seguimos firmes en la tarea de proteger los derechos de los más vulnerables”, indicó Esquivel.
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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