La fiscala Cinthia Leiva Cardozo logro demostrar en juicio oral y público la responsabilidad de las cuatro personas condenadas por violación a la ley de armas. Foto: Gentileza.
Condenan a cuatro personas por violación de la Ley de Armas
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Cuatro hombres fueron condenados en un juicio oral tras ser encontrados culpables por un hecho de violación de la Ley de Armas. La fiscala Cinthia Leiva Cardozo representó al Ministerio Público y produjo pruebas que sirvieron para la aplicación de la sanción penal. El debate concluyó este 19 de noviembre en la sede del Poder Judicial de la capital del Alto Paraná.
Los condenados son Jorge Amado Martínez, Miguel Martínez, Arnaldo Javier Ocampos y Serafín Paniagua. Los dos primeros fueron sentenciados a 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad, considerando que cuentan con antecedentes; el tercero a 4 años y el último a 3 años de prisión. El Tribunal Colegiado de Sentencia que dictó el fallo estuvo conformado por Zunilda Martínez, Carmen Leticia Barrios y Herminio Montiel.
Según los antecedentes, los ahora sancionados fueron aprehendidos en prosecución de una investigación por robo agravado, ocurrido el 3 de junio del 2017, a las 11:00 aproximadamente, en la vía pública, frente a la despensa Santa Marta, situada en el kilómetro 7 Monday de Ciudad del Este. Resultaron víctimas Milciades Ramón Vera y Leonardo Andrés Gómez, repartidores de una empresa de bebidas, quienes fueron despojados de G. 2.230.000.
Los cuatro hombres circulaban a bordo de un automóvil Toyota Vitz, de color plateado, con matrícula CBC 026, cuando fueron privados de libertad por agentes policiales. Del poder de los mismos fueron requisados un revólver calibre 38mm y otro de calibre 22mm, además de teléfonos celulares, según el informe oficial.
No se pudo probar que los mismos hayan sido los autores del atraco armado y finalmente fueron sentenciados por la violación de la Ley de Armas, según se dio a conocer durante el juicio oral.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento para anunciar una demanda que impugna la nueva norma federal sobre la "carga pública", la cual podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente (tarjeta verde) si dependen de beneficios públicos. Foto: AFP
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
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Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.
Feminicidio de María Fernanda: tribunal debe dictar sentencia para principal acusado
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santacruz y Roberto Estigarribia, se encuentra deliberando el fallo de primera instancia para el adolescente acusado del feminicidio de María Fernanda Benítez, hecho ocurrido en Coronel Oviedo. El nombre del procesado se omite debido a que era menor de edad al momento del crimen. Por este motivo, es juzgado bajo la legislación penal adolescente y se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad.
Semanas atrás, otro Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos implicados en el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, dada la gravedad del caso. El colegiado, integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme, emitió su veredicto final tras concluir el debate oral, escuchar a todas las partes y otorgar a los procesados el derecho a declarar.
La joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada de instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, fue hallada culpable y condenada a 10 años de cárcel. Posteriormente, a las 00:23 del miércoles, Ricardo Villamayor recibió una pena de 3 años de prisión por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia. A las 01:05, Franco Antonio Acosta fue condenado a 5 años de privación de libertad por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.
Finalmente, a las 01:22, el colegiado sentenció a 4 años y 6 meses de cárcel a Armando Silva y Karent Villar, padres del adolescente sindicado como principal responsable. Ambos fueron encontrados culpables de exposición al peligro, simulación de un hecho punible y frustración de la persecución penal.
Cámara de Senadores sanciona ley sobre restitución de pagarés
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La Cámara de Senadores sancionó este miércoles en sesión extraordinaria la ley que establece la restitución de los pagarés una vez cancelada la obligación.
Es así que el pleno aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador.
La iniciativa fue presentada por el senador Derlis Osorio y, con la aceptación de los cambios introducidos por la Cámara Baja, quedó sancionada y será remitida al Poder Ejecutivo.
En su intervención, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica de los deudores mediante un mecanismo que obligue al acreedor a devolver los pagarés una vez cancelada la deuda.
Asimismo, contempla un régimen sancionador cuya aplicación estará a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
“El objeto prevé la obligación para el acreedor de una deuda instrumentada en uno o más pagarés a la orden de entregar dichos títulos al deudor en el acto de cancelación y, ante el incumplimiento de la devolución del pagaré, el mismo quedará sujeto a las sanciones referidas”, explicó el parlamentario colorado.