Un jurado de una corte estadounidense desestimó el lunes la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores por haber sido presentada fuera de plazo, lo que pone fin a una batalla judicial clave en el sector de la inteligencia artificial y de Silicon Valley. Musk demandó a OpenAI por pasar de ser una modesta organización sin ánimo de lucro a un gigante valorado en 850.000 millones de dólares.

Los miembros del jurado del tribunal federal de Oakland (California) consideraron que los hechos demandados habían prescrito, por lo que desestimaron la demanda contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; su presidente, Greg Brockman; la Fundación OpenAI y Microsoft.

La decisión fue ratificada y confirmada por la jueza del caso, Yvonne González Rogers. Durante las tres semanas de audiencias previas pasaron por el estrado varias de las grandes figuras de la IA. En su cuenta en X, el magnate anunció que apelará el caso, ya que “el jurado nunca se pronunció realmente sobre el fondo del asunto” y que “saquear organizaciones benéficas es increíblemente destructivo para la filantropía en Estados Unidos”.

La persona más rica del mundo también arremetió en redes contra la jueza Gonzalez Rogers por sentar un “precedente terrible”, acusándola de ser una “jueza activista” que utilizó al jurado para cubrir un fallo defectuoso que podría haber dictado ella misma.

Sin embargo, Musk borró ese tuit unas horas más tarde.

OpenAI veía amenazado su futuro en caso de haber perdido esta causa. Una de las posibles consecuencias era que fuera obligada a funcionar de nuevo sin ánimo de lucro.

Esta medida habría frenado por completo su programada salida a bolsa y echado por tierra los miles de millones de dólares de inversores como Microsoft, Amazon y SoftBank en medio de la carrera por el negocio de la IA.

“La conclusión del jurado confirma que esta demanda fue un intento hipócrita de sabotear a un competidor”, declaró el abogado de OpenAI, William Savitt, a las puertas del tribunal.

El dueño de SpaceX y Tesla alegaba que Altman y Brockman habían utilizado una donación de 38 millones de dólares que había realizado a OpenAI para que operase como un centro de desarrollo de IA en beneficio de la humanidad.

Musk argumentó en su comparecencia que el giro de OpenAI, de una organización sin ánimo de lucro hacia una de las principales compañías del sector, traicionaba su mandato original.

El jurado tuvo que resolver primero una cuestión preliminar: si los hechos que demandó Musk en 2024 habían prescrito.

La jueza señaló antes de las deliberaciones que el veredicto del jurado sobre la prescripción sería consultivo, pero afirmó que probablemente seguiría su recomendación.

De haber seguido el caso, los miembros del jurado —y, en última instancia, la jueza— habrían tenido que determinar si los cofundadores de OpenAI se apropiaron indebidamente de las donaciones de Musk e incumplieron sus promesas con el fin de seguir una vía comercial y enriquecerse.

El jueves, el abogado de Musk, Steven Molo, atacó la credibilidad del director ejecutivo de OpenAI, al invocar la visión fundacional de la compañía: “Una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial, de código abierto en la medida de lo posible, en beneficio de la humanidad”.

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, respondió con un ataque contra Musk, para lo que usó el testimonio de Shivon Zilis —una socia comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos— y que había actuado como intermediaria entre las partes de este caso.

“Ni siquiera las personas que trabajan para él, ni siquiera la madre de sus hijos, pueden respaldar su versión”, dijo Eddy.

Musk abandonó OpenAI en 2018 y desde entonces ha llevado a cabo proyectos de IA a través de su empresa aeroespacial SpaceX después de absorber su startup de este campo, xAI.

Altman, que fue despedido inesperadamente por la junta directiva de OpenAI en noviembre de 2023 por falta de transparencia antes de ser readmitido a petición de los empleados, sale de este juicio con graves acusaciones de manipulación y de fomentar una cultura laboral tóxica, denuncias sobre las que el jurado no se ha pronunciado.

Fuente: AFP.

Un abogado enfrentará un juicio oral y público por instalar dispositivos de vigilancia y acceder ilegalmente a cuentas personales de su expareja. La afectada es una agente fiscal. Además, mantenía relaciones con una menor de edad, con quien utilizaba el mismo modus operandi, por lo que será juzgado por pornografía infantil.

El hombre instaló un dispositivo de GPS de manera a controlar todo lo que hacía la fiscala, dónde se movilizaba y todos los movimientos que realizaba. También pudo acceder al vehículo con una copia de la llave que realizó sin autorización de la propietaria. “Él tenía acceso a todo”, precisó hoy la fiscal Irma Llano, en declaraciones a la 1020. Sin embargo, descartó que haya contado con ayuda de algún experto.

“Él tenía conocimiento de herramientas de informática. Aparentemente, todos estos hechos fueron realizados por él en persona”, indicó. Pero el hecho de ser profesional del Derecho es un agravante, porque “conoce muy bien con relación a hasta dónde abarca el derecho con relación a cada uno y de los delitos que está cometiendo”, aclaró.

De acuerdo a la acusación presentada por la víctima, el letrado accedió incluso al celular de su expareja, teniendo acceso a su correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias.

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Asimismo, realizó copias de seguridad y copias de pantalla al contenido almacenado en el celular y a través de lo cual pudo obtener conversaciones, mensajes, cuentas personales, videos y fotografías que pertenecen a esta mujer y cuyo contenido es de carácter personal y privado.

No contento, el abogado llegó a instalar cámara oculta en la habitación de la mujer, donde la filmó en distintas situaciones íntimas y privadas, sin el consentimiento y sin el conocimiento de la víctima, violando su privacidad y su intimidad.

El acusado se expone a tres hechos punibles: acceso indebido a sistemas informáticos, lesión al derecho a la comunicación y a la imagen y pornografía relativa a niños y adolescentes. Este último caso fue incluido debido a que, a partir de la investigación inicial, se descubrió que mantenía relaciones con una menor y que utilizaba el mismo modus operandi.

En ese sentido, fueron encontradas fotografías y videos de una menor de edad vestida con el uniforme de un colegio. También se hallaron fotografía de la cédula de la menor e imágenes de las partes íntimas de la adolescente.

“Se realizaron varios procedimientos y la extracción de los dispositivos involucrados, donde se pudo constatar otro hecho nuevo que sería pornografía infantil en niños y adolescentes, producción y exposición de las mismas”, confirmó la agente fiscal.

Por tales motivos, el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, envió la causa a juicio oral y público. En tanto, la fiscalía pidió resguardo para la víctima por la gravedad de los hechos. “Estas actitudes no son normales, son hechos peligrosos que pueden llevar a otros hechos más graves como feminicidios. Son cuestiones alarmantes que hay que tomar los recaudos necesarios”, subrayó la representante del Ministerio Público.

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El tribunal de sentencia que juzga al exministro Arnaldo Giuzzio ya recibió formalmente la extracción de datos del teléfono celular incautado en Brasil de Lindomar Reges Furtado, quien fue condenado en el vecino país a 37 años de prisión por narcotráfico, informó desde judiciales el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.

Con esta información que recibió el tribunal se deberá designar a los peritos traductores que estarán a cargo de realizar la traducción al castellano y posteriormente deben exponer en el juicio oral y público que enfrenta Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Pauda.

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El pedido de incluir la extracción de datos del celular perteneciente a Lindomar ya se había realizado al inicio del proceso del juicio oral contra Giuzzio por parte de la fiscalía en el marco de la inclusión probatoria, se hizo lugar a este pedido, se libraron los exhortos correspondientes a la justicia brasileña que cumplió y remitió el informe de los datos extraídos.

El objetivo de la Fiscalía es dilucidar si existieron vínculos entre Lindomar Regis y el exministro, teniendo en cuenta que el ahora condenado en Brasil sería socio comercial de Marcus Vinicius, éste último habría montado empresas en Paraguay para proveer al Estado paraguayo, a través del Ministerio del Interior, cartera que estaba al mando de Arnaldo Giuzzio.

También se sospecha que Lindomar Reges había aportado capital a las empresas de Marcus Vinicius, por lo que se incluyó en la causa judicial que continúa en contra del exministro Giuzzio.

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Uno de los pasajeros españoles evacuado del crucero Hondius dio positivo provisional en hantavirus pero no presenta síntomas, anunciaron el lunes las autoridades sanitarias españolas.

“Un pasajero español aislado en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la prueba PCR que se ha realizado a la llegada. En la actualidad no presenta síntomas y su estado general es bueno”, indicó el Ministerio español de Sanidad, que precisó que “en las próximas horas se sabrán los resultados definitivos”. Los otros 13 españoles dieron negativo, agregó.

• Fuente: AFP

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