La defensa de Marcelo Nicolás Vergara, procesado penalmente por el delito de estafa y quien ya estuvo preso más de seis meses cumpliendo así la pena mínima, solicitó a la Dirección de Auditoria de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia que audite el expediente judicial caratulado “Marcelo Vergara sobre estafa”, a raíz de varias irregularidades que habrían sido cometidas por varios jueces y en especial, la última resolución de la magistrada Carmen Román, quien llamativamente revocó la libertad del procesado y ordenó su prisión preventiva.

Ahora serán los funcionarios de la referida dirección dependiente de la máxima instancia judicial quienes deberán auditar el citado expediente judicial y en caso de existir irregularidades en las actuaciones de los jueces de garantía que tuvieron el presente expediente, se informará a los ministros de la Corte que tienen la potestad de enviar los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Actualmente, la resolución judicial donde sorpresivamente se volvió a ordenar la prisión del imputado está apelada y será un tribunal de alzada quien deberá expedirse sobre si corresponde revocar la determinación adoptada por la jueza Román o en su defecto, confirmar el criticado fallo.

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Antecedentes

El presente proceso penal es inédito, debido a que el imputado Marcelo Vergara había adquirido dos dúplex del denunciante del presente caso, Martín Ponisio, a quien abonó la suma de G. 1.100 millones y donde el hoy denunciante le entregó recibos de dinero. Al no poder transferir a su nombre los inmuebles, Vergara inició en el ámbito civil un juicio de obligación de hacer escritura pública tratando de que la justicia le brinde la garantía para transferir lo que había comprado.

Ante este hecho, Ponisio realizó una denuncia por supuesta estafa ante el Ministerio Público y contrató al estudio jurídico del actual candidato al Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello y Harry Biederman. A raíz de la intervención de los citados profesionales el caso avanzó notablemente y el Ministerio Público formuló la imputación contra quien compro los dúplex e inició un juicio civil para lograr titularlo.

La imputación se presenta en el juzgado de Luque donde un juez de garantía ordenó la prisión del imputado, quien estuvo preso por 6 meses cumpliendo la pena mínima, logrando así salir de la cárcel bajo la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión.

Pasaron los días y la querella adhesiva representada por Biedeman y Paciello presentó una supuesta prueba donde el imputado habría violado sus medidas, por lo que pidieron a la jueza Román la revocatoria de la libertad y la citada magistrada hizo lugar y dispuso la prisión a pesar de que el procesado ya cumplió la pena mínima.

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