Este viernes estaba fijado el inicio del juicio oral por el feminicidio de Carmen Servián ocurrido el 4 de marzo de 2023 en el departamento de Itapúa, pero el Tribunal de Sentencia decidió postergar el juicio porque el fiscal de la causa no estaría disponible por una urgencia. La fecha prevista para dar inicio al juicio es el 20 de octubre del presente año, situación que indignó a los familiares de la víctima.

Esta mañana se debió dar inicio al juicio contra Antonio Villalba Armoa, de 35 años, que había asesinado a su pareja en la localidad de Puerto Triunfo, distrito de Natalio. Desde allí llegó la familia de la víctima tras viajar casi tres horas para enterarse de que el juicio fue postergado. Sus hijos y padres se mostraron muy consternados con este cambio, exigieron al Tribunal que dejen de favorecer al asesino.

“Nos avisaron que el fiscal titular está de vacaciones y que debía asumir el interino, pero tomaron la decisión de suspender el juicio. Hoy recién nos notificaron que se suspendió, nosotros llegamos hasta acá y nos avisaron. Queremos que esto se termine y que mi hermana Carmen pueda tener justicia”, detalló Noelia Servián, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.

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Carmen decidió separarse de Antonio y este no aceptó la situación, por lo que decidió amenazarla a ella y toda su familia. Tras recibir las amenazas, la mujer decidió radicar la denuncia ante las autoridades y decidieron otorgar una medida de alejamiento contra el hombre, pero él violó esta y llegó hasta la casa de la señora Servián.

Luego de recibir la orden Antonio llegó a la casa y decidió acabar con la vida de Carmen, desenfundando un arma de fuego y disparando contra su humanidad frente a sus tres hijos. Tres de los proyectiles impactaron contra el cuerpo de la víctima y terminó falleciendo cinco días después en el Hospital Regional de Encarnación.

Los hijos de 15, 12 y 10 años quedaron bajo el cuidado de sus familiares maternos, especialmente sus abuelos. Los chicos siguen sufriendo las consecuencias psicológicas y emocionales de lo que vivieron, con ataques de ira, muchísimo miedo y una pena continua de haber perdido a su madre.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El fiscal Rodrigo Vázquez apeló la absolución de culpa y pena del docente de Villarrica que fue acusado por acoso sexual, cuya víctima es una niña de tan solo 11 años de edad, alumna del procesado. Ahora será un tribunal de apelación el que deberá estudiar si corresponde que el profesor vuelva a ser juzgado por otro tribunal de sentencia.

Con la apelación, el representante del Ministerio Público quiere que se anule la absolución del docente y por ende que sea otro colegiado quien vuelva a realizar el juicio oral y público atendiendo a que se tiene varios elementos probatorios para poder llegar a una condena.

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De acuerdo a los antecedentes de la causa, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto del 2022, utilizando la mensajería instantánea (WhatsApp), el docente enviaba mensajes de texto y audios a la menor de 11 años.

Es importante señalar que un tribunal de sentencia de la ciudad de Villarrica, integrado por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz, absolvió de culpa y pena al docente Juan Insaurralde, de 56 años, quien fue acusado por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años en el año 2022. La menor cursaba el sexto grado en una institución pública de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.

La absolución del docente generó repercusión tras la difusión de mensajes de texto enviados por el docente fuera del horario escolar, en los que se dirigía a la niña con frases como “estás linda”, “mi amor”, “eres mi princesa” e incluso, según versiones, manifestaciones más explícitas como “quiero besar tus pies” o “quiero sentir tu cuerpo”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que estos mensajes no fueron incorporados en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez.

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El juicio oral y público para Héctor Grau, acusado por lesión grave durante la agresión que propició al joven Benjamín Zapag, hijo del empresario Raúl Zapag, se realizará los días 5 y 6 de junio de este año. Así lo resolvió el tribunal de apelación al rechazar el incidente presentado por la defensa del acusado.

El abogado Álvaro Arias, defensor de Grau, sostuvo que el juicio oral no se debe realizar aún ya que existe una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del coimputado Marcello Fretes Laterra. La resolución judicial lleva la firma de los camaristas Arnaldo Fleitas, Belén Agüero y Arnulfo Arias.

El tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado en el presente caso está integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.

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El pasado 26 de marzo del 2024, la jueza Cynthia Lovera elevó la causa a juicio oral y le dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo para Marcello Fretes.

La agresión se registró el 6 de noviembre del 2022, en el interior del baño de la discoteca asuncena Morgan Warehouse. Debido a los golpes que sufrió, la víctima debió ser sometida a una cirugía por lesión maxilofacial y se le practicó una reconstrucción facial en la zona del ojo.

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