A pedido de la agente fiscal Stella Mary Cano, la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejos ordenó la reapertura de la investigación por los delitos de producción de documentos no auténticos y estafa contra Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, directivos de la firma Empo.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el próximo 7 de enero del 2021 la presentación del requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía, es decir, una acusación y el pedido de elevar el presente caso a un juicio oral y público u otra salida procesal.
Semanas atrás, la denunciante Rose Marie González Jacquet presentó un segundo urgimiento a la fiscal para que la misma realice varias diligencias investigativas en la causa caratulada “Mario Ferreiro y otros sobre producción de documentos no auténticos” y en el expediente denominado “Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz sobre producción de documentos no auténticos y estafa”.
Aparentemente, el Ministerio Público contaría con varios elementos de prueba que permitirían formular la acusación correspondiente contra Ortuoste y Domínguez, de ser así, se solicitará que el caso se discuta en un juicio oral.
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Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes encabezó esta noche el allanamiento de albergue destinado a personas de pueblos originarios denominado “Tesai Róga”, de Ciudad del Este. Es en el marco de la investigación de la supuesta comisión de explotación laboral y sexual en la que estaría involucrado el citado hogar.
La denuncia fue realizada por la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez (Codeni), de la capital altoparanaense. La fiscal informó que en esta primera incursión no halló nada y las mujeres que se encontraban en el albergue pudieron dar crédito de su estancia en el lugar con sus hijos.
Las familias nativas utilizan el sitio como un hospedaje, mientras tienen niños internados en el Hospital Regional o teniendo que seguir algún tratamiento y, generalmente, acuden con sus otros hijos. El hogar es de permanente ir y venir de personas que viven en distritos del interior del departamento.
La fiscal Coronel informó que investigará sobre el funcionamiento del albergue, qué institución y personas son los responsables y todos los documentos necesarios que acrediten la existencia del sitio, así como su manejo. Indicó que la denuncia ya fue realizada hace unos meses y desde ese entonces se venía haciendo un seguimiento.
Explicó además que la situación de tránsito permanente de las personas en el albergue dificulta el hallazgo de indicios en el momento exacto, por lo que se requiere de un trabajo más largo para descubrir evidencias ciertas, si es que hay hechos punibles. Acompañaron el procedimiento funcionarios de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez y de la Codeni.
El albergue “Tesai Róga” está ubicado en el barrio San Ana, a metros del hospital y funciona como tal desde hace 20 años. Se mantiene con aportes solidarios de la comunidad.
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Filtración de audios: Fiscalía abre causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera
La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.
La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.
El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.
Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.
De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
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Allanan un hotel en busca de pistas sobre la camioneta y el cuerpo quemados en Cambyreta
En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.
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De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.
El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.
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Resultado de autopsia del bebé asesinado se conocerá en un mes
El procedimiento de autopsia del bebé de 42 días, que habría sido asesinado por su madre, culminó por la tarde de ayer jueves y los resultados se conocerán en un mes. Debido a la envergadura del caso y lo sensible de la situación, el médico forense no dio detalles del procedimiento y la fiscal remarcó la importancia de resguardar la investigación.
Según los informes preliminares, el menor habría sufrido dos heridas importantes, una a la altura del tórax y otra en el estómago; las mismas fueron atendidas de urgencia tras la intervención policial, pero lamentablemente el bebé falleció minutos después a pesar del esfuerzo de los médicos.
“Se realizó la autopsia, se extrajeron muestras y estarían aproximadamente entre 30 a 45 días los resultados, dando así la causa de muerte y los hallazgos forenses. Como es una causa que se encuentra en investigación, hay que tener presente el adelanto jurisdiccional”, comentó la fiscal Laura Guillen en conferencia de prensa.
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La agente del Ministerio Público evitó dar mayores detalles respecto al avance de la investigación y el proceso que se está siguiendo, pero comentó que se encuentra en conversación tanto con la acusada como con su pareja y padre del menor fallecido y que también se mantiene una línea de comunicación abierta con los familiares de ambos.
Remarcó que, paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.
Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.
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