El juez penal de Garantías José Agustín Delmás firmó este jueves una resolución por la cual rechaza excepciones planteadas por la defensa de los otros coimputados dentro del caso Rodolfo Friedmann y la merienda escolar.
“Son excepciones presentadas por varios coimputados; es decir, por la defensa técnica de cada uno de ellos. Presentaron recursos de incidentes que quedaron pendientes porque este juzgado hacía uso de derecho de vacaciones y ahora estoy resolviendo recién los planteamientos”, indicó el magistrado en conversación con La Nación.
Entre los recursos presentados por los coimputados se encuentran el de reposición, apelación y solicitud de nulidad de acta de imputación.
“La postura jurídica de este magistrado es que el caso de Friedmann continúe aquí. Veremos si queda firme mi resolución o la apelan. En ese caso habrá que ver si el Tribunal de Alzada confirma la competencia de este juzgado. Debe quedar firme”, comentó.
De momento, aún no se puede continuar a una audiencia de imposición de medidas cautelares en contra del senador Rodolfo Friedmann y los demás imputados debido a las acciones dilatorias presentadas por los mismos.
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El pasado martes nuevamente se suspendió la audiencia de imposición de medidas de Rodolfo Friedmann por el caso del negociado de la merienda escolar en su época de gobernador del Guairá. El político colorado actualmente se encuentra imputado por el Ministerio Público. La diligencia judicial se pospuso debido a que otros imputados en la misma causa presentaron varias chicanas que no permitieron que se desarrolle la audiencia de imposición de medidas.
Desde su imputación, Friedmann y los demás procesados en la misma causa recurrieron a una serie de acciones judiciales para dilatar y así evitar la audiencia de imposición de medidas para enfrentar a la justicia por las denuncias del negociado de la merienda escolar en el departamento del Guairá.
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Latorre reiteró defensa de la vida y la familia
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se encuentra participando en Budapest (Hungría) en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde tuvo la oportunidad de disertar y reiteró el compromiso de Paraguay en defensa de la vida y la familia.
“La defensa de la vida, la familia, nuestra soberanía e identidad y nuestro modelo de desarrollo sostenible son banderas irrenunciables por las que el Paraguay hoy es reconocido en el mundo”, había expresado el representante nacional tras su disertación en el evento internacional, a través de la red social X.
Remarcó que observa como un gran honor compartir ideas en la CPAC, así como también tener la oportunidad de elevar la voz de Paraguay y ratificar los compromisos nacionales en una de las conferencias políticas más importantes del mundo.
“Detrás nuestro hay batallas que nos recuerdan que no estamos solos, que protegen nuestros derechos, nuestra identidad, que defienden nuestras fronteras. Es fundamental que tomemos esa bandera, haciendo prevalecer la vida desde la concepción”, expresó Latorre en su discurso.
A su vez, puntualizó la manera en la cual hoy en día Paraguay se levanta alto en su condición de humanidad frente a aquellos que pretenden hacer prevalecer factores deshumanizantes, como las políticas ideológicas que únicamente pretenden minimizar o socavar las defensas territoriales.
“Nuestra voluntad, nuestra identidad, para autodeterminarnos, haciendo un grito al unísono, que nos recuerda que no estamos solos, que hemos atravesado tormentas importantes, que hemos vivido momentos difíciles de nuestra historia, pero que vamos a prevalecer”, puntualizó el parlamentario.
Del mismo modo, hizo hincapié en la importancia de saber cómo resistir, no solo a nivel nacional, sino también en escenarios internacionales claves, como se promulga en la CPAC, apuntando así a la importancia de unificar los intereses internacionales sobre preocupaciones compartidas.
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Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
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Procuraduría recupera nueva parcela en jardines de Remansito
La Procuraduría General prosigue con la defensa del patrimonio del Estado paraguayo para recuperar las tierras del Ministerio de Defensa, ocupadas en Villa Hayes. Mediante acciones de la Procuraduría General, y dando cumplimiento a las indicaciones del presidente de la República, el Estado paraguayo tomó posesión de una nueva parcela de su propiedad. Se trata del lote N.° 5, fracción A3 de la finca 916, del Distrito de Villa Hayes, en Jardines de Remansito.
La entrega de la llave fue realizada por César Rubén Espínola Aquino, ante el procurador general de la República, Marco Aurelio González y otros representantes del Estado paraguayo.
Con la entrega de la llave del lote N.º 5, la superficie recuperada corresponde a un total de 3.719,39 metros cuadrado, lo que significa un éxito para los intereses patrimoniales de la República.
Cabe recordar que el inmueble es propiedad del Ministerio de Defensa y cuenta con unas 131 hectáreas, ubicadas en el distrito de Villa Hayes, en la zona conocida como Jardines de Remansito.
“Con este hecho, el Estado toma posesión de una parte de su propiedad y se da cumplimiento al mandato del presidente de la República, quien encomendó recuperar lo que es de todos los paraguayos. Valoramos la buena fe de las personas que entregan al Estado lo que le pertenece e instamos a que las demás personas hagan lo mismo”, indicaron.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
MÁS PARA LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.