El agente fiscal Darío Villagra formuló imputación contra Arsenio Reinaldo Romero, por la supuesta comisión del hecho punible de coacción sexual y violación en grado de tentativa, por ser sospechoso de la violación a una mujer de 90 años de edad. Además, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que declare la rebeldía y se solicite la orden de captura judicial.
Asimismo, el fiscal pidió la prisión preventiva para el imputado. Cabe resaltar que el hecho no fue consumado mediante la intervención de los familiares que se percataron de las intenciones del hombre. Tras la inspección médica, se constató que la mujer no sufrió daños físicos severos.
Según los antecedentes, el 8 de agosto, en la compañía Caazapá de Carapeguá, Arsenio Reinaldo Romero habría intentado someter sexualmente a la mujer. Para ello habría puesto un trapo en el cuello de la víctima, ocasionándole lesiones.
Se trata de una mujer de 90 años que vivía sola en su domicilio. La mujer aparentemente fue víctima de un intento de abuso sexual. El supuesto autor sería un vecino que ingresó a su vivienda totalmente alcoholizado.
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Dan entrada oficial a proyecto que plantea 90 años de pena máxima: “Es un clamor nacional”
El diputado independiente Rubén Rubin realizó este martes la entrega oficial del proyecto de ley que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La iniciativa plantea la modificación del Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La propuesta también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. “Hoy es un día histórico, acabamos de dar mesa de entrada a este proyecto que pretende incorporar al Código Penal la prisión permanente con revisión que es un clamor popular y nacional que queda claro después de meses de debate. Durante mucho tiempo la clase política, los prodelincuentes o los supuestos defensores de los derechos humanos le daban justicia al pueblo paraguayo a través de discursos vacíos, retóricas y minutos de silencio, pero esto se acabó“, indicó a los medios de comunicación.
El proyecto de ley refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal. “Ahora vamos a aplicar la justicia con toda la fuerza que nos concede el pueblo paraguayo y vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, que toquen a nuestras mujeres, que maten a uniformados en servicio y cualquier persona que mate en las calles luego de un hurto agravado. Perderán su libertad de por vida”, expresó.
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De acuerdo con la propuesta, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“Como dice nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no perderán su derecho a revisión porque buscamos aplicar una prisión permanente con revisión como hace toda la región. Le digo al pueblo paraguayo que se quede tranquilo, no estamos innovando legislativamente, no pido que me sigan a un salto al vacío o a un terreno desconocido, sino hacer todo lo que hizo la región”, remarcó.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Fiscal imputa a principal sospechoso en el caso de homicidio de la niña de Isla Sakã
El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.