Mario Vega, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios luego de una investigación de la Fiscalía por denuncia de coimas por US$ 200 mil para trámites de títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Vega, quien justificaba su no comparecencia ante la justicia por encontrarse presuntamente contagiado con el virus del COVID-19, ya contaba con orden de captura y fue detenido el 30 de octubre pasado en su vivienda en el barrio Sajonia. Hoy, la jueza Hilda Benítez le otorgó arresto domiciliario y le impuso una fianza real de 800 millones de guaraníes.
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A mediados de octubre pasado, el citado funcionario no fue hallado en su oficina del Indert cuando esta fue allanada precisamente con la intención de detenerlo a él y a otros funcionarios, también imputados por la misma causa. Un total de seis personas se encuentran imputadas, entre ellas el exdirector de Gabinete José Luis Clerch, el también exdirector de Asesoría Jurídica, Aldo León y el exdirector de Administración y Finanzas Diego de los Ríos, todos del mismo ente.
Pretendía huir
Acerca del momento de la captura de Vega, el comisario Luis López, jefe de la Unidad Contra Delitos Económicos había explicado lo sucedido: “Allanamos su departamento con el doctor Leonardi Guerrero, y por suerte llegamos justamente en el momento cuando él se disponía a trasladarse a otro lugar que no es su departamento, le detuvimos en unos de los pasillos del quinto piso, estaba él por ocultarse, no se opuso al arresto y estaba solo”.
Tras la imputación a Vega, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo destituyó del cargo que venía ejerciendo desde comienzos de octubre del año pasado, cuando fue nombrado por el entonces ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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Crisis en Nepal: violencia y corrupción, lecciones que Paraguay no debe ignorar, señala Gamarra
El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.
En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.
“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.
Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.
Romantizan la violencia
Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.
“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.
El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.
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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.
Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.
Defender la democracia
Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.
Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.
“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.
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Presidente de gobierno español dice que “hay jueces haciendo política”
El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.
“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.
“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.
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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.
“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.
Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.
La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.
Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.
El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.
En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.
El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.
- Fuente: AFP
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Sanabria Vierci estuvo bebiendo casi 12 horas antes de matar a cuatro personas
Eugenio Sanabria Vierci, procesado penalmente por el fallecimiento de cuatro personas en un accidente de tránsito en San Bernardino, tuvo una recaída con el alcohol y bebió durante varias horas antes de manejar su vehículo y atropellar a numerosas personas el pasado 10 de noviembre pasado, según revela el informe psiquiátrico del imputado.
Nancy Jacquet, hermana de una de las víctimas del percance en la ruta Luque- Samber, compartió el resultado del estudio psiquiátrico realizado al empresario Sanabria Vierci, quien en estado de ebriedad, atropelló y mató a 4 personas.
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El informe fue firmado por el médico psiquiatra, Miguel Cuellar,, y señala que el procesado estuvo bebiendo diferentes tipos de bebidas alcohólicas desde las 15:00 del sábado 9 de noviembre del 2024 hasta las 03:00 del domingo 10 de noviembre, día en que ocurrió el fatal accidente.
“El viernes anterior a su accidente de tránsito sufrió una recaída con el alcohol, luego de aproximadamente 4 meses sin consumo”, expresa parte del informe, lo cual demuestra que Sanabria Vierci era un consumidor de alcohol constante. Además, sufre de trastorno de bipolaridad.
Jaquet indicó que, con este resultado, su familia presentará una acción de inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal de Apelaciones de Cordillera, el cual excluyó como querellante al padre de una de las víctimas fatales y concluyó que la niña de 8 años, hija del fallecido, es la única que tiene ese derecho.
“No puedo dejar de pensar en porqué no hicieron nada. En el informe se menciona que desde hace años consume a diestra y siniestra alcohol, pastillas para dormir. Era un peligro para la sociedad y nadie hizo nada. Mataron a mi familia”, indicó a los medios de comunicación la hermana de uno de los fallecidos.
En el accidente fatal fallecieron Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años de edad; su esposa Kristin Maria Blumerother, de nacionalidad alemana, y el hijo pequeño de ambos, además de Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien iba a bordo de otro vehículo.
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