El extitular del Indert Horacio Torres y el exdirector jurídico Enrique Gómez de la Fuente, están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente amañar un negociado de 16 mil hectáreas de tierras con documentos que habrían sido falsificados, para poder adjudicar a cuatro personas que no reunían los requisitos. La fiscala del presente caso es Natalia Cascavelos, quien ya ha solicitado varios informes al Indert.

Los hechos específicos que se está indagando son producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de instrumento público de contenido falso, debido a que habrían falsificado documentos de terceros para beneficiarles con 16 mil hectáreas de tierras en el Chaco, que estaban en pleno trámite de titulación a favor de Rolando Fernández.

Dentro del presente caso, también están siendo investigados Marcelo Fabián Morínigo, María Alejandra González Rodríguez, Tanya Jaqueline González Rodríguez y Javier Ruiz Flores, quienes según la pesquisa serían las personas beneficiadas por Torres y De la Fuente con varios lotes de tierra, totalizando así 16 mil hectáreas, a pesar de que los citados no reunían las condiciones ni tenían derecho sobre las propiedades.

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Según consta en el Ministerio Público, el denunciante Rolando Fernández compró varios lotes de tierras fiscales que decidió llamar Estancia Cristo Rey y señaló que cuando quiso titular los funcionarios del Indert le pusieron varias trabas para no entregarle el título de los inmuebles.

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Agregó el denunciante que mediante documentos falsos los nuevos adjudicados iniciaron una demanda fraudulenta de interdicto de retener la posesión del inmueble donde obtuvieron una sentencia irregular con falseamiento de datos, pero como no pudieron lograr que los ocupantes legales salgan de la propiedad, los nuevos adjudicados realizaron un desalojo violento llevado a cabo por un grupo de alrededor de 25 hombres fuertemente armados.

La denuncia por coacción, robo agravado y abigeo fue radicada ante la comisaría y la Fiscalía de Filadelfia el 16 de setiembre del 2019. Los afectados sostienen que el entonces titular del ente estatal Horacio Torres y su director jurídico Gómez de la Fuente, están en conocimiento del caso, apañan a las personas que ingresaron a la fuerza a ocupar las tierras y que incluso son los impulsores del negociado de estas 16 mil hectáreas.

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