El administrador de los fueros, abogado Juan José Martínez, informó que los juzgados de ejecución penal de la capital han dictado resoluciones en las que suspenden excepcionalmente las firmas de imputados y condenados. Estas medidas son requeridas para el control del cumplimiento de las reglas y obligaciones impuestas en el marco de la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión a prueba de la ejecución de condena y la libertad condicional, cuyas causas radiquen en los cuatro turnos de dichos juzgados.
Los Juzgados de Ejecución Penal de la capital dictaron las resoluciones suspendiendo excepcionalmente las comparecencias presenciales de imputados y condenados. Esta medida rige por un plazo de 60 días y en el caso del Juzgado de Cuarto Turno para los meses de agosto, setiembre y octubre a fin de tomar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.
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Cabe destacar que dichas resoluciones no suspenden el cumplimiento de las reglas de conducta (pagos, depósitos, trabajos comunitarios, tratamientos y otros), debiendo ser cumplidas por los compelidos en el momento y fecha correspondiente. Las presentaciones de las constancias se deberán llevar a cabo por medios telemáticos.
La presente resolución evitará que cientos de personas que deben acudir al Palacio de Justicia no asistan a la sede judicial para poder firmar el acta judicial que en muchos casos son reglas de conductas que se decide en los procesos penales.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Funcionaria municipal aparece ligada a firma mimada por Prieto
Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.
- Por Juan Carlos Lezcano
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.
Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administración Prieto y a la que adjudicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fondos provienen del Fonacide.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Como actividades secundarias declararon “construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción”. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Entre los accionistas de la asamblea del cambio de denominación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Battochi, quien como mencionamos líneas arriba es la funcionaria denunciada.
CERCANOS A PRIETO
Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Graciela Benítez.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
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Habilitan biblioteca “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en sede judicial de San Lorenzo
En el marco del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Biblioteca Jurídica “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en la sede judicial de San Lorenzo. El acto rindió homenaje al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Miembro de la Comisión Nacional de Codificación, Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, por su importante legado y contribución al sistema judicial paraguayo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Víctor Ríos Ojeda.
La biblioteca, que lleva el nombre del ilustre jurista, alberga un acervo bibliográfico de gran valor, compuesto por una amplia gama de materiales de las diversas ramas del derecho. Este espacio, destinado a la investigación y el estudio, se convierte en un recurso fundamental para magistrados, funcionarios, abogados y toda la comunidad jurídica del departamento Central.
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El ministro superintendente de Central, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó su gratitud por la iniciativa del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central de habilitar la biblioteca y, en especial, por la designación que le honra a él y a su familia: “Este homenaje no solo me enaltece a mí, sino a toda la descendencia del Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, quien dedicó su vida a la carrera judicial, desempeñándose con admirable ética y profesionalismo en diversos cargos, hasta alcanzar la cúspide como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, integró la Comisión Nacional de Codificación, en la cual plasmó sus valiosos aportes jurídicos, dijo.
Las autoridades destacaron la donación de libros por parte del catedrático Alvarado Velloso, así como el aporte de la señora María Gloria Gusinky con materiales jurídicos pertenecientes a su marido, Emilio Cubas. A estas donaciones se suman las realizadas por los magistrados de la circunscripción, demostrando su compromiso con el conocimiento jurídico.
La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre a la biblioteca y el tradicional corte de la cinta simbólica. Esta actividad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual, reafirma la importancia del conocimiento y la cultura jurídica como pilares para una sociedad más justa y equitativa.
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Firma argentina invertirá USD 12 millones en aceitera
- Ciudad del Este. Agencia regional.
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, dio la bienvenida a una empresa argentina que instalará una aceitera en Hernandarias. Fue en la mañana de ayer en una reunión en sede del gobierno regional donde el grupo de directivos estuvo encabezado por el empresario Hernán Falcón, dueño de la empresa Allocco del vecino país, dedicada a la producción de equipamiento para aceiteras.
Esto fue informado por el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación de Alto Paraná, Esteban Wiens, quien participó de la reunión. La empresa se llama Aceitera Alto Paraná SA y cuenta con un inmueble de cinco hectáreas en Hernandarias, donde será construida la planta. Está ubicado a 400 metros del futuro Corredor Metropolitano del Este.
El proyecto de inversión es de 12 a 15 millones de dólares, a ser ejecutado por etapas en su producción, hasta llegar al refinado y embotellado del aceite. Emplearía a un mínimo de 60 trabajadores directos e indirectamente necesitará de cientos de productores, según Wiens.
El grupo que se reunió con el gobernador, además de Hernán Falcón, estuvo conformado por la representante legal de la empresa en Paraguay, Claudia Mendoza, y por Franco Berastegui, encargado de desarrollar la planta aceitera en Alto Paraná. Se trata de un ingeniero industrial, dueño de una aceitera de Argentina, según dijo Mendoza, a La Nación/Nación Media.
La empresa pretende seleccionar jóvenes para enviarlos a capacitarse en Argentina, para luego trabajar en la industria aceitera. Como parte de este trabajo, el grupo visitó también una universidad privada de la zona que cuenta con la carrera de ingeniería industrial.
Mendoza informó que el empresario se reunió ayer con el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, y se habló sobre la posibilidad de empedrar la calle de acceso a la futura planta, ya que hoy es camino de tierra todavía. “Prácticamente solo ese sería el problema, pero hubo compromiso para resolver eso”, dijo.
Allocco es una empresa de provisión de equipos para la industria aceitera, según fue presentada a las autoridades. Tiene más de 50 años y ocupa una posición de liderazgo en desarrollos de ingeniería para el procesamiento de semillas oleaginosas y una consolidada presencia en la región.