A pedido de la agente fiscal Stella Mary Cano, la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejos ordenó la reapertura de la investigación por los delitos de producción de documentos no auténticos y estafa contra Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, directivos de la firma Empo.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el próximo 7 de enero del 2021 la presentación del requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía, es decir, una acusación y el pedido de elevar el presente caso a un juicio oral y público u otra salida procesal.
Semanas atrás, la denunciante Rose Marie González Jacquet presentó un segundo urgimiento a la fiscal para que la misma realice varias diligencias investigativas en la causa caratulada “Mario Ferreiro y otros sobre producción de documentos no auténticos” y en el expediente denominado “Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz sobre producción de documentos no auténticos y estafa”.
Aparentemente, el Ministerio Público contaría con varios elementos de prueba que permitirían formular la acusación correspondiente contra Ortuoste y Domínguez, de ser así, se solicitará que el caso se discuta en un juicio oral.
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Ratifican imputación por estafa y otros contra directivos y ejecutivos de Indufar
La Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez, ratificó la admisión y la validez de la imputación contra cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A. Los mismos están imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.
Los procesados son Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética por un supuesto perjuicio de G. 24.084 millones.
Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que el documento contiene los elementos exigidos por la legislación procesal: identifica a los imputados, describe los hechos investigados, establece la calificación jurídica provisional y señala los elementos de sospecha que los vinculan con el caso. El tribunal de apelación aclaró que en esta etapa procesal no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado.
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Estafa a colonos: nueva chicana de acusado frena extracción de datos
El abogado Rodrigo Yódice, defensor del funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín —acusado por una millonaria estafa—, sigue presentando chicanas con el fin de evitar que el proceso penal avance. Esta vez, el citado profesional del derecho, quien ya contaría con sanciones por litigio de mala fe, presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien debía tomar juramento a los peritos para realizar la extracción de datos del celular del acusado.
Bogarín está procesado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. El procedimiento de extracción de datos del teléfono celular estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. Sin embargo, debido a la chicana presentada por la defensa, primero se deberá destrabar el proceso penal en el Tribunal de Apelación para poder ejecutar la diligencia.
Asimismo, el magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el próximo 21 de agosto a las 08:45. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.
Otros acusados
Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.
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Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
Autopsia
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.