Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes se llevó a cabo esta mañana una firma de convenio interinstitucional con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Con este acuerdo se pretenden generar estrategias que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes del país.
El director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera Echeverría, afirmó que con el convenio se busca fortalecer las acciones de trabajo colaborativo en pos de garantizar el acceso a la justicia a niños y niñas de todo el país, como también afianzar las políticas públicas en el ámbito de niñez en la justicia. Finalmente, destacó la predisposición de la actual directiva de la Corte Suprema de Justicia de acceder a trabajar con la CDIA.
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Es importante destacar que el presente convenio también pretende construir un espacio de articulación y coordinación para la incidencia en políticas establecidas en las legislaciones vigentes en materia de niñez y adolescencia, así como vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos a la luz del marco normativo vigente.
De la reunión también participaron la responsable de la Dirección de Derechos Humanos, abogada Nury Montiel, y el secretario general del Consejo Directivo del CDIA, Miguel Fleitas Martínez.
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Corte implementará sistema digital para concursos de ingreso y promoción de personas
En la sesión plenaria de este miércoles, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, informó sobre la próxima implementación de una herramienta digital que permitirá gestionar de forma remota los concursos de ingreso y promoción de personas en el Poder Judicial.
La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2021–2025 y responde al objetivo de fortalecer los procesos de selección con mayor transparencia, accesibilidad y eficiencia, informa el sitio web del Poder Judicial.
La iniciativa se desarrolla conforme a lo establecido en el Acta N.º 22 del Consejo de Superintendencia, de fecha 24 de junio de 2025, que autoriza la implementación de herramientas digitales orientadas a optimizar los procesos de selección del personal en el Poder Judicial.
El diseño y desarrollo del sistema está a cargo de la Dirección General de Capital Humano, a través del Departamento de Selección de Personal, de la Dirección de Planeación y Selección de Personal, y con el apoyo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
El uso de esta plataforma permitirá a los postulantes completar el proceso de inscripción de forma virtual mediante el sitio web institucional (www.pj.gov.py), sin necesidad de presentar documentos físicos en esta etapa inicial. Esta funcionalidad representa un paso importante hacia la digitalización integral de los procedimientos concursales.
La herramienta contempla módulos para la carga de datos personales, la validación de requisitos y la generación automatizada de listados, lo que facilitará el control interno, agilizará los tiempos administrativos y garantizará una trazabilidad completa del proceso.
Asimismo, se espera que el nuevo sistema contribuya a descentralizar la participación en los concursos, permitiendo que personas de distintas regiones del país accedan a las convocatorias en condiciones de equidad, fortaleciendo así los principios de transparencia y meritocracia en la función pública judicial.
Las personas interesadas pueden estar atentas a las actualizaciones en la página web o comunicarse al Departamento de selección de personal para más información.
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Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. El fallo, emitido este 20 de agosto con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, permite al juez Humberto Otazú volver a fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van o no a juicio oral y público.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Corte debe resolver 87 acciones presentadas contra fallos del TSJE y el JEM
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.
Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.
De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.
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