Este domingo, se registró un nuevo caso de coronavirus en el Palacio de Justicia ubicado en la capital del país, por lo que se dispuso el aislamiento de todo el personal afectado del área.
Específicamente, una funcionaria del Juzgado Penal de Garantías de la capital dio positivo a la prueba del COVID-19. De esta manera, envió a todos los funcionarios de dicho juzgado y hasta al propio juez, a una cuarentena preventiva. Esto, en respuesta a las exigencias del protocolo sanitario emanado desde el Gobierno para mitigar la propagación de la enfermedad.
El juzgado en cuestión está siendo actualmente interinado por otro magistrado. En las próximas horas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe dar a conocer las medidas que se tomarán con relación al caso.
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Otro caso en el Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado 11 de agosto que una jueza del departamento Central dio positivo al COVID-19 y que esta ya se encuentra aislada y en permanente comunicación con las autoridades judiciales.
Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, resolvió que el Juzgado de Paz de Areguá permanezca cerrado por precaución. A través de la resolución Nº 8.248 se suspenden los plazos procesales desde el 14 de agosto hasta el lunes 17 del mismo mes.
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Fernando de la Mora
Semanas atrás, la Dirección General de Recursos Humanos de la CSJ confirmó que un funcionario que presta servicios en la sede judicial de Fernando de la Mora dio positivo a la prueba de detección del COVID-19.
Por ese motivo, fue activado inmediatamente el procedimiento de actuación ante un caso positivo, aprobado por el Consejo de Superintendencia de la Corte. Basado en ello, la Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial dispuso la desinfección de las oficinas judiciales de Fernando de la Mora, además de asistir al funcionario a través del personal médico de la institución.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Otorgan prisión domiciliaria a mujer que intentó disparar a su expareja en Palacio de Justicia
La mujer que ingresó con arma de fuego al Palacio de Justicia de Luque e intentó disparar contra su expareja fue beneficiada con la prisión domiciliaria luego de que aceptó que lo hizo bajo una excitación emotiva y presentó documentaciones que avalan su situación. La misma fue imputada por homicidio doloso en grado de tentativa.
La medida fue otorgada por el Juzgado Penal de Garantías luego de que Johana Gómez, de 30 años, presentó varias pruebas de que hace tiempo está pidiendo justicia por su hija, que habría sido víctima de presunto abuso sexual por parte de su expareja. Además, se tuvo en cuenta que es madre de cinco hijos menores y un bebé lactante.
La mujer fue imputada por el hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, tras intentar herir con un arma de fuego a David Moisés Orellana Almada, expareja. Ambos se presentaron en el Palacio de Justicia de Luque para una audiencia de sobreprestación alimentaria.
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“Venía acumulando esta frustración desde el año pasado, cuando él cayó preso; solo estuvo tres días en la comisaría y cinco días después me quemaron la casa. No lo culpo directamente, pero creo que fueron sus amistades. Luego me asaltaron en mi negocio con intento de homicidio y venía acumulando todo esto”, expresó Gómez, en entrevista con canal Trece.
Apuntó que desde que fue liberado quedó muy afectada y ya no está más tranquila, por lo que tomó la drástica decisión. “No estoy tranquila estando este hombre libre. Hasta ahora me siento desprotegida y vulnerable; estoy a merced de este señor. Creo que todo lo hizo estando preso y ahora que está libre será peor”, puntualizó.
Pidió a las autoridades seguridad porque teme por su vida, ya que vivió un prolongado ciclo de amenazas y tiene miedo por la seguridad de sus hijos. Además, piden que investiguen al hombre por el caso de presunto abuso sexual contra su hija. Ahora guardará prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.
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Una mujer sacó un arma y disparó en el Palacio de Justicia de Luque
Una mujer ingresó con arma de fuego al Palacio de Justicia de Luque en una audiencia de prestación e intentó disparar contra su expareja, según datos preliminares. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves. Supuestamente, la mujer evadió el control de metales para meter el arma.
“Ambos tenían audiencias referentes a prestación alimentaria y estaban aguardando ser llamados para prestar declaración correspondiente”, expresó el comisario principal José Santacruz en diálogo con la 1020 AM.
Añadió que en un momento dado se inició una discusión entre la pareja, cuando la mujer, quien estaba con un bebé en brazos, metió la mano en la cartera y sacó un arma presumiblemente calibre 22. La supuesta víctima dijo que cuando pidió ayuda no había ningún personal policial, y que tuvo que ser asistido por un abogado.
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“El hombre salió corriendo al patio y presuntamente la mujer realizó tres disparos. Gracias a Dios no hubo heridos ni fallecidos. La mujer ya se encuentra en carácter de detenida a disposición del Ministerio Público”, informó el jefe policial.
La fiscal Liz Medina tomó intervención en el caso. “La mujer le disparó y el muchacho se agachó y no pasó a mayores. Tuvieron una audiencia en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, ella le siguió y le disparó”, mencionó.
Agregó que se incautó un arma tipo revólver y se tomó muestras de la mano de la mujer. También fueron convocadas autoridades de instituciones de la Niñez y la Adolescencia atendiendo que hay un menor de edad de por medio.
Se supo que el hombre fue denunciado por la mujer por presunto abuso infantil, pero el supuesto autor ya se encuentra libre nuevamente. Sin embargo, el mismo habría argumentado que fue sobreseído porque según afirmaciones del hombre se trató de una denuncia falsa en su contra. La investigación sigue en curso.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.