El administrador de los fueros, abogado Juan José Martínez, informó que los juzgados de ejecución penal de la capital han dictado resoluciones en las que suspenden excepcionalmente las firmas de imputados y condenados. Estas medidas son requeridas para el control del cumplimiento de las reglas y obligaciones impuestas en el marco de la suspensión condicional del procedimiento, la suspensión a prueba de la ejecución de condena y la libertad condicional, cuyas causas radiquen en los cuatro turnos de dichos juzgados.
Los Juzgados de Ejecución Penal de la capital dictaron las resoluciones suspendiendo excepcionalmente las comparecencias presenciales de imputados y condenados. Esta medida rige por un plazo de 60 días y en el caso del Juzgado de Cuarto Turno para los meses de agosto, setiembre y octubre a fin de tomar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.
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Cabe destacar que dichas resoluciones no suspenden el cumplimiento de las reglas de conducta (pagos, depósitos, trabajos comunitarios, tratamientos y otros), debiendo ser cumplidas por los compelidos en el momento y fecha correspondiente. Las presentaciones de las constancias se deberán llevar a cabo por medios telemáticos.
La presente resolución evitará que cientos de personas que deben acudir al Palacio de Justicia no asistan a la sede judicial para poder firmar el acta judicial que en muchos casos son reglas de conductas que se decide en los procesos penales.
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Ejecutan a reo por crimen cometido en 1976 en Misisipi
- Washington, Estados Unidos. AFP.
Un hombre condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976 y que pasó casi medio siglo en el corredor de la muerte fue ejecutado este miércoles en Misisipi, en el sur de Estados Unidos. Richard Jordan, de 79 años, condenado a muerte por el secuestro y asesinato en 1976 de Edwina Marter, de 34 años, esposa de un ejecutivo bancario, fue declarado muerto a las 18:16 central (23:16 GMT), según el comunicado del departamento de correccionales de Misisipi.
Era el preso condenado a muerte que estuvo por más tiempo en espera de su ejecución, agregó el texto. Tras el secuestro y muerte de Marter, Jordan exigía 25.000 dólares por su rescate. Fue detenido cuando iba a recoger el dinero y luego de confesar el asesinato condujo a las autoridades a un bosque donde había dejado el cuerpo.
Es la primera ejecución en Misisipi desde diciembre de 2022 y la segunda esta semana en Estados Unidos, tras la de Thomas Gudinas, de 51 años, el martes en Florida. Desde principios de año se han llevado a cabo en Estados Unidos un total de 25 ejecuciones, en su mayoría por inyección letal (20).
Tres se llevaron a cabo por inhalación de nitrógeno, un método utilizado por primera vez por Alabama en 2024 y considerado por expertos de la ONU una “tortura”, y dos por fusilamiento en Carolina del Sur, por primera vez en Estados Unidos desde 2010. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. Otros tres, California, Oregón y Pensilvania, observan una moratoria de las ejecuciones.
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ANR firmó convenios con Unasur y el colegio San Nicolás para ofrecer oportunidades
La Academia Republicana de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, llevó adelante un acto de firma de convenios educativos con la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) y el Colegio San Nicolás, para ofrecer oportunidades de estudios de diplomados o bien culminar los cursos secundarios.
El acto estuvo encabezado por el titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, además el director de la Academia, Dr. Hugo Vera; mientras que por parte de la academia, participaron la rectora de Unasur la Dra. Mirta Reyes, y la directora del Colegio San Nicolás la Dra. Mirta Ruiz.
Al respecto, el Dr. Vera explicó que la firma del convenio es la renovación del acuerdo que ya tiene la Academia Republicana con la Unasur. Mencionó que la misma servirá para brindar espacio de formación en diplomados que ofrece la universidad.
Destacó que desde la ANR siguen apostando por la educación de los jóvenes, y también de todas las personas que por alguna razón abandonaron sus estudios. El convenio con el Colegio San Nicolás estipula beneficios que permitirán culminar la etapa secundaria de los jóvenes.
Indicó que la Academia Republicana ya viene desarrollando con bastante éxito diplomados de Ciencias Políticas, recientemente arrancó otro de Estrategia Política, y más adelante tienen previsto abrir un diplomado en Finanzas Personales. Mientras que para octubre tienen previsto Retórica y Oratoria.
“Este convenio lo que hace es la validación académica de las personas que hacen los diplomados que se ofrecen de manera gratuita, pagando un monto ínfimo para la entrega del certificado. Los cursos tienen una duración de 120 horas, que se extienden aproximadamente por cinco meses”, remarcó.
Resaltó que la firma del convenio con el Colegio San Nicolás viene a ser como una adenda al convenio Unasur, que servirá para la alfabetización de alumnos, para que puedan realizar cursos acelerados del nivel secundario.
El Dr. Vera resaltó además que estos cursos de diplomados, como la oportunidad de culminar los estudios secundarios se están ofreciendo desde la ANR, a todas las personas interesadas, sin necesidad de que cuenten con una afiliación, es decir que para la capacitación es libre de bandería política.
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Inversión pública creció 36 % al cierre de mayo
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los principales números que dejó el quinto mes del año con respecto a gastos, inversiones y recaudaciones tributarias, en el marco de la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin).
La inversión pública acumulada a mayo registró un aumento del 36,3 %, lo que refleja un nivel de ejecución superior al observado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, alcanzó G. 2.470 mil millones (USD 311 millones), lo que representa el 0,7 % del producto interno bruto (PIB).
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El informe destaca que este ritmo de ejecución es superior al observado en el mismo periodo de 2024, y se posiciona entre los más altos de los últimos años si se compara con el promedio histórico. Este repunte cobra mayor relevancia considerando que abril y mayo son meses en los que tradicionalmente la ejecución suele ser baja, por cuestiones estacionales y administrativas.
Sin embargo, en 2025 se logró sostener una ejecución acelerada, lo cual también refleja mejoras en la planificación y desembolso por parte de las instituciones ejecutoras, indicaron durante la presentación de Situfin.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue nuevamente la entidad que lideró el volumen de inversiones, representando la mayor parte de los recursos utilizados en infraestructura vial, obras civiles y proyectos estratégicos. Otras instituciones también mostraron dinamismo, aunque en menor escala, y en conjunto permitieron diversificar el destino de los recursos hacia diferentes sectores de infraestructura física y social.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este nivel de inversión tiene un efecto positivo sobre la economía real, explicaron. Además de impulsar la actividad en sectores como la construcción, el transporte y los servicios, la inversión pública cumple un rol anticíclico, especialmente útil en contextos de recuperación económica como el que atraviesa actualmente nuestro país.
Asimismo, estas inversiones sientan las bases para una mayor competitividad en el mediano y largo plazo, mediante mejoras en conectividad, acceso a servicios y reducción de brechas territoriales.
Por último, el informe subraya que el aumento de la inversión se dio sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal. Pese al crecimiento del gasto de capital, el resultado fiscal mensual de mayo fue con superávit, por segundo mes consecutivo, y el acumulado anual mantiene un déficit moderado.
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Senado otorga media sanción a proyecto que impide múltiple ejecución de pagarés
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.
La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso conocido como “mafia de los pagarés”. El proyecto recibió un dictamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estudiaron el proyecto y así también de parte de la Comisión Especial de carácter transitoria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.
“Destacar que tuvimos una audiencia en conjunto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quienes evacuaron todas las consultas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aprobación”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.
En este sentido, la mencionada comisión aconsejó la aprobación con modificaciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incorpora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custodia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.
“La intención principal es contar con un marco regulatorio que impida que los títulos de crédito sean utilizados de mala fe, por circulación inapropiada cuando ya se ha iniciado una demanda reclamando el pago y hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva que acoja o rechace la acción determinando expresamente que la devolución del título se hará a quien corresponda”, explicó.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial manifestó que han recibido más de 4.000 denuncias en el marco de la “mafia de los pagarés” en los que existen casos en que se ha cobrado doblemente el monto de la deuda. “Y en muchos casos el pagaré nunca aparece, sigue circulando, nos hemos encontrado con un mismo pagaré demandado en diferentes Juzgados, incluso los que ya fueron cobrados”, refirió.
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Maidana indicó que este caso desató una problemática social muy fuerte y que con esta normativa, el Poder Judicial tendrá más instrumentos para preservar, custodiar y devolver los documentos. Tras su aprobación con modificaciones, el proyecto será remitido para su estudio a la Cámara de Diputados.