Este lunes se suspendió el juicio oral y público para el expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, junto con otras personas. “El Ministerio Público ha solicitado, con base en pedidos, un nuevo perito y consideramos también la suspensión de este juicio que ha sido fijado con anterioridad”, manifestó la fiscala Natalia Fúster a los medios de prensa.
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Sostuvo que el caso audios es una causa más antigua y se fijó la fecha del juicio oral y público hace tiempo y que ya están dadas las condiciones para llevar a cabo, pero considera prudencial para la culminación de las pericias. La fiscala indicó que el perito del Ministerio Público solicitó una prórroga hasta el 21 de octubre, pero que también están pendientes otros pedidos de la defensa del expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Consideramos este plazo prudencial para que se terminen las pericias, tanto del Ministerio Público como las ofrecidas por la defensa del señor Cárdenas y los demás procesamos en la causa. Sería bueno contar con todos los elementos antes de iniciar el juicio”, agregó la agente de la Fiscalía.
Los agentes fiscales Josefina Aghemo y Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, formularon acusación contra Cárdenas y solicitaron que el presente caso se eleve a juicio oral. Los hechos punibles atribuidos al extitular del Indert son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Él no habría podido justificar la suma de G. 2.600 millones en sus ingresos.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Indert avanza con titulación de tierras en Itakyry tras una década de conflicto
Las autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) confirmaron que la colonia Santa Lucía, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, avanza hacia la solución de un prolongado conflicto por la tierra.
En ese contexto, se destaca la gestión del sacerdote Pascual Kinoti al frente de la Comisión de Mediación en Conflictos, que fue clave para lograr este beneficio para las familias rurales.
En el marco de las negociaciones, el día de ayer domingo, se cumplió en la emblemática colonia con uno de los requisitos estipulados en la ley para acceder a la titulación: el pago del 3 % del precio de cada lote por parte de los pobladores.
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“Este avance representa un paso significativo hacia la pacificación de la comunidad y demuestra la importancia de la mediación, el diálogo y la construcción de acuerdos para encontrar soluciones duraderas a los conflictos agrarios”, resalta un informe del Indert.
Así también, el ente destaca que el proceso reafirma la importancia de incorporar a las propias organizaciones campesinas en la búsqueda de soluciones, promoviendo acuerdos que contribuyan a la convivencia pacífica y al desarrollo de las comunidades rurales.
Se aclara que en el marco del proceso de regularización, los pobladores realizan el pago del 3 % del valor de cada lote, un requisito legal establecido para la titulación de tierras destinadas a la reforma agraria, de acuerdo con el régimen aplicable.
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Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Fideicomisos de Leoz y Atlas en la mira en nueva causa
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso. Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero.
“Una vez que formularon su acto conclusivo, y en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público, regido por el principio de legalidad procesal, está obligado a investigar cuando toma conocimiento de elementos que generan sospechas, incluso a partir de indicios, sobre la posible comisión de un hecho punible”, señaló Lovera en declaraciones a Nación Media.
En este sentido detalló que a través de una tarea de revisión de esos antecedentes, y un pronunciamiento de la Fiscalía General, se señala que se identificaron nuevos hechos, diferentes a los que fueron acusados en el caso Banco Atlas – Conmebol. En este caso, se investigan las operaciones respecto a fondos depositados por Nicolás Leoz, y otros hechos.
El abogado señaló que Leoz realizó una serie de adquisiciones de inmuebles, que se iniciaron desde el año 2000 en adelante, esto con una sospecha razonable que lo hizo como consecuencia de los perjuicios a la Conmebol, y el Banco Atlas también habría realizado estos fideicomisos.
“Esos inmuebles fueron objetos de loteamiento para la venta y luego Nicolás Leoz cuando es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de activos en la misma época de estos fideicomisos del banco Atlas también hizo otros fideicomisos inmobiliarios. Eso implicó también blindar esos inmuebles y en ese contexto proseguir con esos procesos de loteamiento y venta, y asegurarse esos recursos en el sentido de la protección de una figura como el fideicomiso”, detalló.
Agregó que, en ese contexto, “por lo que se pudo identificar en la información recopilada en esta otra causa estaban inmobiliarias como Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria Raíces, y que finalmente terminaron administrando esos fideicomisos inmobiliarios en ese marco, respecto a otro banco diferente a Atlas”.
El letrado sostuvo finalmente, que “esos fideicomisos iniciaron por valores cercanos a los 2 millones de dólares, pero por lo que se obtuvo en esa investigación, a finales de ese año en el cual iniciaron los fideicomisos eran inmuebles por valor de 20 millones de dólares, inclusive superando”.
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