Un Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Peralta, condenó a 3 años de cárcel a Reinaldo Chaparro, mientras que Nery Franco y Lucio Romero fueron sentenciados a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad, tras ser encontrados culpables por el delito de estafa. Estos figuraban como funcionarios de Diputados, pero trabajaban en la casa del diputado Tomás Rivas.
El fiscal Luis Piñánez solicitó 4 años y 6 meses de cárcel para Romero, 5 años de prisión para Chaparro y Franco. Todos fueron acusados de estafa y cobro indebido de honorarios.
El fiscal indicó en su alegato final que estas personas recibían un salario de la Cámara Baja, pero en realidad trabajaban en las casas del citado legislador. Mientras que las defensas de los procesados negaron los hechos y señalaron errores dentro de la investigación fiscal.
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En el mismo caso se encuentra procesado Rivas, por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Este deberá enfrentar su audiencia preliminar, en la que se definirá si va a un juicio oral y público.
Por su parte, la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar la resolución de primera instancia y en caso de ser así, será un tribunal de alzada el que deberá decidir si anula el fallo o confirma la pena dictada en primera instancia.
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Diputado plantea horario escalonado como alternativa al cambio de hora
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.
Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.
“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.
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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.
“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.
Jornal mínimo diurno y nocturno
El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.
“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.
Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.
“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.
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Condenan a un hombre a 11 años de cárcel por abusar de una octogenaria
Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a once años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abusar sexualmente de una mujer de 86 años de edad. El suceso se registró en San Cosme y Damián, departamento de Itapúa.
La fiscal quien sostuvo la acusación y pudo arrimar todos los elementos de prueba durante el desarrollo del juicio oral y público fue Irene Rolón Verdún.
De acuerdo con la acusación fiscal, además del abuso, la víctima sufrió múltiples agresiones físicas. Fue herida con un arma blanca en la mano, recibió mordidas en el rostro y lesiones en la rodilla, provocadas por el arrastre al que fue sometida por su agresor.
Durante la investigación el Ministerio Público logró recolectar muestras de semen, las cuales fueron analizadas científicamente. En el desarrollo del juicio oral se procedió a la apertura del sobre con el resultado del análisis, el cual arrojó una compatibilidad del 99,9 % entre el perfil del acusado y el material genético hallado en la escena.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, el hoy condenado no demostró arrepentimiento ni ofreció disculpas a la víctima durante la audiencia oral y pública.
La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deberá definir si confirma la pena dictada en primera instancia.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.