Este viernes se desarrolla la audiencia de imposición de medidas cautelares para el empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, en el marco del caso de la megaestafa al Estado en la compra de insumos médicos. La diligencia judicial se lleva a cabo ante el juez penal de Garantías, Mirko Valinotti, quien tendrá que definir si envía a prisión al clan Ferreira.
Antes del inicio de la audiencia, el agente fiscal Osmar Legal, quien lleva adelante la investigación del caso, mencionó que el Ministerio Público se ratifica en su posición de considerar pertinente la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva. La defensa de los imputados solicitó, a priori, medidas alternativas a la prisión y, en un segundo ratio, el beneficio del arresto domiciliario.
La defensa legal presentó una fianza real valuada por encima de los US$ 1 millón en concepto de varios inmuebles. “Nosotros hicimos hincapié en que la señora Patricia tiene una causa abierta a la cual todavía no está sometida. Ambos están imputados por varios delitos, pero para el Ministerio Público no es el marco normativo lo que vemos, sino la implicancia del bien jurídico protegido que es el contrabando, la asociación criminal y la producción de documentos no auténticos”, indicó.
El fiscal señaló que se debe tener en cuenta también que el marco investigativo se da por los insumos de la pandemia del coronavirus que hace superlativa a la gravedad del hecho.
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Con relación al avance de la investigación, Legal comentó que en la semana tuvieron declaraciones de funcionarios de Aduanas y en las próximas se abocarán a las aristas técnicas informáticas. “Debemos recordar que para estas importaciones se utilizó el sistema SOFIA. Además, estamos también efectuando investigaciones a pedido de la defensa, ya que se encuentra de las diligencias que hacemos en el marco de nuestro criterio objetivo. Estamos en una etapa de cierre probatorio, la fecha de la presentación de acusación es en enero del 2021 y vamos hacia eso”, culminó.
El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Gustavo Santander, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez ratificó hace un par de semanas la imputación por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documento no auténtico contra Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA, y de su hija Patricia Ferreira. Padre e hija chicanearon presentando la nulidad del acta de imputación que en setiembre de este año ya fue confirmada por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
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