La Fiscalía General del Estado recomendó a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por el exsenador colorado Víctor Bogado contra la resolución de la Cámara de Senadores que hizo lugar a la pérdida de investidura del legislador, en mayo de 2019.
Ahora serán los altos magistrados que deben analizar el planteamiento de Bogado y resolver si corresponde hacer lugar a la presente acción o en su defecto rechazar la misma.
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Según el dictamen del Ministerio Público, señala que no se observa un quebrantamiento de la defensa en juicio teniendo en cuenta que el accionante ha tenido la posibilidad de formular su descargo así como de presentar, controlar e impugnar pruebas y por otra parte no se evidencia arbitrariedad en cuanto a los fundamentos fácticos de la resolución impugnada, señala el fundamento de la Fiscalía para solicitar el rechazo de la acción promovida por Bogado.
Víctor Bogado fue despojado de su investidura el 13 de mayo del 2019, posteriormente presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad el 29 de mayo del 2019. El pedido quedó pendiente hasta la fecha, y con esta acción se da vía libre para estudiar y definir si Bogado debe ser reincorporado a su banca.
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Plan de acción para la innovación verde
La Política de Innovación Verde es un nuevo modelo de desarrollo sostenible que se está incorporando en la región de América Latina y el Caribe.
En este contexto, Paraguay, a través del (Conacyt) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra realizando un exhaustivo estudio para conocer el panorama de la innovación verde en Paraguay, identificando tanto desafíos como oportunidades cruciales para el país en su camino hacia la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.
En este marco, el pasado 26 de abril, el especialista Joannes Granja Ibarretxe llevó a cabo la presentación de resultados preliminares del “Estudio de oferta-demanda y diseño de política de innovación verde en Paraguay”, momento en el cual resumió todo lo relevado con respecto a las necesidades, oportunidades, así como el marco normativo vinculado a la mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio paraguayo.
Además, se identificaron líneas de acción que podrían catalizar una transición exitosa hacia una economía descarbonizada.
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Aumento de la recaudación: valoración positiva y un problema
Los importantes incrementos logrados desde el Ministerio de Economía, específicamente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ( DNIT) de más de 457 millones de dólares en estos días, resulta auspicioso, por un lado, y por el otro, también puede convertirse en un problema.
Por un lado, el aumento de la recaudación es una forma de calzar los gastos previstos en el presupuesto del mismo modo que contribuye a la reducción del déficit fiscal, hecho que impacta sobre la inflación puesto que se podrá pagar los gastos públicos con dinero genuino sin tener que apelar a la emisión monetaria.
No obstante, y por otro lado, sucede que cuando la recaudación aumenta también puede convertirse en un problema si eventualmente el ingreso de los nuevos fondos obtenidos se vuelcan a financiar las solicitudes que llegan al Congreso que terminan en reprogramaciones presupuestarias.
De manera que estamos ante un hecho en el que merece ser congratulado el Gobierno. Se está haciendo una labor eficiente en esa permanente búsqueda de conseguir recursos para el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Presupuesto de Gastos.
La atribución recaudatoria por parte del Estado en categoría de aumento de los ingresos sin tener que aumentar la carga impositiva, esto es, sin tener que apelar al aumento de los tributos pagados por los contribuyentes, significa que la actividad de la DNIT está mostrando eficiencia recaudatoria propia y necesaria en cualquier lugar del mundo.
Aumentar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevos impuestos o subir los existentes en ningún modo es un camino correcto para un país que necesita crecer más allá incluso del 6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB).
Dicho esto, también resulta que por la coyuntura propia de la política similar en todos los países ocurre que cuando aumentan los ingresos en las arcas estatales se da inmediatamente un sinnúmero de solicitudes para disponer de esos nuevos fondos ingresados.
Esto no es de extrañarnos porque como sabemos la política responde a los requerimientos de sectores que desean disponer de dinero. Lo que sí debe ser una cuestión a tomar muy en serio es que los requerimientos no se conviertan en una herramienta para disponer del nuevo dinero ingresado para actividades donde claramente no se están usando de modo transparente los recursos de los que se disponen.
Especialmente el Congreso debe mostrarse responsable por lo que el Ejecutivo va logrando como lo es este caso el aumento de nuevos ingresos; caso contrario, se estaría dando una situación donde volveríamos a estar en el mismo lugar desde donde se partió para que el déficit fiscal se vuelva a subir.
De darse esta situación, lamentable por cierto, entonces quiere decir que el esfuerzo no solo del poder administrador en manos del Ejecutivo sino de los mismos contribuyentes que pagan sus obligaciones tributarias sería un sin sentido y provocaría en poco tiempo problemas para la economía nacional.
El déficit fiscal volvería a subir para así preparar un camino peligroso por las solicitudes de más y más gastos sin correspondencia y rendición de cuentas para finalmente encontrarnos ante el indeseable escenario de crear o subir los impuestos.
Celebramos el aumento de la recaudación que lleva a cabo el Gobierno sin tener que aumentar tributos, pero también decimos que los nuevos fondos ingresados no sean comprometidos para financiar a sectores y programas, que primero deben rendir cuentas con transparencia del dinero del que ya disponen.
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Rumor de pérdida de investidura fue operativo de prensa abdista
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, reiteró que desde Honor Colorado no existió en ningún momento la intención de aplicar la pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejo, por el caso de su hija comisionada en la ONU. Aseguró que tal intención no existió en la conducción del movimiento.
“Para ser bien claros y contundentes, la conducción del movimiento Honor Colorado nunca estuvo con esa idea, es un rumor, un rumor infundado, que lastimosamente determinados referentes tuvimos que salir a desmentir”, refirió a los medios de prensa antes del inicio de la sesión del martes.
Agregó que desde el movimiento se mantienen en la postura de la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones. “Estando yo de viaje hice un posicionamiento claro con respecto a esa situación, no estamos detrás de esa pérdida de investidura. Nosotros estamos en el fortalecimiento de la institucionalidad, de las instituciones democráticas de nuestra República. Nunca fue intención”, reiteró.
Detalló además que él mismo se comunicó con la diputada cuando se encontraba en Hungría para expresarle que no existió la intención de despojarla de su banca en la Cámara Baja. “Le transmití eso yo a la diputada, también le envié nuestro posicionamiento”, señaló.
Por su parte, el diputado Hugo Meza también habló sobre el tema y sostuvo que solo se trató de un rumor instalado por los medios de comunicación. “Yo creo que eso fue un operativo de prensa, creo que fue mucha imaginación de un sector”, apuntó.
Contó que también se comunicó con su colega para expresarle que no existió tal intención. “Creo que nunca estuvo en la agenda eso de echarla a ella de la Cámara y no nos íbamos a prestar. Yo le escribí, le llamé a la compañera Rocío, le dije que personalmente no iba a acompañar”, sentenció.
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Mousques anuncia acción de inconstitucionalidad
Ayer lunes, la jueza en lo Civil y Comercial Rossana Frutos, en grado de apelación, ha revocado el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer presentada por Gisele Mousques en contra del empresario Cristhian Chena y la firma Resumen de Noticias.
“Esta sentencia contiene muchos vicios e inclusive contradice disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Por ello, estaremos arbitrando acciones de inconstitucionalidad y esa es la vía que seguiremos”, explicó a La Nación/Nación Media la abogada de Mousques, Margarita Heralesky.
La representante legal indicó que la propia normativa, tanto del Código Procesal Civil como de la Constitución Nacional, faculta a la parte denunciante a tomar las disposiciones mencionadas. Además, agregó que también se faculta a la propia Corte Suprema de Justicia a intervenir.
La representante legal de Mousques manifestó que con respecto a la resolución que revoca el fallo de la jueza de Paz no se ha estudiado a profundidad lo que hace referencia a la violencia ejercida. Habló así de cómo la jueza se abocó hacia lo vinculante con la censura, lo cual nunca estuvo en discusión.
“No se trata de restricciones a la libertad de expresión, sobre lo cual se centró la jueza. Dentro de la sentencia no se ha realizado ninguna valoración completa de los escenarios completos y los titulares que cuestionamos, los cuales son denigrantes y por qué los consideramos agraviantes”, dijo.
Remarcó que dichos aspectos se encuentran en la línea de violencia telemática, además de atentar contra la dignidad de su representada. Sin embargo, lo mencionado no fue tenido en cuenta en la decisión de la jueza Frutos, solo lo referente a la libertad de prensa.
Gisele Mousques había solicitado medidas de protección contra el empresario Christian Chena, alegando haber sido víctima de hostigamiento y ataques en redes sociales, aparte de manifestar un daño a su imagen luego de una serie de publicaciones.