El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó, este martes, por unanimidad la denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones que pesaba sobre el juez de Delitos Económicos, José Delmás, quien fue denunciado con fines extorsivos por el abogado Andrés Casati, quien ejerce la defensa del accionista de la firma Imedic S.A., Justo Ferreira, procesado por contrabando y otros delitos.
Los integrantes del jurado Adrián Salas, Gladys Bareiro de Módica, Fernando Silva Facetti, Hernán Rivas, Eusebio Alvarenga, Manuel Ramírez Candia y Cristian Kriskovich votaron por el rechazo y archivo de la denuncia presentada por el imputado Justo Ferreira y su abogado Casati.
Además de Justo Ferreira, están imputados Patricia Ferreira y los funcionarios de Aduanas Guillermo Andrés Molinas, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo. También están procesados penalmente el despachante de Aduanas, Carlos Alberto Gamarra, y Lauri Pohl.
Te puede interesar: Corte sumarió a jueza Celeste Jara que maltrató a funcionarios judiciales
Despachante a prisión
A raíz de la recusación contra el juez Delmás, el caso pasó al Juzgado a cargo de Humberto Otazú, quien días atrás ordenó la prisión en la cárcel de Tacumbú del despachante aduanero Carlos Gamarra. La presente resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Igualmente, en el mismo proceso penal el citado magistrado otorgó medidas alternativas a Lauri Pohl.
Podes leer: Caso Imedic: Fiscalía pide ratificar imputación contra el clan Ferreira
Dejanos tu comentario
Coronel Oviedo: mujer denuncia intento de desalojo
Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre que hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de la ciudad de Coronel Oviedo. La misma denuncia que desde hace ocho días sufre la intrusión en su vivienda de su exsuegra, quien ahora le exige que abandone la casa y presenta en su contra una denuncia por usurpación.
“Si bien la adjudicación de la casa salió a nombre de esta señora, la ocupante de la casa desde que se construyó soy yo, porque yo era pareja de su hijo y un tiempo después nosotros nos separamos y eventualmente la que quedó ocupando la casa siempre fui yo. La señora nunca ocupo la casa, hasta que el sábado pasado se presentó en mi casa en compañía de sus hijos y nietos invadiendo mi casa y me terminaron denunciando a mí como que ocupo a la fuerza el lugar”, relató Sosa en conversación con La Nación/Nación Media.
La misma dijo que hizo la denuncia formal ante la comisaría de la zona, pero finalmente hicieron lugar a la denuncia de su exsuegra; a pesar de esto también presentaron la causa ante un juzgado para que se determine quien debe ocupar la vivienda, atendiendo que si bien la adjudicación se dio a nombre de una persona, es otra la que ocupa el inmueble hace más de una década.
Podés leer: El 50 % de las internaciones por afecciones respiratorias corresponde a niños
“Como es un territorio social, la casa se había pagado todo en su momento al comienzo de los trámites, la adjudicación salió a nombre de la señora, pero yo le había entregado la suma de 4.200.00 para abonar por la vivienda; pero según me indicaron quienes manejan el tema de la administración de territorio social la vivienda es de quien la ocupa”, indicó la denunciante.
Sosa explicó que hasta el lunes, fecha para la cual está fijada la audiencia ante el juez, ella debe continuar en su vivienda la cual también está habitada ahora por su exsuegra y sus nietos quienes según denuncia constantemente la maltratan verbalmente y la amenazan con que lograrán el desalojo.
“Yo hace una semana no puedo ir a mi lugar de trabajo porque temo que si salgo de mi casa cuando vuelva ya no pueda ingresar; tengo una hija pequeña de cinco años quien padece de autismo y sufre mucho porque desde que estas personas ingresaron a mi vivienda se dedican a hacer fiestas y escuchar la música a todo volumen, hecho que hace sufrir muchísimo a mi hija porque es muy sensible a los ruidos y se pasa llorando”, contó la denunciante.
Lea también: Con armas largas asaltan pescadería en Asunción
En cuanto al motivo de que llevo a su exsuegra a reclamar el inmueble, Feliciana manifestó que realmente desconoce que la motivo a estar actuando así ahora, ya que la mujer cuenta con su casa propia y es de una familia que cuenta con recursos económicos, no obstante argumentó que es posible que la mujer quiera vender ahora el inmueble.
“Yo en medio de la desesperación inclusive le propuse a esta señora salir de la casa, pero con la condición de que ella me pague el dinero que yo ya invertí en el lugar, ya que luego de mudarme mande construir una muralla en todo el predio además de una cocina como extensión de la casa para que la misma sea más cómoda y tenga más lugar, de todos esos gastos yo tengo comprobantes, pero aun así su respuesta fue que para que realice reformas en un sitio que no me pertenece”, remarcó la denunciante.
Feliciana Sosa remarcó que lo único que desea es que esta persona entienda que no la puede desalojar de un espacio en el cual ella lleva 11 años viviendo y encargándose de todos los gastos, asegurado que continuara con los procesos legales debidos para que estas personas no continúen con la invasión.
Datos clave.
- Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre quien hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucia de la ciudad de Coronel Oviedo.
- Hace ocho días su exsuegra llego a la vivienda acusándola de que habría usurpado el inmueble de manera irregular y desde ese momento se encuentra en el lugar en compañía de sus nietos e hijos.
- Feliciana realizó la denuncia a las autoridades y debe aguardar la determinación de un juez para que las personas que están en su casa puedan desalojarla
Dejanos tu comentario
Plantearán el rechazo del proyecto de Ley de Devolución Premiada
El senador colorado Derlis Maidana señaló que no está de acuerdo en acompañar la propuesta de Ley de devolución premiada, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Indicó que ya está trabajando en conjunto con su colega senador Basilio Núñez, con quien estarán presentando un dictamen por el rechazo de la propuesta legislativa, en la comisión de Legislación.
El legislador explicó que tanto él como su colega, que es líder de la bancada de Honor Colorado, ya habían manifestado anteriormente, que no estaban de acuerdo con este proyecto, en comunicación con radio 1020AM.
Le puede interesar: Procurador general asume la dirección ejecutiva de la ALAP
Al respecto, explicó que esta iniciativa ignora el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional que habla sobre el principio de igualdad ante la ley, y que con solamente por ser funcionario público ya reduce la condena al 50% con la devolución de lo sustraído al patrimonio.
Explicó que esta propuesta deberá ser tratada ahora en el mes de mayo, antes de que tenga sanción automática. Indicó además que ya están contempladas tanto en el Código Penal, como en el Procesal Penal, la posibilidad de la devolución de lo sustraído.
“Por estos argumentos estamos absolutamente en contra de este proyecto y vamos, seguramente, en los próximos días sacar un dictamen en contra de la Comisión de Legislación, para que luego sea tratado en el plenario el rechazo del proyecto”, indicó.
Mencionó además, que ya estuvieron analizando, y haciendo las consultas pertinentes, ya que la legislación podría incluso ser vetado por el Ejecutivo por inconstitucional.
“Analizamos todas estas situaciones y vemos que ya está legislado en el Código Penal y Procesal Penal. Además no podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor. No consideramos que sea beneficioso”, expuso.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y la sanción ficta se prevé para el 31 de mayo. En caso de no ser tratada en la fecha, su aprobación será automática.
Siga informado con: Visita oficial: presidente Peña recibirá al primer ministro de Japón
Dejanos tu comentario
Según Dionisio Amarilla, está allanado el camino para su retorno al PLRA
El senador Dionisio Amarilla se refirió a la desestimación de la denuncia impulsada por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, contra 3 camaristas electorales que dejaron sin efecto la expulsión tanto de Amarilla, como de los senadores Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.
Amarilla indicó que con la decisión se allana el camino para su retorno y el de sus colegas a la nucleación opositora. “Es cuestión de días y mero trámite nuestro retorno al partido”, sostuvo el congresista en una entrevista con los medios de prensa.
Fleitas acusó a los camaristas de haber incurrido en prevaricato cuando ordenaron la reposición de los parlamentarios en carácter de afiliados. “Queda al desnudo que las acusaciones infundadas, incluso de manera temeraria contra estos magistrados era solamente una denuncia para sacarnos de la competencia futura que se dará para la renovación del partido”, refirió.
Asimismo acotó: “Anémicos, por sobre todas las cosas personas sobre quienes existen sospechas fundadas de que han aplicado de manera irregular los fondos públicos como el caso de Hugo Fleitas me ha preocupado porque si nosotros llegamos al partido revisaremos con lupa cómo se administraron los fondos. Ellos creen que quitarnos de la nucleación política, podrán seguir sobreviviendo”.
Afirmó además que no solo el temor a que haya un mayor control de los recursos económicos del PLRA motivó al sector oficialista para concretar su expulsión. “Ellos saben que si tomamos la conducción política iremos por el poder. Nosotros hacemos los acuerdos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir lo hacemos con todas nuestras fuerzas”, afirmó.
Dejanos tu comentario
Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
Leé también: PPQ apunta a intendencias de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación
De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
Te puede interesar: Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte