La Cámara de Apelación rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez de garantías Humberto Otazú. El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial de más de G. 306.188.500.

Los jueces de segunda instancia concluyeron que no existen motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público.

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Además, el tribunal de alzada citó a Prieto para el 10 de junio a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal. El objetivo de la diligencia es analizar posibles sanciones por los supuestos recursos dilatorios planteados durante el proceso. La ley establece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situaciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licitaciones públicas para beneficiar a empresas vinculadas, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al municipio de Ciudad del Este mediante pagos por mercaderías inexistentes.

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La diferencia entre “internación” y “cuidados” domiciliarios marcó ayer jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza. “Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria”, afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

“Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias”, prosiguió. “Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?”, sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, declaró.

“Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”, agregó. El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia. Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.

El tenista paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo, tuvo un estreno histórico y bastante loco en Roland Garros, uno de los torneos más importantes en el mundo de la raqueta. El guaraní se sacó de encima al británico Cameron Norrie, número 24 del ranking ATP.

El jugador europeo sintió una lesión y se retiró del compromiso tras el 7-6 y 2-0, luego de una hora y 18 minutos de juego. El primer set fue terriblemente intenso, ninguno se pudo quebrar el saque y se definió en el tie-break, donde Vallejo llegó a estar 1-5 abajo, pero lo remontó de manera fantástica para cerrarlo con un marcador de 9-7 en 57 minutos.

Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

El rubro de la molienda de soja y otras oleaginosas está mostrando gran dinamismo en la primera parte del año. El crecimiento se puede observar en el procesamiento de los productos de origen agrícola y en la ocupación de la capacidad instalada, de acuerdo con los datos de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

La organización dio a conocer los datos del sector industrial al primer cuatrimestre del año. Entre los más destacados se halla el aumento del procesamiento de soja, que llegó a 1.119.038 toneladas, un crecimiento de 9 %, comparando con el mismo periodo del año pasado. Un nivel de procesamiento similar se había alcanzado por última vez, en el mismo periodo del 2019.

El Ministerio Público no avanza en la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por las inconsistencias detectadas por la Contraloría en sus empresas Aldia SA y Createc SA. Unos 45 millones de dólares fueron blindados bajo la figura de “reservas operativas”. Además se suman los USD 21 millones ocultos en un paraíso fiscal.

El exmandatario, quien al dejar el cargo declaró un patrimonio neto de G. 21,8 mil millones (unos USD 3 millones), se encuentra en el centro de una pesquisa que involucra USD 45 millones en utilidades no declaradas y una denuncia por presuntos depósitos en un paraíso fiscal.

Personal de la Prefectura Naval comenzó este martes con los trabajos de búsqueda en el río Paraguay del agente Lince desaparecido el último fin de semana en inmediaciones del puente Remanso. El objetivo es hallar alguna pista que conduzca a la localización del suboficial José Eduardo Gayoso, de 21 años, cuya moto fue abandonada en la zona citada.

El joven prestaba servicio en la Unidad del Grupo Lince de Luque y debía presentarse por la madrugada de ayer lunes. La denuncia de su desaparición se realizó alrededor de las 4:30. En ese momento, la mamá recibió la información de que hallaron su motocicleta sobre el puente Remanso. Sin embargo, el hecho fue comunicado a la familia recién cuando la madre acudió a la comisaría.

El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.

La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.

De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.

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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.

Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.

El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.

Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.

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