El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres del joven Rodrigo Quintana –quien falleció en la sede del Partido Liberal–, recusó a la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo por supuesta parcialidad en el presente proceso penal, la recusación deberá ser analizada por los integrantes del Tribunal de Apelación para saber si confirman o no la competencia de la referida magistrada en el presente proceso penal.
Del mismo modo, el referido profesional del derecho planteó una reposición contra la providencia de la magistrada, quien dispuso que solo parte del expediente principal sea derivado al tribunal de alzada. Duarte Cacavelos quiere que todo el expediente sea derivado a la Cámara de Apelaciones.
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Días atrás la jueza Benítez resolvió apartar como querella a los padres del fallecido dirigente liberal en el caso que investiga lo sucedido durante las protestas del 31 de marzo del 2018, conocido como 31-M.
Ante esta resolución judicial, Duarte Cacavelos apeló la resolución de la jueza de Garantías y ahora está en manos del tribunal de alzada decidir si ratifica la determinación adoptada por Benítez Vallejo o en su defecto revoca la misma y le sigue dando intervención a los padres de Quintana en el presente proceso penal.
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Juez concede libertad a abogada del caso IPS bajo fianza de G. 500 millones
El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.
Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Reportan nuevo presunto caso de feminicidio en Concepción
Este martes, la Policía Nacional reportó un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Concepción. El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer, quien tras cometer el hecho fue hasta su taller y se quitó la vida. Con este nuevo caso suman tres crímenes contra mujeres en los últimos cuatro días.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la siesta de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. El caso fue comunicado por vecinos, quienes escucharon un disparo de arma de fuego proveniente de la vivienda donde reside la pareja.
La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros, de 53 años, quien se encontraba en su casa, donde fue hallada sin signos de vida por los intervinientes luego de que vecinos reportaron el disparo. La misma presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza lado izquierdo.
El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer identificado como Dionisio Arévalos, de 59 años, quien estaba con paradero desconocido. Hasta que vecinos indicaron que el mismo cuenta con un taller a unos 150 metros. En el sitio los intervinientes hallaron al hombre sin signos de vida, se habría quitado la vida.
Con este nuevo crimen suman tres los presuntos casos de feminicidio en los últimos cuatro días. El primer caso se registró el pasado sábado 25 de julio en la ciudad de Guarambaré, departamento Central, y el segundo fue ayer lunes en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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