Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.

Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.

Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.

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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.

La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.

Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.

Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.

En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.

Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.

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El Gobierno realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a familias campesinas de distintas comunidades del país, algunas de ellas con décadas de espera para acceder a la regularización de sus tierras. La jornada representa un avance en la seguridad jurídica, la resolución de antiguos conflictos agrarios y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de las familias rurales.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este lunes el acto de entrega de aproximadamente 600 títulos de propiedad a familias beneficiarias de la reforma agraria de varias localidades del país. Destacó que esta acción de gobierno permite a los campesinos acelerar su propio desarrollo en el contexto de un Paraguay gigante que se levanta.

En su discurso, el presidente ratificó el compromiso de su gobierno con el desarrollo de las colonias campesinas, que tenían en la falta de regularización un importante impedimento para su progreso.

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“Aquí, el 15 de agosto del 2023, con mi compañero Pedro Alliana, dijimos que vamos a cambiar al Paraguay. Dijimos que íbamos a levantar a este gigante que por mucho tiempo estuvo dormido. Hoy podemos decir que este gigante está despertando gracias al trabajo que se está haciendo con ustedes, con los campesinos, con el pueblo paraguayo”, expresó el presidente.

Se refirió a los casos emblemáticos de conflictos por la posesión de la tierra que se solucionan mediante el trabajo articulado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Mencionó los casos de Marina Cue, Barbero Cue, Santa Teresita Itakyry, que hoy están terminando de regularizar la posesión de sus tierras para avanzar en el camino del desarrollo.

“Ese título es apenas el comienzo de la acción del gobierno, porque ese título le permite recibir financiamiento para invertir en la tierra, porque está demostrado que cuando el campesino tiene el título, el progreso se acelera”, manifestó Peña.

Refirió que, con el título en mano, las familias campesinas pueden acceder a créditos formales, además de acceder a la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería y fortalecer su acceso a los mercados. “El Paraguay que soñó Carlos Antonio López todavía lo estamos construyendo y lo estamos construyendo entre todos, pero principalmente con ustedes, con los campesinos, con los trabajadores, padres y madres que hoy están mirando el Paraguay con una esperanza”, expresó el mandatario durante el acto realizado en la fachada litoral del Palacio de López.

Señaló que su gobierno seguirá trabajando sin descansar hasta que cada campesino y familia trabajadora del campo pueda decir que algo de la patria les pertenece, que tienen un título de tierra que les permita sentirse orgullosos de ser paraguayos. “No vamos a descansar y seguiremos trabajando para que cada paraguayo pueda decir que nosotros también estamos mejor”, afirmó.

En el acto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz anunció que para diciembre de este año la institución tiene previsto finiquitar y entregar cerca de 1.000 títulos de propiedad más a beneficiarios de la reforma agraria.

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Este lunes 26 de octubre, a las 9:00, la explanada del Palacio de López será el escenario de una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el titular del Indert, Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz.

En el acto se concretará la entrega oficial de nuevos títulos de propiedad a familias de la histórica comunidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, marcando un hito para una zona tradicionalmente asociada a conflictos sociales.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo del gobierno nacional para beneficiar a comunidades emblemáticas como Marina Cué, Nueva Mestre del Chaco, Santa Lucía, Barbero Cué y Santa Teresa Mandu’arã.

Desde 1881, tras la puesta en vigencia de la Ley de Colonización en Paraguay, se habilitaron legalmente 322 colonias agrarias bajo la tutela estatal de distintas instituciones hasta llegar al actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Sin embargo, recientes investigaciones de campo revelaron una preocupante realidad: solo el 8 % de los ocupantes de estas colonias logró acceder al título de propiedad. Esta situación se debió al elevado costo de las mensuras individuales, un mecanismo burocrático que mantuvo a las familias rurales en una trampa permanente de pobreza.

La problemática se profundizó cuando en 1998 la Corte Suprema de Justicia prohibió la titulación individual mediante la Acordada 84/1998, al determinar que este método afectaba la seguridad jurídica al no considerar el polígono general de las colonias. Para revertir este escenario, la actual administración del Indert reemplazó la antigua metodología por el Barrido Predial Masivo (BPM), una innovadora herramienta que reduce en un 95 % los costos operativos de la titulación y permite avanzar hacia una regularización colectiva masiva.

Por más de un siglo, generaciones de campesinos trabajaron tierras sin una debida protección legal. Hoy, tras 140 años de espera, el Indert, en un trabajo conjunto con el Régimen Unificado Nacional (RUN), puso en vigencia una resolución histórica para saldar esta profunda deuda. Ante la expansión urbana que amenaza con desplazar a las comunidades rurales, ambas instituciones crearon una “Capa de Resguardo” para garantizar de forma gratuita el derecho inalienable al arraigo y evitar que los pobladores deban “costear trámites millonarios para defender lo que es suyo”.

El plan institucional comenzará a implementarse de manera inmediata a través de un Plan Piloto en la emblemática “Gran Colonia Caaguazú” (departamento de Caaguazú) y la “Colonia Alejo García” (departamento de Misiones). Este despliegue técnico inicial permitirá validar el procedimiento masivo en terreno para asegurar un impacto directo en la tranquilidad de las familias beneficiadas antes de expandir la cobertura de regularización al resto del país.

En un plazo de 90 días, esta iniciativa se extenderá gradualmente para rescatar y titular a las más de 320 colonias que esperaron durante décadas en el olvido. Con esta medida integral, la institución pública asume plenamente su rol tutelar de la tierra, financiando los procesos técnicos para garantizar la permanencia y el desarrollo social de las familias agrícolas en sus propios territorios.

Desde el organismo estatal reafirmaron que “la tierra no es solo un espacio físico, sino el cimiento de la dignidad humana”. Con la puesta en marcha de este marco resolutivo, no solo se agiliza la entrega de documentación dominial, sino que se devuelve la seguridad jurídica, la dignidad y el futuro a miles de productores que constituyen los verdaderos forjadores del desarrollo rural en el país.