El juez penal de Garantías Rolando Duarte ratificó la prisión de Cynthia Burgos, pareja de Gregorio Papo Morales, imputada por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución penal en el marco de la investigación por la muerte del joven Robert Fabián Marín.
La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en el Juzgado Penal de Garantías a cargo del citado juez de Garantías.
Ante esta resolución, la defensa de la imputada tiene la posibilidad de apelar dicha determinación judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que decidirá si revoca la resolución del juez Duarte o confirma el presente fallo.
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“Papo” Morales fue imputado por homicidio doloso, mientras que su novia Cynthia Burgos está procesada por omisión de auxilio, omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración de la persecución penal.
Según los antecedentes, Morales mató a tiros a Marín en la vía pública del barrio San Pablo. El hecho quedó grabado en un circuito cerrado. La pareja fue detenida en un motel de Lambaré.
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Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
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Juez procesa penalmente a abogado por usurpación de funciones públicas
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
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Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
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Ebrio agredió a su pareja, a una niña de 12 años y se encerró con su hijo para evitar ir preso
Dos niños y una mujer resultaron víctimas de un caso de violencia familiar reportado el fin de semana en la ciudad de San Antonio. Un hombre habría agredido a su pareja y a una niña de 12 años, realizando varios disparos al aire y posteriormente se encerró con su hijo de 5 años.
El sujeto de 58 años, de nacionalidad argentina, inicialmente agredió a su actual pareja y luego empujó a la hija de la pareja de 12 años. Ambas salieron huyendo y se refugiaron en una casa vecina, donde dieron aviso a las autoridades policiales.
Ante la presencia de los intervinientes, el agresor se encerró en su vivienda junto a su hijo de 5 años de edad. Asimismo, procedió a realizar disparos al aire. Habría disparado cinco a seis veces, según manifestaciones de vecinos y familiares.
El hombre habría utilizado al menor como escudo con intención de evitar ser llevado por los agentes policiales. Ante esa situación, los intervinientes recurrieron al diálogo. Negociaron alrededor de dos horas con el agresor para convencerlo de que libere al menor.
“Al llegar el personal, él le agarró a su hijo de 5 años, ingresó en su casa y llaveó la reja de la entrada de su casa, utilizando como escudo a su hijo para que no fuese aprehendido”, informó el jefe policial de la Comisaría 24° San Antonio.
Una vez más calmado, el hombre permitió que la criatura salga y él siguió atrincherándose en el domicilio con el arma en mano.
Posteriormente, llegaron los hijos mayores del hombre y lograron convencerlo para que entre la policía. Sin embargo, ocultó el arma dentro del forro de un sofá. Pero fue hallado por los intervinientes y fue incautado.
Los agentes policiales lo trasladaron hasta la sede de la comisaría, donde quedó detenido. Le practicaron la prueba de alcotest dando positivo, con un resultado de 0,762 mg/L de alcohol, según el reporte policial.
También se le practicó la prueba de nitrito y nitrato para confirmar que realizó los disparos. El hombre señaló a los intervinientes que reaccionó de manera violenta porque descubrió una supuesta infidelidad de su pareja. Afortunadamente, no hubo heridos. El caso ya está a cargo del Ministerio Público.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.