Los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme no aceptarían la irrisoria propuesta del abogado Andrés Casati, defensor de las imputadas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y la comercialización no autorizada de medicamentos, quien ofreció donar 600.000 mascarillas al Ministerio de Educación y 50 camas de terapia intensiva para evitar ir a un juicio oral y público.
Pecci y Riquelme, quienes llevan adelante la causa, argumentaron la improcedencia expresando que los hechos que son atribuidos a las dos procesadas son graves. De esta manera, no correría el escrito presentado por Casati en representación de las dos imputadas en el presente proceso penal.
De acuerdo al escrito presentado por la defensa de las procesadas, el valor de la donación es de US$ 200.000 aproximadamente.
La imputación se basa en la sospecha de producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas para la importación de principios activos, medicamentos al país y su comercialización no autorizada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma, que habría utilizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos desde India y China.
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Otro proceso
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú fijó para el próximo 10 de marzo, a las 10:30, la audiencia preliminar para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia. El Ministerio Público solicitó que el presente caso se eleve a juicio oral y público.
El magistrado deberá analizar en la diligencia judicial si se eleva a juicio oral y público el proceso penal. En caso de ser así, será un Tribunal de Sentencia el que tendrá que juzgar la conducta de los acusados en el presente caso.
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