La Fiscalía General del Estado deberá decidir si acusa a los españoles Guillermo Casado y Álvaro Lazo por lesión de confianza, quienes fueron procesados penalmente en su momento por el caso de la compra sobrefacturada de helicópteros para el Ministerio del Interior en el que igualmente está procesado el exministro Rafael Filizzola. Así resolvió el Tribunal de Apelación conformado por los jueces Gustavo Santander, Óscar Rodríguez Kennedy y José Agustín Fernández al revocar la resolución de la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz, quien había decido archivar el presente proceso penal.
Ahora, con la nueva resolución de la Justicia se deberá remitir a la Fiscalía General para que se formule una nueva acusación contra los dos españoles o, en su defecto, se pide la desvinculación del presente proceso penal para los extranjeros. En caso de que la Fiscalía decida acusar, se tendrá que analizar en una audiencia preliminar si el proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
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La magistrada Ruiz Díaz en su momento alegó que la propia Corte había anulado la acusación contra los dos españoles y, por ende, el proceso penal debía ser archivado. Sin embargo, la Fiscalía no estuvo de acuerdo y apeló dicho fallo obteniendo un resultado favorable en Cámara de Apelación, que dispuso que es la Fiscalía General del Estado el que deberá decidir si corresponde volver a acusar por lesión de confianza contra Lazo y Casado.
Con relación al exministro del Interior Rafael Filizzola sigue pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial si se anula la acusación por lesión de confianza.
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Piden evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
Fiscalía insistió ante la Corte Suprema que integre la Cámara de Apelación para el caso “comisarías de oro” contra el senador Rafael Filizzola.
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola.
La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no. Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
RECURSO DE APELACIÓN
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
TIEMPO VINCULADO A LA CUESTIÓN
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Definirán si funcionario de Diputados y otros van a juicio por estafa
A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
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Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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Jóvenes detrás de cámara convierten la salud adolescente en historias para el cambio
En lugar de limitarse a escuchar sobre salud, adolescentes de distintas instituciones educativas del país toman las cámaras, desarrollan sus propias ideas y se convierten en protagonistas de una experiencia que combina educación, creatividad y participación ciudadana.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, reúne a estudiantes de colegios seleccionados de Capital, Alto Paraná, Itapúa, Central y Paraguarí en talleres de producción audiovisual orientados a abordar los principales desafíos de la salud integral durante la adolescencia.
Las actividades se desarrollan en instituciones como el Colegio Nacional EMD Vicepresidente Sánchez, de Asunción, y la Escuela y Colegio 8 de Diciembre, de Ciudad del Este, esta última reconocida como Escuela Saludable. La propuesta también se implementa de manera simultánea en otros centros educativos de las cinco regiones involucradas.
Intención
La metodología busca que los jóvenes no sean solamente receptores de información, sino que puedan reflexionar, debatir y expresar mediante el lenguaje audiovisual aquello que viven y observan en su entorno.
Durante las primeras jornadas, profesionales de las regiones sanitarias de Capital y Alto Paraná compartieron conocimientos sobre bienestar adolescente, prevención del embarazo en esta etapa de la vida e infecciones de transmisión sexual (ITS), además de abordar mitos y situaciones que forman parte de las preocupaciones cotidianas de los jóvenes.
Con esta base, comienza la etapa creativa. Los estudiantes reciben capacitación de la productora Tekoha Audiovisual para aprender herramientas de producción, desarrollar guiones y trabajar en equipo. El desafío planteado a cada institución es la realización de dos cortometrajes capaces de transmitir, desde una perspectiva juvenil, experiencias, inquietudes y mensajes relacionados con la salud adolescente.
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La propuesta convierte así el aula en un pequeño espacio de producción cinematográfica, donde las cámaras sirven como una herramienta para conversar sobre temas que muchas veces resultan difíciles de abordar y para transformar la información en relatos capaces de generar identificación y conciencia.
El proceso tendrá como resultado un Concurso Intercolegial por la Salud Integral Adolescente, en el que competirán las producciones realizadas por estudiantes de las cinco regiones sanitarias. Los trabajos serán acompañados por una campaña de difusión y una votación virtual abierta tanto a las comunidades educativas como al público en general.