La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.

Los abogados de un médico imputado por la muerte de Diego Maradona solicitaron ayer lunes el apartamiento de dos jueces designados para reiniciar el juicio tras la anulación del anterior, por “temor certero” a que “no sean imparciales”. El pedido fue presentado por los abogados defensores de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona y uno de los ocho imputados por la muerte del ídolo en noviembre de 2020.

El escrito, al que accedió la AFP, solicita la recusación de Roberto Gaig y Juan Pablo Rolón a partir de lo ocurrido en la audiencia preliminar que tuvo lugar en julio y que, según los defensores, “infunde un temor certero de que no serán imparciales”. Gaig y Rolón son dos de los tres jueces del nuevo tribunal designado en julio para reiniciar el juicio por la muerte de Maradona.

El proceso anterior, que se extendió de marzo a mayo, fue anulado tras el escándalo que envolvió a una de las juezas por participar en un documental clandestino sobre el juicio. En ese sentido, la defensa de otra de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, pidió a su vez este lunes su sobreseimiento, alegando que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

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La solicitud de apartamiento de los jueces se basa en los fuertes cruces ocurridos durante una audiencia en julio entre el juez Gaig y Francisco Oneto, abogado de Luque. El magistrado insistía en acelerar el proceso mientras el defensor exigía respetar los plazos legales. Luego de una pausa, el juez cambió su posición. Según el escrito presentado este lunes, Gaig “condujo esta audiencia con total desapego a la ley y mediante el empleo más abusivo de su poder”.

“Este no es cualquier caso. Es el caso donde se discute de qué forma culminó la existencia física del astro más grande del fútbol mundial. Tal vez sólo comparable con el caso OJ Simpson, o con el que averiguó la muerte de Michael Jackson”, señala la solicitud que acusa a ambos jueces de buscar “protagonismo”.

Ahora el propio tribunal debe decidir si aparta o no a los jueces y la decisión podrá ser apelada ante una segunda instancia. Mientras tanto el proceso puede seguir su curso. Maradona falleció por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía. Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

Fuente: AFP

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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.

En el marco de la causa del homicidio de la niña Melania Monserrat, de 11 años, ocurrido el pasado 21 de julio de 2025 en la localidad de Fulgencio Yegros, Caazapá, este miércoles continúan las diligencias investigativas y se procederá a la ejecución de la reconstrucción de los hechos.

La fiscal Laury Vázquez comunicó de manera oficial que se realizará la reconstrucción de los hechos a los efectos de ubicarse en el lugar donde se dio el hallazgo y contar con la participación de los testigos, que aportaron datos importantes a la investigación.

La misma destacó que esta diligencia será de suma trascendencia para esclarecer el hecho; así también, indicó a los medios de comunicación que ya se encuentra programada la pericia informática de los teléfonos celulares, incautados durante la investigación.

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Entre estos aparatos se encuentra el hallado en la vivienda de una amiga cercana de la víctima, que se presume también habría sido utilizado por Melania, y los celulares de ambos imputados. La información que se pueda llegar a recuperar de estos celulares se considera clave para el caso.

En cuanto a las muestras biológicas recolectadas, la fiscal Vázquez indicó que se aguardan los resultados del laboratorio forense, los cuales continúan pendientes, y que los mismos permitirán realizar comparaciones con las extraídas a los imputados.

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