Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 15 años de cárcel tras encontrarlo culpable por haber abusado sexualmente de su propia cuñada menor de edad. El fallo del colegiado fue unánime.
La agente fiscal Mirtha Rivas representó al Ministerio Público en el presente caso, en el que arrimó todos los elementos de prueba para lograr la sentencia condenatoria para el acusado.
Los antecedentes de la investigación refieren que la presente causa tuvo sus inicios en octubre del año 2016, ya que la víctima de 15 años intentó sacarse la vida, por lo que fue derivada al hospital y cuando los médicos le preguntaron los motivos, la misma manifestó que su cuñado la había sometido sexualmente en reiteradas oportunidades.
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A raíz de esa confesión, la adolescente fue sometida a los estudios pertinentes, los cuales ratificaron la denuncia. Asimismo, la afectada fue entrevistada por la representante fiscal y le comentó que el hombre la mantenía amenazada. Este se aprovechó de la cercanía y familiaridad para abusar de su cuñada.
Luego, la citada fiscal formuló la imputación, el autor del hecho fue detenido y trasladado a la cárcel. Posteriormente, se presentó la acusación por coacción sexual y se pidió juicio oral y público. Asimismo, el Juzgado de Garantías elevó a juicio el presente caso. Igualmente, el proceso terminó con la sentencia condenatoria, por lo que seguirá cumpliendo su condena.
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Fiscalía imputó a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, presentó una imputación contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra por los supuestos hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Ahora un juzgado deberá estudiar la admisión del acta de imputación.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían en el momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Camerón.
El suceso involucra directamente al entonces gerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo. El relato del escrito fiscal sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, luego de que se retiraran la jueza y la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
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Asimismo, se le atribuye haber impedido el ingreso de una escribana pública al recinto y haber tenido una actuación similar respecto a otro trabajador de la firma.
Ante estos indicios, el fiscal Ledesma Blasser solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la imputación y un plazo legal de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo (el cual podrá ser una acusación formal o el sobreseimiento del procesado). Cabe recordar que la imputación representa el inicio formal del proceso penal basado en sospechas fundadas.
Abogado critica imputación
El abogado Fernando René Marecos Gamarra aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Según manifestó Marecos Gamarra, el escrito de denuncia promovido ante la Fiscalía se encuentra plagado de profundas incongruencias y afirmó contar con abundante documentación fehaciente para respaldar su postura. La manifestación la hizo al sitio web Cuarto Poder Py.
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Condenan a docente por abuso sexual y le prohíben ejercer la profesión por cinco años
La Justicia condenó al docente Óscar Reinaldo Zárate Recalde a 2 años y 11 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual en personas bajo tutela, en perjuicio de una adolescente menor de 16 años que era su alumna. Además de la sentencia, el colegiado dispuso que Zárate Recalde no pueda ejercer la profesión docente por cinco años, medida solicitada por el Ministerio Público durante el juicio oral.
La Fiscalía presentó los elementos recabados durante la investigación y fundamentó la existencia de una relación de tutela derivada del vínculo entre el docente y la adolescente. El fiscal Marcial Machado sostuvo la acusación ante el Tribunal y argumentó la aplicación de la prohibición profesional.
Según la exposición fiscal, en 2023 el docente salió de la institución educativa en compañía de la adolescente, luego de que las actividades concluyeran anticipadamente debido al motín registrado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, ubicada en las inmediaciones.
Conforme a la teoría sostenida por el Ministerio Público, ambos se trasladaron posteriormente hasta un motel de Asunción. La investigación incorporó imágenes de circuito cerrado que permitieron reconstruir el recorrido y vincular al docente con la adolescente durante esa noche. Finalmente, la adolescente fue localizada y recibió asistencia médica y psicológica en el marco de la investigación.
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Condenan a tres años y medio de cárcel a exgerente bancario por fraude millonario
Un tribunal de sentencia condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que se desempeñaba como gerente de un banco, tras ser encontrado culpable de ocasionar un daño patrimonial de G. 4.823.218.534 mediante un esquema fraudulento de transferencias y cuentas corrientes, según la acusación fiscal demostrada en el juicio oral.
El condenado fue identificado como Sergio Andrés Olmedo García, responsable del perjuicio económico en detrimento del Banco Continental. Aunque el fiscal Julio Ortiz solicitó una pena de seis años de prisión, el Tribunal de Sentencia —integrado por las magistradas Ana Rodríguez (presidenta), Karina Cáceres y Yolanda Morel— resolvió condenarlo a tres años y medio.
El sentenciado ocupaba el cargo de gerente en una de las sucursales de la entidad bancaria cuando cometió los ilícitos. El esquema comenzó a descubrirse mediante una auditoría interna presentada en agosto de 2022, la cual evidenció inconsistencias en libradores de cheques sin solvencia patrimonial, documentación con datos falsos y operaciones vinculadas entre varios clientes y el propio condenado, quien resultaba el principal beneficiado de las transferencias.
Asimismo, otra auditoría detectó irregularidades en las actividades económicas de varios clientes. Estas personas realizaban transferencias vía SIPAP a uno de los implicados, utilizando créditos irregulares otorgados por otro banco y provenientes de otras entidades bancarias. La investigación judicial confirmó la existencia de este esquema fraudulento diseñado para la obtención de préstamos, apertura de cuentas corrientes y transacciones ilícitas.
El esquema
Los fondos obtenidos de manera irregular eran transferidos a uno de los involucrados, quien posteriormente los redistribuía entre los demás miembros de la red. Estas operaciones consumaron el perjuicio patrimonial de G. 4.823.218.534 contra la entidad bancaria.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.