La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a su inasistencia y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

“El juicio queda suspendido” hasta que “comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública” a Morales y a la madre de la víctima, que también es acusada, dijo este lunes en conferencia de prensa Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.

La justicia había declarado al líder campesino “en rebeldía” en enero de 2025, cuando no se presentó a una audiencia para determinar su prisión preventiva.

Esta condición impide, como ocurrió, que un proceso empiece hasta que el acusado se haga presente.

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El Ministerio Público informó que “ante la inasistencia injustificada” el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.

“Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional” cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, el primer presidente indígena del país, adelantó el viernes que no acudirían ni su protegido ni sus defensores porque no habían “sido notificados”.

Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

La defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos y denuncia una supuesta “persecución judicial” por parte del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morales la semana pasada en X.

• Fuente: AFP

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Un tribunal federal de Miami condenó ayer viernes a cuatro personas por conspirar para matar o secuestrar al presidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo asesinato en julio de 2021 en Puerto Príncipe sumió el país caribeño en una gran inestabilidad política que continúa cinco años después. Tras casi nueve semanas de juicio en la ciudad de Florida, el jurado comunicó la condena de los cuatro acusados: el venezolano Antonio Intriago, de 63 años, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz, de 53, el estadounidense Walter Veintemilla, de 57, y el haitiano-estadounidense James Solages, de 40.

Además del cargo principal, todos fueron condenados por proporcionar apoyo material a dicha conspiración y participar en una operación armada contra una nación amiga. Los cuatro se enfrentan a cadena perpetua y su sentencia se conocerá en los próximos meses. El asesinato de Moïse agravó el caos que impera en Haití, donde poderosas pandillas controlan casi toda la capital, incluido el aeropuerto, así como las principales carreteras del país.

La nación más pobre de América no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde el magnicidio. El primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé ejerce el poder actualmente con el respaldo de Estados Unidos. Según la investigación, los acusados pusieron en marcha un plan a principios de 2021 para derrocar al presidente Moïse e instalar a un sucesor elegido por ellos, el haitiano-estadounidense Christian Sanon.

Intriago y Ortiz, gestores de la empresa de seguridad CTU en Miami, aspiraban a obtener contratos lucrativos de seguridad con un futuro gobierno presidido por Sanon, cuyo juicio fue aplazado por problemas de salud. Veintemilla se sumó a la trama como financiador y Solages actuó como representante de CTU en Haití, según investigadores.

Para ejecutar el complot, los acusados reclutaron aliados en Estados Unidos, Colombia y Haití, entre ellos 22 exsoldados del ejército colombiano y líderes de pandillas haitianas.

Meses antes del magnicidio, los acusados elaboraron varios planes para secuestrar a Moïse, pero, al no conseguirlo, ordenaron a los mercenarios colombianos que asaltaran la residencia presidencial y lo mataran.

El 7 de julio de 2021, Solages y los mercenarios del país sudamericano tirotearon a Moïse, de 53 años, en su dormitorio y dejaron gravemente herida a su esposa, Martine, sin que sus guardaespaldas intervinieran.

Otros ocho coacusados en este caso, incluidos dos de los mercenarios colombianos y varios de los aliados haitianos y estadounidenses del grupo, ya se habían declarado culpables por su participación en la conspiración. La mayoría de los exsoldados colombianos están encarcelados en Haití, en un caso separado.

Fuente: AFP.

Uno de los médicos que realizaron la autopsia de Diego Maradona dijo ayer martes en el juicio por su muerte en 2020 que su corazón tenía signos de una agonía prolongada. “Cuando cortamos el corazón había coágulos intercavidades (sic). Estos coágulos aparecen en períodos agónicos prolongados”, señaló el médico Federico Corasaniti por videollamada en la apertura de una nueva audiencia del juicio que se lleva a cabo en San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires.

Esa posible agonía -de 12 horas o más, de acuerdo con las clasificaciones del experto- es un punto sensible para el juicio, que entre otros aspectos busca determinar si el astro estuvo bien tratado por el equipo médico que debía cuidarlo durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía sin complicaciones.

Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba en la realización de un documental clandestino sobre el caso.

Siete profesionales de la salud que lo atendieron durante esa internación enfrentan una acusación de “homicidio con dolo eventual”, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Podrían ser condenados a hasta 25 años de prisión.

Corasaniti señaló además que en la necropsia halló el abdomen de Maradona “globoso, extendido” por una importante acumulación de líquido en la región peritoneal dada por una falla del corazón que “de ninguna manera” pudo ocurrir de forma súbita.

Más tarde, la perito Silvana de Piero dijo que el exfutbolista tenía “edema dentro del cerebro” y un cuadro hepático “compatible con una cirrosis” cuando falleció por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.

“Encontramos edema dentro del cerebro. Para mí tenía como una descompensación porque tenía edema en el pulmón y a nivel del cerebro”, dijo de Piero, anatomo-patóloga que peritó varios órganos de Maradona tras su autopsia.

En la misma audiencia, declaró el perito químico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte. Aseguró que el ‘Diez’ murió sin registro de alcohol ni estupefacientes.

“El análisis a las muestras de sangre arrojó ‘no detectable’ para drogas de abuso: cocaína, thc, anfetamina y MDMA”, aseguró Ventosi.

Además de los siete acusados en este proceso, una de las enfermeras que debía asistir al ídolo en las que fueron sus últimas 24 horas de vida, la octava imputada, será juzgada aparte en un juicio con jurados. Este segundo juicio comenzó a principios de abril. Las audiencias se llevan a cabo los martes y jueves y se prevé que se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Alrededor de 120 testigos fueron convocados para este proceso.

Fuente: AFP.

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo en una entrevista con varios medios, entre ellos la AFP, que detrás de la internación domiciliaria de su padre “había un plan” para mantenerlo bajo control que “se fue de las manos”. El equipo médico de Maradona, quien falleció a los 60 años cuando se encontraba en internación domiciliara tras una neurocirugía, es juzgado por homicidio con dolo eventual, es decir que según la acusación era consciente de que sus acciones podían ser fatales.

En momentos en que avanza el juicio por la muerte de su padre en un tribunal al norte de Buenos Aires, Gianinna Maradona apuntó contra el personal médico y el entorno del exastro del fútbol. “Sí sé que había un plan, seguramente había un plan, y que alguien lo dirigía, y seguramente que se le fue de las manos”, dijo en una mesa redonda virtual con periodistas esta semana.

Gianinna, de 36 años, amplío su sospecha al representante, la contadora y los asistentes privados que manejaban el día a día del Diez. “No puedo pensarlo (…) y decir ‘el plan: lo querían matar’, ¿quería tener (el representante Matías) Morla la vida de mi papá en sus manos?, seguramente. Y lo hizo”, sostuvo. Además de Morla, Gianinna señala al exsecretario Maximiliano Pomargo y a la contadora Vanesa Morla, a quienes cree responsables y dice que deberían estar imputados en esta causa, como lo están en otra por fraude con las marcas del exfutbolista.

Para la fiscalía, que sindica exclusivamente al equipo médico, Maradona fue víctima de un “grupo de improvisados” que cometió omisiones criminales en una “internación cruel”. Los acusados, aunque con estrategias distintas, claman inocencia. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros”, dijo Gianinna sobre los siete profesionales de la salud, liderados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que arriesgan hasta 25 años de prisión.

El juicio en San Isidro, iniciado en abril, es el segundo intento por esclarecer la muerte del ídolo, tras la anulación del primero porque una jueza participaba en un documental clandestino sobre el proceso. En el debate se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria del astro, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. Una octava acusada -una enfermera- será juzgada aparte por jurados.

Para Gianinna, detrás de cada decisión médica había un cálculo económico. “Había un plan de fondo (...) y alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea (instrucción, ndlr) y todos seguían algo”, dijo. El objetivo, según ella, era mantener el control del exfutbolista para asegurar la firma de contratos y la gestión de sus marcas.

Tras la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020, familia, allegados y equipo médico evaluaron cómo mantenerlo alejado del alcohol y los psicofármacos. Para ese fin, Luque y Cosachov sugirieron que una internación domiciliaria sería mejor que un ingreso compulsivo a una institución psiquiátrica.

“A ellos no les servía que mi papá estuviera internado en un psiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla”, denunció Gianinna. “Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá y por eso era la internación domiciliaria”. La familia accedió, dijo Gianinna, porque entonces creyó que era en beneficio de su padre. Luque, considera Gianinna, tenía instrucciones precisas: “Tenía que (...) convencernos de la internación domiciliaria para no perder el control”, dijo ella.

“Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, su médico de cabecera”, afirmó Gianinna. En casi todas las audiencias del nuevo juicio, el neurocirujano pidió declarar para enfatizar que visitaba a Maradona como “amigo” y no como médico clínico, y que su función se limitó a conseguirle especialistas y retirarle los puntos de la cirugía.

La hija del ídolo dice haber advertido señales del deterioro físico de su padre que nadie atendió. “Estaba hinchado y avisé que estaba hinchado. Me explicaron que era normal, que era por estar acostado”, explica. Los audios filtrados de los médicos, que ella calificó como “repulsivos” y “escalofriantes”, muestran que mientras ella se preocupaba, ellos planeaban cómo “cubrirse legalmente”. “No me entra en la cabeza”, dijo Gianinna.

Fuente: AFP.