A pedido de la agente fiscal Stella Mary Cano, la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejos ordenó la reapertura de la investigación por los delitos de producción de documentos no auténticos y estafa contra Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, directivos de la firma Empo.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el próximo 7 de enero del 2021 la presentación del requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía, es decir, una acusación y el pedido de elevar el presente caso a un juicio oral y público u otra salida procesal.
Semanas atrás, la denunciante Rose Marie González Jacquet presentó un segundo urgimiento a la fiscal para que la misma realice varias diligencias investigativas en la causa caratulada “Mario Ferreiro y otros sobre producción de documentos no auténticos” y en el expediente denominado “Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz sobre producción de documentos no auténticos y estafa”.
Aparentemente, el Ministerio Público contaría con varios elementos de prueba que permitirían formular la acusación correspondiente contra Ortuoste y Domínguez, de ser así, se solicitará que el caso se discuta en un juicio oral.
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Estudiante sanlorenzano obtuvo el segundo puesto en Congreso de Cirugía
El estudiante sanlorenzano José Rosa Aguirre Silvero, quien cursa el cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA), obtuvo el segundo puesto en la categoría In Extenso durante el XXII Congreso Paraguayo de Cirugía 2026, que se llevó a cabo del 16 al 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
“Para mí, como estudiante sanlorenzano de Medicina, este resultado representa una enorme satisfacción personal y académica”, expresó José Rosa en declaraciones a la prensa, valorando la oportunidad de representar a su casa de estudios y a la comunidad de San Lorenzo en una plataforma de alto nivel científico.
Aguirre participó como autor principal y expositor del trabajo de investigación titulado “Lesiones traqueobronquiales secundarias a trauma cerrado de tórax en adultos: tipos, incidencia y tratamiento en el Hospital de Trauma, 2020–2025”, desarrollado en colaboración con destacados profesionales del Hospital de Trauma y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
El logro cobra singular relevancia considerando la alta competitividad del encuentro científico, en el cual se postularon 203 trabajos en diversas modalidades. De ese total, únicamente 15 investigaciones fueron preseleccionadas para la fase final de “Mejores Temas Libres – Categoría In Extenso”, instancia en la que el joven universitario logró posicionarse en el segundo lugar del podio.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Narcojet: jueza decretó la prisión preventiva para funcionarios de la Dinac y otros imputados
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Gustavo Adolfo Sandoval subgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), así como de Víctor Fernández Arce (vinculado a la empresa de servicios aeroportuarios MUNSER FBO), Herman Cecilio Melgarejo Morales (despachante de vuelo) y José María Fernández Vera. Todos ellos están imputados por hechos punibles relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de 263,7 kilos de marihuana premium (conocida como hachís) en un jet privado estadounidense que aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
De acuerdo con la resolución judicial, dada a conocer tras la audiencia de imposición de medidas en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia, los imputados permanecerán en la Senad durante cinco días y luego serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.
Esta nueva imputación, presentada por la fiscal Ingrid Cubilla, corresponde a una segunda fase investigativa que busca determinar las intervenciones en la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y las gestiones para evitar la verificación de las autoridades.
Según la hipótesis fiscal, el jet Challenger 604, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, llegó el 29 de mayo de 2026. Al día siguiente, durante la descarga, personal militar detectó bolsones con sustancias que el laboratorio identificó como resina de marihuana o hachís. La investigación atribuye a Fernández Arce la coordinación previa del vuelo y la descarga; a Melgarejo, las gestiones y presiones para liberar la carga; a Fernández Vera, el traslado de los bolsones; y a Sandoval (el subgerente de la Dinac), las comunicaciones para negociar la liberación del cargamento a cambio de una supuesta recompensa.
Para el Ministerio Público, las conductas atribuidas a los cuatro procesados habrían contribuido a facilitar la operación y el eventual retiro de la droga sin los controles correspondientes.
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Juicio a Mocipar: víctima de 103 años relató cómo la estafaron con el sueño del departamento propio
María Dinora Mendoza, de 103 años de edad, declaró en el juicio oral y público que enfrentan el exaccionista de Mocipar, Dany Durand, y otros acusados en el caso del presunto esquema de estafa que afectó a numerosas personas.
La mujer relató cómo, tras finalizar su primer contrato, buscó continuar con los pagos para acceder al departamento que planeaba regalarle a su única hija.
La testigo explicó al Tribunal de Sentencia que el primer contrato terminó en el año 2015 y que, al finalizar el mismo, le ofrecieron artículos para el hogar.
Ella rechazó la propuesta porque su objetivo era seguir con el plan del inmueble: “Mis sueños estaban en el departamento. Yo me armaba todo en mi cabeza, cómo le iba a hacer el regalo, cómo le iba a hacer la entrega del departamento a mi hija”, señaló la víctima.
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Mendoza relató que consultó con una funcionaria si era posible continuar con el contrato y recibió una respuesta afirmativa. Posteriormente, acudió a una oficina ubicada sobre la avenida Presidente Franco donde, según recordó, fue recibida por un hombre a quien le explicó que iba para firmar un nuevo documento. El empleado le pidió que esperara y se retiró durante unos 15 o 20 minutos; al regresar, le indicó que la persona encargada de atenderla no se encontraba y que llevarían el contrato directamente a su domicilio.
La declaración fue seguida de cerca por el presidente del Tribunal de Sentencia, Matías Garcete, quien dejó su asiento para formularle las preguntas debido a las dificultades de audición de la mujer.
Mendoza también relató que, tras no recibir la contraprestación por la que había abonado más de G. 20 millones, evaluó acudir a la Justicia para buscar una reparación. Sin embargo, lamentó que algunas personas le recomendaron no hacerlo debido al poder económico y político de Dany Durand.
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