El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación confirmar la resolución del juez Humberto Otazú, en la que se ratificó días atrás sobre la imputación por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal contra el accionista de la firma Imedic SA, Justo Rubén Ferreira, y su hija Patricia Ferreira. La contestación de la Fiscalía se genera debido a que la defensa de los dos imputados siguen chicaneando y han apelado la determinación de Otazú, quien confirmó la imputación contra padre e hija.

Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Luis Arce y Diego Arzamendia argumentaron para pedir el rechazo que “los imputados fueron informados en forma íntegra sobre los hechos perseguidos y su significado, enterándose los mismos de la hipótesis fiscal conforme a las constancias de acceso al cuaderno de investigación fiscal”.

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Asimismo, mencionan que “el Ministerio Público logró identificar correctamente a cada uno de los imputados y además de estimar el tiempo necesario para formular acusación, describió la relación fáctica de manera íntegra, precisa y concisa de los supuestos hechos atribuidos a cada uno de ellos”, indica parte del escrito fiscal.

Con base en las argumentaciones expuestas, los agentes fiscales citados más arriba solicitan al tribunal correspondiente el rechazo de la apelación planteada por la defensa de Ferreira y su hija, y piden ratificar la imputación contra las dos personas. Ahora, el expediente deberá subir a la Cámara de Apelaciones, donde se deberá analizar el presente caso y, de confirmarse la resolución del juez Otazú, el expediente deberá bajar al citado magistrado, quien tendrá que fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Justo Ferreira y su hija siguen en libertad gracias a las innumerables chicanas que ya presentaron y debido a estas, aún no se pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se deberá definir si ambos son remitidos a las cárceles de Tacumbú y del Buen Pastor, respectivamente.

Despachante, a prisión

Asimismo, el magistrado Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú del despachante aduanero Carlos Gamarra, imputado por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el caso de la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud. Donde también está imputado y con pedido de prisión Justo Ferreira, accionista de la firma Imedic SA. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

El juez Otazú, por pedido del fiscal Osmar Legal, decidió conceder medidas alternativas a la prisión al imputado Lauri Pohl, quien de acuerdo a lo debatido en la audiencia de imposición de medidas ha estado colaborando con la presente investigación, por lo que el fiscal del caso decidió rectificar su pedido de prisión y solicitó al magistrado la aplicación de medidas alternativas, pedido al que se hizo lugar.

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