La agente fiscal de Caacupé Angélica Insaurralde formuló imputación contra R.H.O. por la supuesta comisión del hecho punible de desacato a una orden judicial. El hombre se negó a realizarse la prueba de ADN en el marco de una investigación penal que averigua el paradero de una niña de siete años, desaparecida en Emboscada en abril pasado.
El imputado no se opuso, puesto que no apelaron en su momento, por tanto estaba firme la realización del examen de ADN, sostiene la imputación penal. Agrega que una vez que debía realizarse la diligencia, el hombre se negó al procedimiento, incumpliendo la disposición judicial.
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Según los antecedentes, la representación fiscal había iniciado una investigación sobre supuesto hecho punible de desacato a partir de la denuncia realizada por la jueza penal de Garantías de Cordillera sobre un supuesto hecho punible contra la ley que sanciona el desacato. El hecho ocurrió en el marco de la causa de otro hecho punible contra niños y adolescentes. Ante la negativa que constituye un acto ilegal, la agente fiscal procedió a la respectiva imputación del hombre.
Asimismo, la madre de la niña desaparecida también fue imputada por desacato a una orden judicial por negarse a ser sometida al examen de ADN.
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Proyecto del Ejecutivo dará versatilidad al transporte público, afirma viceministro
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.
“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.
Licitación de corredores
Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.
“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.
“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Ante amenaza de inminente detención, Bolsonaro niega haber desacatado orden judicial
La defensa de Jair Bolsonaro negó este martes que el expresidente brasileño haya incumplido una orden judicial de no manifestarse en redes sociales, luego de que un juez de la corte suprema advirtiera sobre la posibilidad de decretar su detención inmediata.
Bolsonaro es objeto de medidas cautelares por presunta obstrucción a la justicia relacionada a su juicio en el máximo tribunal por tentativa de golpe en 2022. Entre otras restricciones, le prohibieron el uso de las redes sociales, incluso la difusión de intervenciones públicas del exmandatario (2019-2022) por terceros.
Así que cuando el ultraderechista ofreció declaraciones a los medios el lunes -retransmitidas rápidamente en redes-, el magistrado Alexandre de Moraes dio 24 horas a sus abogados para presentar esclarecimientos, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”.
Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas”, y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.
“No hizo publicaciones, no accedió a sus redes sociales y no pidió a terceros que lo hicieran por él”, añadió.
Consultado por la AFP, el Supremo Tribunal Federal dijo que no tenía previsión sobre el siguiente paso, aunque medios brasileños apuntan a que Moraes podría pedir la opinión de la Fiscalía antes de decidir sobre el posible desacato.
El viernes, el juez prohibió a Bolsonaro usar sus redes sociales y las de terceros.
Y el lunes especificó que cualquier difusión en plataformas de intervenciones de Bolsonaro -quien había concedido varias entrevistas durante el fin de semana- constituiría una violación de las medidas y advirtió que el expresidente se arriesgaba a ser detenido.
Los abogados afirman que Bolsonaro, de 70 años, no fue notificado de esa segunda decisión, que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas a expertos legales.
En la nota, piden al juez aclarar los límites de las restricciones, señalando que la divulgación de declaraciones en redes sociales constituye una parte “incontrolable de las dinámicas contemporáneas de comunicación digital”.
El expresidente “no puede ser castigado por los actos de terceros”, apuntaron.
Moraes acusó el viernes a Bolsonaro de incitar junto a su hijo Eduardo Bolsonaro “actos hostiles” de Estados Unidos contra Brasil para obstruir su juicio.
Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño, lleva adelante desde hace meses una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump interceda por su padre.
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Trump anunció a inicios de julio aranceles del 50 % para las exportaciones brasileñas por lo que considera una “caza de brujas” contra Bolsonaro y ha insistido en que Brasil “cambie de rumbo” y “deje de atacar” al ultraderechista.
Fuente: AFP
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Fiscal imputa a principal sospechoso en el caso de homicidio de la niña de Isla Sakã
El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.