La Corte Suprema de Justicia aprobó hoy el proyecto de presupuesto que será remitido al Congreso para su estudio y aprobación. La propuesta fue estructurada sobre una base de G. 1.447.980.150.782. El objetivo es continuar con la política de reducción y control de la calidad de gasto público, sin aumentar salarios, priorizando la inversión en los temas que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica del ciudadano.

El proyecto fue elaborado en base a la metodología de gestión por resultado. Esta medición de la gestión judicial consiste en medidas administrativas adoptadas en el combate contra la mora judicial. Para el efecto, se utilizan indicadores de gestión aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Se pretende un crecimiento del 15% en cuanto a las resoluciones emitidas con relación a las metas establecidas para el presente ejercicio fiscal (sentencias definitivas y autos interlocutorios).

Además, se busca consolidar el uso de la tecnología en el ejercicio de la misión y de la visión del Poder Judicial, mediante la expansión del expediente electrónico. Por ello, se pretende un crecimiento del 23% con relación al presupuesto vigente en cuanto a los servicios operativos que brinda el Poder Judicial.

La racionalización y austeridad implementadas permitieron ahorrar en diversos rubros y se propone aumentar solo los gastos operacionales necesarios para mantener y fortalecer el sistema de justicia. Mediante esto, fue posible optimizar la utilización de los recursos públicos y sólo se observa un crecimiento mínimo del 6% y que se destine íntegramente a servicios operativos.

“Con el Proyecto de Presupuesto, vamos a trabajar en la sostenibilidad de los servicios tecnológicos, en la mejora del acceso a la información, en el mejoramiento de la herramienta de gestión administrativa y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica”, explicó el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, durante la sesión plenaria realizada en la fecha.

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Además de continuar expandiendo el expediente electrónico, se busca seguir manteniendo los estudios de histocompatibilidad e inmunogenética de ADN y HLA, que guardan relación con las pruebas que el Poder Judicial paga cuando se realizan cierto tipo de procesos, principalmente los de filiación, tutelando los derechos de los grupos vulnerables.

En lo que respecta a trabajos de mantenimiento de obras civiles, el presupuesto contempla tareas en 17 palacios de justicia, 84 edificios propios y 234 locales alquilados, así como el mantenimiento de equipos de oficina y 228 rodados de la flota vehicular a nivel institucional.

Otro punto contemplado en la planificación presupuestaria consiste en la renovación de equipos informáticos, donde se busca reemplazar equipos obsoletos, previéndose que para el ejercicio 2021 se puedan cambiar 1.677 equipos, que representan el 60%, en el afán de fortalecer los centros de responsabilidad.

Se prevé la ampliación del servicio tercerizado de impresión, fotocopiado y escaneo, esto en función a lograr un ahorro importante en cuestión de insumos como hojas y tinta. Igualmente, se prevé un reforzamiento, a través del mejoramiento del sistema de monitoreo de seguridad, considerando que, en tiempos normales, diariamente ingresan a las instalaciones del Poder Judicial en Asunción unas 12.000 personas.

Finalmente, se tiene programado dar continuidad a la construcción del Palacio de Justicia de Salto del Guairá, así como la ampliación del Palacio de Justicia de San Lorenzo y los inicios de los trabajos en el edificio destinado a juzgados de Capiatá.

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