La agente fiscal Analía Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, formuló imputación contra una mujer de 50 años identificada con las iniciales JODR, quien presuntamente sería responsable de la comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber del cuidado.
Según las pesquisas, en una vivienda situada en la ciudad de Minga Guazú, la ahora procesada se dedicaba a explotar sexualmente a su hija, una menor de 12 años y a otra niña de la zona, de 13 años.
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La sospechada presuntamente organizaba fiestas nocturnas en su casa en las que invitaba a hombres, quienes a cambio de dinero tenían relaciones sexuales con las menores.
Los hechos fueron denunciados por un vecino de la zona a través del servicio de Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. El procesamiento está sustentado en evidencias colectadas tras un allanamiento llevado a cabo en la vivienda, así como en la inspección médica ginecológica de las menores y en un informe de inteligencia de la Policía Nacional.
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Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
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Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
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El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.
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Juicio a exjueza: Fiscalía podría presentar alegatos finales y pedir los años de cárcel para la acusada
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.
Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.
Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.
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Acusan y piden juicio oral para hijo de Lalo, un abogado y dos escribanas
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el presente proceso penal se eleve a juicio oral y público para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes; el abogado Óscar Tuma, y dos escribanas, por presuntamente integrar un esquema destinado a frustrar el comiso de bienes vinculados al caso “Pavo Real”.
El Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que Rodrigues transfirió cuatro propiedades y ocho rodados que estaban afectados por medidas cautelares, pese a conocer que tenía prohibido venderlos o transferirlos. Por los citados hechos fue acusado por supuesto lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Con relación al abogado Óscar Tuma, los fiscales le atribuyen haber recibido cuatro inmuebles como pago de honorarios, pese a conocer que su cliente se encontraba inhibido y que los bienes estaban sujetos a eventual comiso. Según la acusación, con ello habría contribuido a impedir que dichos inmuebles fueran decomisados por el Estado.
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También fueron acusadas dos escribanas, a quienes se les atribuye haber confeccionado e inscripto escrituras con constancias presuntamente falsas para concretar las transferencias.
Entre las irregularidades señaladas figura la certificación de actos otorgados por una persona fallecida y la supuesta comparecencia de Alexandre Rodrigues en fechas en las que, según la Fiscalía, permanecía recluido en la Penitenciaría de Encarnación.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantía tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si los acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados.
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