Este viernes estaba fijado el inicio del juicio oral por el feminicidio de Carmen Servián ocurrido el 4 de marzo de 2023 en el departamento de Itapúa, pero el Tribunal de Sentencia decidió postergar el juicio porque el fiscal de la causa no estaría disponible por una urgencia. La fecha prevista para dar inicio al juicio es el 20 de octubre del presente año, situación que indignó a los familiares de la víctima.

Esta mañana se debió dar inicio al juicio contra Antonio Villalba Armoa, de 35 años, que había asesinado a su pareja en la localidad de Puerto Triunfo, distrito de Natalio. Desde allí llegó la familia de la víctima tras viajar casi tres horas para enterarse de que el juicio fue postergado. Sus hijos y padres se mostraron muy consternados con este cambio, exigieron al Tribunal que dejen de favorecer al asesino.

“Nos avisaron que el fiscal titular está de vacaciones y que debía asumir el interino, pero tomaron la decisión de suspender el juicio. Hoy recién nos notificaron que se suspendió, nosotros llegamos hasta acá y nos avisaron. Queremos que esto se termine y que mi hermana Carmen pueda tener justicia”, detalló Noelia Servián, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.

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Carmen decidió separarse de Antonio y este no aceptó la situación, por lo que decidió amenazarla a ella y toda su familia. Tras recibir las amenazas, la mujer decidió radicar la denuncia ante las autoridades y decidieron otorgar una medida de alejamiento contra el hombre, pero él violó esta y llegó hasta la casa de la señora Servián.

Luego de recibir la orden Antonio llegó a la casa y decidió acabar con la vida de Carmen, desenfundando un arma de fuego y disparando contra su humanidad frente a sus tres hijos. Tres de los proyectiles impactaron contra el cuerpo de la víctima y terminó falleciendo cinco días después en el Hospital Regional de Encarnación.

Los hijos de 15, 12 y 10 años quedaron bajo el cuidado de sus familiares maternos, especialmente sus abuelos. Los chicos siguen sufriendo las consecuencias psicológicas y emocionales de lo que vivieron, con ataques de ira, muchísimo miedo y una pena continua de haber perdido a su madre.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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Desde esta semana debía implementarse el estacionamiento tarifado en la zona microcentro de Encarnación, departamento de Itapúa, pero la medida fue rechazada por los comerciantes y trabajadores que se manifestaron frente a la municipalidad. Denunciaron que no pueden pagar estacionamiento siendo que deben trabajar y son ellos los que atraen los turistas a la ciudad.

El decreto que debía de implementarse desde el lunes en la zona del centro de la ciudad y los barrios que lo rodean. En tanto que, para la semana que viene, se deben sumar el circuito comercial y la zona fronteriza como el puente, donde ya se delimitaron las áreas de estacionamiento. Los horarios son de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a 12:00, el costo es de G. 2.500 la hora.

“Encarnación vive plenamente del comercio y al sumar costos al que viene a comprar, eso le resta atractivo a la ciudad. Además, acá no existe transporte público decente para que la gente venga a trabajar tranquilamente”, detalló Tony Báez, comerciante, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Expresó que en el año 2023 ya se manifestaron contra el estacionamiento y que aquella vez quedó postergado nada más. Agregó que esto es como un impuesto que deben pagar por trabajar. “Ahora después de dos años se implementa esto nuevamente”, confirmó. La mayoría de los trabajadores están en el sitio desde tempranas horas y hasta al menos las 17:00 todos los días.

“Los trabajadores así como también los clientes deben enfrentar este gasto, que sería unos 25.000 guaraníes por día, son como G. 6 millones por año en estacionamiento. Es mucho ya para la gente pobre y trabajadora, que todos los días viene para trabajar desde las 4:00 de la madrugada y se queda como 10 horas como mínimo, porque la mayoría son comerciantes”, expresó Arístides Martínez, comerciante.

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La dirigencia liberal de Ciudad del Este finalmente acordó plantear una Concertación en reemplazo del acuerdo de Alianza con Yo Creo, planteado por un sector del Partido Liberal Radical Auténtico en Alto Paraná. Explicaron que la alternativa de Concertación es más abierta y participativa para todos los sectores políticos y movimientos de la oposición.

En comunicación con La Nación/Nació Media, Julio Riquelme del movimiento liberal “Sombrero Pirí”, comentó que este domingo último, se llevó una reunión del partido en la que asistieron todos los que fueron convocados, ya sean candidatos, presidentes de comités y autoridades del partido.

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Mencionó que este encuentro sirvió para concretar la postura en rechazo del acuerdo de Alianza con “Yo Creo”; explicó que el rechazo a este acuerdo es porque se hizo todo mal, al excluir en primer lugar a la mayoría de la dirigencia partidaria y principalmente a los líderes partidarios.

“Rechazamos el pedido de acuerdo por ser excluyente, mezquino e insuficiente. Planteamos otro acuerdo que es la Concertación, que permitirá incluir a todos los sectores políticos, sociales para que nos unamos y armemos un bloque político capaz de lograr la victoria que anhelamos”, indicó.

Riquelme explicó, además, que una simple alianza de partidos no garantiza el éxito en las elecciones, porque los números no cierran. Indicó que, en las elecciones pasadas, Miguel Prieto alcanzó 80.000 votos, pero sin embargo, para las elecciones de la gobernación con Daniel Mujica, los votos bajaron a 40.000.

“Necesitamos mucho más del doble para garantizar el resultado electoral que todos queremos. Por eso, necesitamos incluir a todos los sectores de la oposición, ya sea País Solidario, Patria Querida, Cruzada Nacional, y otros. Porque este acuerdo de alianza que ellos proponen es exclusivista”, remarcó.

Indicó que este acuerdo de Alianza llegó solamente a un grupo de gente que guarda vínculos laborales con la municipalidad. En ese sentido, señaló que mediante el pronunciamiento le están diciendo igualmente a Carlos Portillo, a Oscar González Drakeford y a Manuel Trinidad, que no les representan en este acuerdo de Alianza.

“En nuestro comunicado ratificamos que no nos representan, por una cuestión ética, porque ellos están tratando de acordar en favor de su patrón. No nos molesta lo que están haciendo, sino el cómo lo están haciendo”, refirió.

Sostuvo que, el equipo de Carlos Portillo es una parte del PLRA, junto con Yo Creo, de Miguel Prieto, pero que no van a llegar a los 90.000 votos que se necesitan para garantizar el resultado electoral.

Finalmente señaló que, en breve, estarán realizando una convocatoria a todos los otros sectores políticos y sociales, en el que se les planteará la nueva propuesta de Concertación.

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