El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.

Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.

Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.

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Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.

El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

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Este miércoles prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien está siendo juzgado por la presunta frustra­ción de le ejecución y perse­cución penal por supuesta­mente no alertar operaciones del empresario Darío Mes­ser, entre los años 2017 y 2018. En esta jornada se realizó la producción de documentos, dando continuidad con este proceso judicial.

“En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero en aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también, cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones, también toda una serie de actos normativos que denotan quien ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El juicio prosigue ya con las pruebas documentales, ya que los 11 testigos ya cumplieron con las declaraciones ante el Tribunal de Sentencia en el marco de esta causa. De acuerdo con el abogado, en estas declaraciones se confirma que la argumentación de la fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.

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“La declaración de los testigos lo que denota es una tramitación normal para lo que es un informe de inteligencia financiera, no hay ningún tipo de violación de plazos, y siempre insisto en el punto fundamental, no existió ningún tipo de filtración de información por parte de la Secretaría. Eso se acredita con el caso que las personas que eran objetos de inteligencia financiera no intentaron siquiera realizar ningún tipo de movimiento respecto a su patrimonio”, refirió.

Indicó que los testigos explicaron “cada uno de los pasos dentro de estas etapas que finalmente se culmina en un informe de inteligencia financiera, por ejemplo, el área de asesoría jurídica y el tiempo en el cual la asesoría analizó el borrador de informe y emitió su dictamen, y su dictamen con recomendaciones de profundización de ciertos aspectos antes de tomar la decisión final de remitir al Ministerio Público”.

Agregó que “el plazo en el cual la fiscalía no encuentra irregularidad alguna y es un tema interesante de destacar, la fiscalía cuando hace referencia a Óscar Boidanich denuncia un plazo entre junio del 2017 y abril del 2018, pero dentro de esos plazos fueron pasando varias etapas y varias áreas, como por ejemplo, la dirección de Asuntos Jurídicos que entre ese borrador y otros borradores de informes y otras tareas de la dirección llevó un trabajo de casi 5 meses”.

Ateniendo a todas estas informaciones, “eso la fiscalía no observa como irregular, entonces tampoco se le puede adjudicar a Óscar Boidanich y posteriormente a plazos que están relacionados a los meses de enero a febrero, marzo y abril, en los cuales Boidanich tampoco estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo”.

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La declaración de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, en el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio, fue reprogramada para el jueves 25 de junio a las 8:00, a pedido de las autoridades del Brasil, donde el presunto narcotraficante brasileño está detenido desde febrero de 2022. La audiencia testifical estaba prevista este miércoles, en la continuidad del proceso contra el exministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado (soborno) al recibir supuestos beneficios y favores de Marcus Vinicius mientras buscaba convertirse en proveedor del Estado de equipo y servicios de blindaje.

Las autoridades brasileñas remitieron una nota solicitando un plazo de 10 días al Tribunal de Sentencia conformado por Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel, reportó el periodista de judiciales Aldo Insfrán para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No obstante, el juicio de este miércoles prosiguió con la presentación de pruebas documentales por parte del Ministerio Público, representado por la agente fiscal Verónica Valdez.

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De acuerdo a la nota remitida por las autoridades brasileñas, no pueden llegar hasta la penitenciaría donde se encuentra recluido Marcus Vinicius. Por su parte, la fiscal del caso Verónica Valdéz informó también que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se comunicó con las autoridades brasileñas quienes ratificaron el pedido de un plazo de 10 días para garantizar la declaración de Marcus Vinicius.

Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a fina­les de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios inde­bidos que recibió el enton­ces ministro.

Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por mensajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elementos documentales presentados durante el juicio oral. En este contexto, Marcus Vinicius fue citado a declarar, para aportar en la relación que mantuvo con el exministro abdista.

En esta causa, la fiscal Verónica Valdez confirmó el lunes pasado que el Ministerio Público pudo acceder hace pocos días a un equipo con capacidad suficiente para revisar más de 13.000 páginas de la extracción de chats del narco brasileño Lindomar Reges Furtado (socio de Marcus Vinicius), quien en 2022 escapó del Paraná Country Club de Hernandarias, fue capturado en Río de Janeiro en febrero de 2025 y condenado a 37 años de cárcel por tráfico de drogas, en mayo de 2026.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá que estudiar si corresponde investigar y enjuiciar a dos juezas del fuero civil y comercial de Itapúa, luego de que fueran acusadas por presunto mal desempeño en sus funciones al suspender y anular remates en violación de la ley.

El primer caso se acusó en el 2024 y se relaciona con el presunto mal desempeño de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero. De acuerdo con la denuncia presentada por el rematador Raúl Sosa Navarro ante el órgano juzgador, se había fijado la fecha y hora para una subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva”.

Sin embargo, al revisar el expediente, el denunciante encontró una providencia firmada por la magistrada en la que suspendía la subasta. Dicha resolución respondía a una solicitud de Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado adjuntando el acta de defunción.

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El escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Benítez, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judicial”.

El segundo caso corresponde a la acusación presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, contra la jueza en lo civil y comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión de la magistrada en sus funciones.

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