En Caazapá, 144 auxiliares de justicia renovaron su matrícula
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En el marco de las tareas realizadas para la renovación de carnets para los abogados, peritos, escribanos y otros, dispuestas por la Corte Suprema de Justicia, ayer viernes se llevó a cabo la sexta jornada de renovación de matrículas en la sede judicial de Caazapá. Con el nuevo sistema de registro se busca organizar en forma más efectiva toda la información respecto a servicios de los profesionales, permitiendo transparentar la gestión de datos y modernizar el acceso a la información pública.
De acuerdo a los datos, un total de 136 abogados renovaron sus matrículas, 5 escribanos, y 3 oficiales de justicia. La Secretaría General de la Corte tiene a su cargo el desarrollo de estas jornadas de renovación. La actividad para la renovación de matrícula se realizó respetando los protocolos sanitarios vigentes.
El objetivo de la Corte es brindar a los abogados, escribanos y peritos los nuevos carnets habilitados que incluyen el código QR que da mayor seguridad y, a su vez, permite a la ciudadanía saber a qué abogado va a contratar.
Asimismo, en varios puntos del interior ya se realizó la jornada de rematriculación teniendo un total éxito a pesar de que, en principio, un gremio de abogado quiso impedir que el proyecto en beneficio de la ciudadanía avance. El secretario general de la Corte, Gonzalo Sosa Nicoli, fue el encargado del proyecto de rematriculación en beneficio de la ciudadanía y que tuvo el apoyo de los ministros de la máxima instancia judicial.
Liderazgo femenino: ministra Llanes recibió a la comitiva de la Federación Internacional de Mujeres FIFCJ
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La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, recibió en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción a representantes de la Federación Internacional de Mujeres en las Carreras Jurídicas (FIFCJ), con quienes intercambió experiencias sobre los desafíos de la participación femenina y la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de decisiones del sistema judicial.
La presidenta de la FIFCJ, Manoela Gonçalves Silva, manifestó que la presencia de la ministra Llanes en la máxima instancia judicial constituye un referente del liderazgo femenino en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de la eficacia de la prestación jurisdiccional. Asimismo, las representantes reafirmaron el objetivo de continuar promoviendo el acceso de más mujeres a cargos de alta responsabilidad en el sistema de justicia.
Como parte del módulo de visita guiada del programa “Educando en Justicia”, la comitiva participó de una disertación en la Sala de Conferencias del octavo piso de la Torre Norte, a cargo del magistrado Jorge Barboza, miembro del Tribunal de Apelación Laboral. Durante su exposición, abordó el rol de la Justicia laboral en Paraguay y su intervención en la resolución de conflictos vinculados con los derechos patrimoniales y personales en el ámbito de las empresas e instituciones.
Posteriormente, las delegadas mantuvieron un espacio de intercambio con los magistrados Gloria Benítez y Guillermo Trovato, miembros del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia. En la ocasión, formularon consultas sobre la suspensión o pérdida de la patria potestad en situaciones de violencia intrafamiliar en las que la madre o el niño resultan víctimas por parte del cónyuge o conviviente.
La delegación estuvo integrada por representantes de Turquía, Mozambique, Brasil y Argentina, como parte de la agenda desarrollada por la FIFCJ junto con la Asociación Paraguaya de Mujeres con Carreras Jurídicas y Sociales.
Corte gestiona recuperación de más de G. 250 millones retenidos en ueno bank
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La Corte Suprema de Justicia informó que se encuentran pendientes de transferencia por parte de ueno bank los ingresos percibidos en concepto de tasas judiciales y registrales correspondientes al 2 de noviembre de 2026, por un valor de G. 248.441.083, y al 3 de noviembre, por G. 2.007.877. El monto total asciende a G. 250.448.960, conforme al contrato suscrito con la entidad bancaria.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank. En ese marco, la Ley N° 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, lo que actualmente equivale a G. 228.300.000. Asimismo, la Ley N° 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de dicha garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables a los depositantes.
La Corte Suprema de Justicia realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos y, en caso de ser necesario, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato respectivo.
Finalmente, se recuerda que el cobro de tasas a través de ueno bank se encuentra suspendido. Los pagos pueden efectuarse en las demás entidades habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.
Édgar Rivas, juez que se encuentra en el ojo de la crítica por su dudosa actuación en el juicio civil Ypytá sobre convocatoria de acreedores. FOTO: ARCHIVO
El Consejo de la Magistratura debe enviar la terna a la Corte del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pasado 22 de septiembre, el Consejo de la Magistratura dio a conocer la conformación de varias ternas para diferentes cargos de la magistratura. Entre ellas se encuentra la del Juzgado del Séptimo Turno de la Capital, cuyo titular es el magistrado Édgar Rivas Laguardia, sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. Sin embargo, hasta la fecha, llama la atención que dicho órgano aún no ha remitido la terna a la Corte Suprema de Justicia para su estudio.
Ya transcurrieron más de 40 días y el Consejo de la Magistratura todavía no envió la terna a la máxima instancia judicial. Una vez recepcionada, la Corte tendrá un plazo de 30 días para estudiar los antecedentes de cada uno de los integrantes y definir si aparta al criticado magistrado para designar a otro postulante en su lugar. Además de Rivas Laguardia, conforman la terna para el cargo de juez civil de la Capital Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González, estos dos últimos son funcionarios judiciales que ocupan cargos importantes en el Palacio de Justicia, un factor que los ministros podrían tener en cuenta.
Por su parte, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) también debe analizar si inicia un enjuiciamiento de oficio ante las irregularidades presuntamente cometidas por el juez Rivas en el citado expediente. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley, una situación por la cual, meses atrás, la propia Corte Suprema le privó de la posibilidad de ascender como camarista del fuero civil.
Uno de los tantos hechos irregulares que habría cometido el juez Rivas fue la firma de un título de propiedad de la firma Ypytá a favor de una tercera persona, a pesar de que aún no correspondía legalmente hacerlo. El pasado 21 de agosto de 2026 venció el plazo legal para que los miembros del JEM estudiaran el enjuiciamiento del cuestionado juez, pero hasta el momento el órgano extrapoder tampoco ha incluido el caso en su orden del día.
La Corte y el Ministerio de la Defensa Pública firmaron un convenio para que se pueda instalar un centro de atención al público en la plaza de la Justicia. Foto: Gentileza
Corte Suprema y Defensa Pública acuerdan instalar oficina de atención en la Plaza de la Justicia
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La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) suscribieron este lunes un acuerdo interinstitucional para habilitar un punto de atención en la Plaza de la Justicia de Asunción, con el propósito de facilitar el acceso a los defensores públicos a las personas que acuden al Palacio de Justicia.
El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González. Participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y César Diesel.
Mediante este convenio, la Corte Suprema de Justicia concede un espacio físico al Ministerio de la Defensa Pública para la instalación de una oficina destinada a brindar asistencia y orientación jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el defensor general destacó que la iniciativa permitirá acercar los servicios de la Defensa Pública a quienes concurren a la sede judicial, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el contacto directo con los profesionales de la institución.
“Vamos a tratar de estar un poco más cerca, brindar asistencia y orientación. Eso va a significar que la gente no pierda su tiempo buscando a qué oficina o dependencia tiene que ir para tramitar sus casos”, expresó.
Asimismo, explicó que la ubicación del futuro punto de atención responde a la necesidad de ofrecer un servicio más accesible a las personas que requieren acompañamiento y orientación jurídica durante sus gestiones judiciales. Con esta iniciativa, ambas instituciones avanzan en la cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia, mediante la futura puesta en funcionamiento de un espacio que permitirá a la ciudadanía contar con atención de la Defensa Pública en el entorno inmediato del Palacio de Justicia.