Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes se llevó a cabo esta mañana una firma de convenio interinstitucional con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Con este acuerdo se pretenden generar estrategias que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes del país.
El director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera Echeverría, afirmó que con el convenio se busca fortalecer las acciones de trabajo colaborativo en pos de garantizar el acceso a la justicia a niños y niñas de todo el país, como también afianzar las políticas públicas en el ámbito de niñez en la justicia. Finalmente, destacó la predisposición de la actual directiva de la Corte Suprema de Justicia de acceder a trabajar con la CDIA.
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Es importante destacar que el presente convenio también pretende construir un espacio de articulación y coordinación para la incidencia en políticas establecidas en las legislaciones vigentes en materia de niñez y adolescencia, así como vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos a la luz del marco normativo vigente.
De la reunión también participaron la responsable de la Dirección de Derechos Humanos, abogada Nury Montiel, y el secretario general del Consejo Directivo del CDIA, Miguel Fleitas Martínez.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Peña firmó el decreto que reglamenta Ley Hambre Cero
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto 1584, que reglamenta la Ley de Hambre Cero en las Escuelas.
El anuncio se dio por parte del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y varios gobernadores e intendentes.
“Hemos logrado hoy ya emitir el decreto reglamentario de la ley de alimentación escolar, un primer paso determinante que hemos estado trabajando estos días y con eso arranca el gran desafío de llevar adelante esto”, anunció el ministro Tadeo Rojas, presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae).
Las autoridades nacionales y locales se reunieron con el presidente Peña para abordar los principales puntos de la reglamentación de esta ley, que asegurará la alimentación de los alumnos en las escuelas y colegios. “En la reunión que hemos tenido con el presidente de la República, Santiago Peña, los gobernadores y algunos intendentes representantes, presidentes de consejos de intendentes de todo el país y los miembros del Conea, se tomó determinaciones muy importantes”, refirió Rojas.
Entre las determinaciones tomadas en esta reunión se anunció el inicio de la distribución de la alimentación escolar con la nueva ley a partir de los primeros días de agosto.
“Entre ellas, el objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar, prácticamente es un hecho, conforme al calendario que llevamos aprobado hoy, que sea proveído a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, informó el ministro Rojas.
Se determinó, además, iniciar con la distribución en 75 distritos de 7 departamentos, mientras que serán prioridad 22 localidades, según la reglamentación rubricada ayer miércoles.
“Se ha resuelto determinar, encarar el desafío en 75 distritos. Existen 7 departamentos que hoy están priorizados dentro del sistema de protección social; estos también tienen seleccionados 22 distritos, pero igualmente se han incluido 3 distritos de cada departamento”, indicó.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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