El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió este jueves que los juicios orales programados se realicen tomando todas las medidas sanitarias. Ante esta resolución, el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro han reprogramado para el próximo 21 de setiembre el inicio del juicio para los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero, en el caso conocido como audios del JEM (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados).
Además, por la mañana de hoy, el tribunal colegiado suspendió la audiencia oral prevista para el 5 de febrero del 2021 porque había una disposición de la máxima instancia judicial que ordenaba priorizar los juicios que corren peligro de extinción.
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En la causa, Óscar González Daher está acusado por tráfico de influencias y asociación criminal; Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero por los mismos delitos, mientras que el exsenador Jorge Oviedo Matto fue acusado por tráfico de influencias.
La jueza penal de Garantías Cinthya Lovera fue quien elevó el presente proceso penal a un juicio oral y público. La fiscala del caso es Natalia Fúster y Rodrigo Estigarribia.
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Exministro y funcionarios del MEC declararon que no hubo irregularidades en el título de Rivas
En el marco del juicio oral que enfrenta el exsenador Hernán Rivas por la presunta falsedad de su título de abogado, declararon varios testigos clave, entre los que se destacaron los testimonios del exministro de Educación, Eduardo Petta, así como el de otros funcionarios de dicha cartera estatal y exalumnos de la Universidad Sudamericana.
El exministro Eduardo Petta fue claro y contundente al señalar que: “En ninguna parte del dictamen del doctor Casañas Levi, ni en la Auditoría Interna, ni en la del Poder Ejecutivo, dice que el título de Rivas es falso”. Igualmente, el exsecretario de Estado negó de manera enfática haber dado instrucciones a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para acelerar o aprobar el registro del título universitario del exlegislador colorado en junio del 2020.
El testigo también negó haber conversado o dado alguna orden a los entonces funcionarios Ricardo Ortiz o Andrea Estigarribia, quienes intervinieron en el proceso de registro de los documentos académicos. Ante la consulta sobre este punto, respondió con un rotundo “No, no, no” y explicó que no mantenía contacto directo con el personal de ese rango, debido a que su vínculo institucional se desarrollaba principalmente con los viceministros, quienes manejaban sus propias estructuras jerárquicas.
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Del mismo modo, el exministro negó haber hablado con Rivas o haber recibido algún pedido suyo para apurar los trámites o registrar su título sin los controles correspondientes. Petta afirmó que nunca habló con el procesado, ni personalmente ni por teléfono. Aclaró que no se trata de un olvido, sino que jamás tuvo contacto con el exsenador y que tampoco registró alguna vez su número telefónico. “Nunca traté, nunca hablé, nunca; menos eso que usted está diciendo”, afirmó de manera tajante.
Asimismo, sostuvo que, en su rol de ministro, no podía abrogar la resolución que autorizaba la emisión del título de Hernán Rivas sin someter previamente los informes a consideración de la Asesoría Jurídica. Detalló que ninguna dependencia del MEC ni del Poder Ejecutivo respaldó una recomendación de ese tipo, aunque sí se había solicitado controlar de forma general los títulos expedidos por la Universidad Sudamericana.
Otros testimonios
Durante la audiencia también prestó declaración Casimiro Marín, director de Auditoría Interna del MEC en 2020. El testigo señaló que se analizaron detalladamente los documentos presentados para registrar el título de Rivas y que el circuito administrativo seguido durante el trámite no reveló ninguna irregularidad, por lo que correspondía su inscripción legal.
Por su parte, Rodrigo Ramírez, jefe interino de Investigaciones de la Dirección de Transparencia del MEC, afirmó ante el tribunal que no detectaron anomalías en el circuito interno institucional para el registro del documento. El funcionario tampoco halló inconsistencias ni plazos llamativos en la emisión del dictamen correspondiente.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Auditoría del MEC concluyó que el título de Rivas cumplió los requisitos para su registro
Un informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias concluyó que el registro y la posterior legalización del título de grado del exsenador Hernán David Rivas se ajustaron a los requisitos establecidos por las normas vigentes. El documento forma parte de las pruebas incorporadas al juicio oral y público que enfrenta el exparlamentario.
En el marco del juicio que enfrenta el exsenador Rivas, acusado por el Ministerio Público en una causa relacionada con la presunta falsedad de su título de abogado, una de las pruebas documentales incorporadas al proceso corresponde a un informe de auditoría interna del MEC.
Se trata del Informe de Auditoría Interna N.° 026/2020, elaborado por la entonces Dirección de Universidades, Institutos Superiores y de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.
Según el documento, al que se hizo referencia durante el desarrollo del juicio, el registro del título de abogado de Rivas cumplió con las exigencias jurídicas establecidas para su validación, al igual que el procedimiento de visación realizado ante la institución estatal.
El informe señala que el título se adecuó a las normas jurídicas vigentes y que el trámite para su registro y posterior legalización se realizó conforme a los requisitos establecidos.
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Certificado de la Universidad Sudamericana
La auditoría también hace referencia al certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana, mediante el cual se acredita que Rivas cursó la carrera de Derecho y obtuvo el título de abogado en marzo de 2020.
A partir de la documentación analizada, el equipo auditor concluyó que fueron cumplidos los requisitos establecidos para el registro y la posterior legalización del documento de grado. Este elemento documental forma parte de las pruebas que son valoradas por el Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio.
Testigos no aportaron datos directos
Por otra parte, durante las jornadas de juicio también declararon algunos testigos propuestos por el Ministerio Público, entre ellos exalumnos y una exfuncionaria de la Universidad Sudamericana. Entre quienes ya prestaron declaración figuran Guillermo Guido Gauto, Livio Díaz Flores, Elías González Silvero y Lourdes Giménez.
Los exestudiantes Gauto y Díaz señalaron que cursaron sus estudios en las sedes de Luque y Salto del Guairá, respectivamente, y que rindieron sus exámenes finales en Luque. En consecuencia, manifestaron que no tuvieron contacto con Rivas durante su etapa universitaria, debido a que el exsenador asistía a la sede de Ciudad del Este.
Los testigos tampoco manifestaron haber tenido conocimiento directo sobre los hechos que son objeto de acusación en la causa. Asimismo, los exalumnos explicaron que habían iniciado previamente la carrera de Derecho en otras universidades y posteriormente convalidaron materias para continuar sus estudios en la Universidad Sudamericana, donde cursaron el último tramo de la carrera.
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Durante su declaración, Gauto también relató que realizó personalmente los trámites para registrar su título ante el MEC y que el procedimiento culminó aproximadamente en una hora. Los exestudiantes, además, señalaron que no contaban con información sobre las habilitaciones correspondientes a la carrera o a la facultad.
El proceso judicial continuará con la producción de las demás pruebas ofrecidas por las partes, mientras el Tribunal de Sentencia deberá determinar el valor de cada elemento incorporado durante el juicio para resolver la acusación contra el exsenador.
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Mangione admite que mató a CEO de mayor aseguradora de salud de EE. UU.
Luigi Mangione, acusado de matar a tiros en una calle de Manhattan al director ejecutivo de UnitedHealthCare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, admitió el viernes ante una jueza federal de Nueva York haberle disparado. El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego contra Brian Thompson, de 50 años.
“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, dijo Mangione al declararse culpable de acosar a su víctima. Ante el tribunal el viernes, Mangione explicó que “había sufrido durante años dolores intensos debido a problemas de espalda y había tenido que superar las dificultades relacionadas con el sistema de seguro de salud” estadounidense.
Este hijo de una familia acomodada de Baltimore (Maryland) conocerá su sentencia el 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua. Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el estado de Nueva York.
El juicio estatal debe comenzar el 8 de septiembre. Pero tras la declaración de culpabilidad de Mangione, su defensa pidió el viernes que se retiren los cargos para evitar que sea juzgado dos veces por los mismos hechos.
“Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación”, afirmó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.
En Estados Unidos, una persona puede afrontar procesos tanto en la justicia estatal como en la federal por un mismo delito, aunque los cargos suelen ser diferentes, como ocurre en el caso de Mangione.
“Abominable acto”
Tanto los cargos federales como los estatales podrían derivar en una condena de cadena perpetua. Otros dos cargos que podían acarrear la pena de muerte fueron anulados por la justicia federal a principios de este año.
El caso ha dividido aún más a una opinión pública polarizada. Los sectores conservadores, encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, han reclamado un castigo ejemplar para Mangione.
Los fiscales afirmaron el viernes que merece una pena severa.
“No puede haber celebridades entre quienes cometen asesinatos”, declaró a la prensa Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Sin embargo, numerosos simpatizantes de Mangione acudieron al tribunal federal en Manhattan para expresarle su apoyo. El edificio permanecía bajo fuertes medidas de seguridad y un helicóptero sobrevolaba la zona.
Familiares de Thompson, padre de dos hijos, estuvieron en la audiencia y, al salir, en una caravana de camionetas negras, un hombre les gritó: “Estados Unidos ama a Luigi”.
En un comunicado emitido luego los familiares afirmaron estar “agradecidos de que el sistema judicial federal haya responsabilizado al autor de este abominable acto”, y añadieron que seguirán “reclamando justicia”.
Malestar con las aseguradoras de salud
La muerte de Thompson sacó a la luz un profundo malestar de parte de la población con el lucrativo sistema privado de atención médica de Estados Unidos. Algunos usuarios de redes sociales presentaron incluso a Mangione como un héroe.
La policía lo detuvo el 9 de diciembre en Altoona, Pensilvania, tras recibir información de empleados de un restaurante McDonald’s, al término de varios días de búsqueda.
Según los fiscales, viajó en autobús desde Atlanta hasta Nueva York unos diez días antes del crimen.
Tras registrarse en un hostal de Manhattan con documentación falsa, presuntamente vigiló las inmediaciones del hotel de la víctima y del centro de conferencias donde se produjo el ataque.
El crimen quedó registrado por cámaras de videovigilancia.
Después de su arresto, los agentes inspeccionaron sus pertenencias, entre las que encontraron una pistola, un silenciador y un frasco de mantequilla de maní Skippy. Mangione también reconoció el viernes ante el tribunal que utilizó una impresora 3D para fabricar un arma y que la equipó con un silenciador y un cargador.
Fuente: AFP.