La Cámara de Apelaciones hizo lugar el recurso planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción y uso de título falso. La acción fue planteada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Gulino y Álvaro Cáceres.

El tribunal decidió el sobreseimiento definitivo al legislador de conformidad al artículo 359 inciso 2 del Código Procesal Penal. Explica que dicho articulado menciona que corresponde el sobreseimiento definitivo cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.

La camarista Bibiana Benítez (preopinante) señaló que ya en el A.I. N° 850 de fecha 10 de octubre del 2025, el juez de Garantía Miguel Palacios concluyó que el hecho punible estipulado en el artículo 251, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió, incluso antes de la formulación del acta de imputación por parte del Ministerio Público, la cual ya había llegado tarde.

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Al análisis jurídico de la camarista se adhirió su colega Delio Vera, señalando que al declararse la prescripción del hecho de producción de títulos falso no puede ser juzgado por lo segundo, que es el supuesto “uso de documentos de contenido falso”, por lo que se declara su sobreseimiento definitivo de todo el proceso. José Fernández, el tercer integrante del tribunal, votó en disidencia.

Cabe señalar que con este fallo, a través del A.I. N° 102 dictado en la fecha, se rechaza la apelación de los fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de supuesta falsificación de parte de Rivas.

Posteriormente, mediante el A.I. N° 107 dictado igualmente en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del senador, que anula la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que el 10 de octubre del 2025 había elevado a juicio oral y público el proceso judicial por el que era investigado.

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Presidente de la Comisión Nacional
• Demarcadora de Límites
• Fotos: Gentileza

La Comisión Nacional Demarcadora de Límites cumple 73 años llevando una labor poco visible pero fundamental.

Mucho antes de que existieran mapas digitalizados o sistemas satelitales, el Paraguay ya enfrentaba una tarea muy compleja y decisiva: la de definir, caracterizar, defender y materializar sus fronteras nacionales. Detrás de esta misión, poco visible pero fundamental, se encuentra la Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL), una institución cuya evolución histórica refleja los esfuerzos de consolidación de la soberanía territorial paraguaya.

Sus orígenes se remontan a la reorganización del Estado paraguayo tras la guerra de la Triple Alianza. En 1870, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores sentó las bases de su origen institucional. Sin embargo, la cuestión de los límites permaneció entonces como una función dentro de su administración. No será sino hasta comienzos del siglo XX cuando esta adquiera entidad propia: en 1902, los asuntos limítrofes fueron asignados a la Subsecretaría de la Cancillería Nacional.

Un paso decisivo para su institucionalización, se dio en 1920 con la creación de la Sección de Límites, concebida como un espacio técnico orientado a sistematizar información geográfica, cartográfica y jurídica. Este hito revela una transformación conceptual: la delimitación del territorio deja de ser únicamente una cuestión diplomática para convertirse también en un problema de conocimiento, medición y representación del espacio.

Su consolidación llegaría en 1939, cuando la estructura evolucionó hacia la Comisión Demarcadora de Límites, organizada en subcomisiones para los países vecinos. Este cambio supuso el tránsito hacia un organismo más complejo, capaz de articular el trabajo de campo con la producción cartográfica y la negociación internacional.

A partir de 1940, la incorporación de geodestas, cartógrafos y topógrafos evidenció el creciente grado de especialización requerido para una tarea que exigía precisión científica y dominio del terreno.

En 1941, con la creación del Instituto Geográfico Militar, se buscó centralizar la producción cartográfica del país. A partir de entonces, la demarcación de límites se estructuró en dos dimensiones complementarias: una técnica (vinculada a los levantamientos, mapas y trabajos de campo) y otra diplomática (relacionada con la negociación y aplicación de los tratados internacionales).

Esta dualidad, entre ciencia y diplomacia, constituye uno de los rasgos más característicos del proceso demarcatorio paraguayo. Mientras la labor técnica pasó a depender del Instituto Geográfico Militar, bajo la denominación de Departamento de Límites Internacionales, la dimensión diplomática permaneció en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 31 de marzo de 1953, el Estado decidió reunificar estas funciones en el ámbito de la Cancillería Paraguaya, creando formalmente la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, tal como se la conoce en la actualidad.

Hoy, la CNDL continúa cumpliendo una función estratégica: de caracterizar, demarcar y vigilar las fronteras del país. Su historia permite comprender que las fronteras no son simples líneas trazadas en un mapa, sino el resultado de un prolongado proceso que combina saber técnico, decisiones políticas y trabajo humano. Se trata de una labor silenciosa, pero esencial para la existencia misma del Estado y la afirmación de su soberanía.

Gracias al apoyo brindado por el gobierno del presidente Santiago Peña se ha logrado dar un salto cualitativo tecnológico fundamental en defensa de nuestra soberanía, al lograrse la digitalización de los hitos de nuestra frontera, así como del rico patrimonio histórico de su archivo. Debemos resaltar además que en diciembre del 2025 se culminó la demarcación total de la frontera con Bolivia, con la labor de batimetría del Río Negro en la zona de Bahía Negra, tras 87 años de trabajos demarcatorios, constituyéndose ambas naciones, en los primeros países de Sudamérica en tener totalmente demarcados sus fronteras nacionales.

Los trabajos continúan pues con Bolivia se realizar anualmente limpieza de picadas entre los hitos demarcatorios, con la Argentina los estudios para la definición de la soberanía de 74 islas en el río Paraguay y con Brasil la definición del cauce (álveo) del río Paraná.

Nuestros límites se hallan signados por la sangre de nuestros compatriotas, como consecuencia de dos guerras internacionales, lo cual constituye un deber de todos los paraguayos, el defender nuestra soberanía nacional. El compromiso del Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites es proteger y salvaguardar cada palmo del territorio nacional, defendido por nuestros compatriotas durante toda nuestra historia.

La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Espe­cializada en Crimen Organizado, emitió un comu­nicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Direc­ción Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una orga­nización criminal que trafi­caba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), Líder Amarilla. En el documento, Arriola ini­cia su descargo con una des­cripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coro­nel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sen­tencia Especializado en Cri­men Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.

“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produ­ciendo los elementos probato­rios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obteni­dos conforme a las disposicio­nes legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente indi­vidualizados”, refiere.

El agente agrega que en el curso de la investigación “sur­gieron menciones relativas a un legislador (haciendo refe­rencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendi­das en su contexto”. Señala que “dichas referencias pro­vienen exclusivamente de elementos probatorios vin­culados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en rei­teradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal”. Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Minis­terio Público y serán valora­das dentro del contradictorio propio del juicio oral”.

La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denun­ciará ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una quere­lla en su contra por falsas acu­saciones. Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Ama­rilla en la sede del Congreso.

En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.

El fiscal Andrés Arriola, de la unidad especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.

En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.

“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.

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El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“. Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".

Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.

La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones.

Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso. En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.

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