El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres del joven Rodrigo Quintana –quien falleció en la sede del Partido Liberal–, recusó a la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo por supuesta parcialidad en el presente proceso penal, la recusación deberá ser analizada por los integrantes del Tribunal de Apelación para saber si confirman o no la competencia de la referida magistrada en el presente proceso penal.
Del mismo modo, el referido profesional del derecho planteó una reposición contra la providencia de la magistrada, quien dispuso que solo parte del expediente principal sea derivado al tribunal de alzada. Duarte Cacavelos quiere que todo el expediente sea derivado a la Cámara de Apelaciones.
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Días atrás la jueza Benítez resolvió apartar como querella a los padres del fallecido dirigente liberal en el caso que investiga lo sucedido durante las protestas del 31 de marzo del 2018, conocido como 31-M.
Ante esta resolución judicial, Duarte Cacavelos apeló la resolución de la jueza de Garantías y ahora está en manos del tribunal de alzada decidir si ratifica la determinación adoptada por Benítez Vallejo o en su defecto revoca la misma y le sigue dando intervención a los padres de Quintana en el presente proceso penal.
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Presidente de ueno desconocía los movimientos sobre préstamos y créditos, dice abogado
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del titular de ueno bank, Juan Gustale, manifestó que su cliente desconocía los movimientos que se realizaban en la entidad bancaria con respecto a los préstamos y créditos, los cuales supuestamente eran otorgados con números por encima de los iniciales.
“Víctima es una palabra que no sé si aplica, pero sí puedo decir que estaba en absoluto desconocimiento del carácter desvinculado de esa empresa. El presidente no es el encargado de definir o determinar quién es el beneficiario de préstamos”, afirmó en una entrevista con medios de comunicación.
Agregó que “eso al directorio llega de un comité de créditos, con dictámenes de riesgo, comerciales. Eso no se elabora desde el directorio; claro que se aprueban con su firma, pero eso sería responsabilidad objetiva y no estamos en un proceso administrativo, estamos en un proceso penal”.
Las afirmaciones de Fernández Zacur surgieron en el marco de la imposición de medidas cautelares a los ocho directivos imputados, la cual se dará en el transcurso de la mañana de este jueves.
Señaló que los informes técnicos elaborados por las áreas comerciales y de riesgo habrían contado con datos adulterados o esquemas de montos divergentes entre lo aprobado por el directorio y lo desembolsado finalmente.
“Aparecían más desembolsos o dinero en poder de esos beneficiarios y eso hasta para mis clientes llama la atención. Nosotros nos vamos a fiar de la investigación del Ministerio Público para saber qué pasó con eso. Ellos (directivos) se enteraron de esta irregularidad cuando llegaron las comunicaciones del Banco Central del Paraguay”, puntualizó.
El letrado manifestó además que “ahora tenemos que ver si los informes que les llegaban eran fraguados, pero eran informes que respaldaban el giro de acuerdo a lo que se les otorgaba. Yo desconozco la dinámica interna del banco, pero hay una gerencia de riesgo y un departamento comercial que arma las carpetas de créditos. Con este hecho cien por ciento podría haber más personas vinculadas en la causa, lo que se tiene que evaluar el cómo y cuándo”.
Fernández Zacur también ejerce la defensa de los directivos Diego Duarte Schussmüller y Alejandro Gómez Abente. Los mismos fueron imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Abogado exige que la investigación del caso ueno bank se extienda a autoridades del BCP
El abogado Óscar Tuma expresó que la investigación del Ministerio Público no debe limitarse a los directivos de ueno bank, refiriendo que existe una alta responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al no generar los controles y las alertas en torno a la insolvencia de la entidad bancaria.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM, Tuma mencionó que “no nos quedemos únicamente con los dueños de la institución financiera. Las instituciones públicas que desembolsaron millones de dólares lo hicieron porque justamente el Banco Central del Paraguay no estaba actuando o advirtiendo”.
Agregó que “la complicidad del Banco Central del Paraguay al no generar los controles, de no hacer los informes correctos y emitir las alertas, inducía a que las instituciones públicas cometan el error en depositar su dinero en este banco”.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “En la investigación se pueden ir abriendo diferentes frentes. Esta será una investigación muy amplia; acá evidentemente hubo varios modus operandi”.
Tuma asumió la representación de varios ahorristas quienes ya se encuentran impulsando una denuncia penal contra las autoridades de ueno bank. “Dentro del ámbito jurídico, ayer nosotros presentamos la primera denuncia. También hay otros abogados que ya lo hicieron y seguramente entre hoy, mañana y la semana que viene se irán presentando más y más denuncias. Nosotros hemos optado por dividir las denuncias, porque cuando terminábamos de confeccionar una denuncia, caían otros afectados”, detalló.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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