La diligencia judicial se pospuso por la recusación que presentó la defensa de Ferreira contra el juez Delmás.
Este miércoles se tenía que llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas para Justo Ferreira, su hija y otras cinco personas más imputadas por contrabando y otros hechos punibles relacionados al caso de insumos médicos rechazados por el Ministerio de Salud. La misma fue suspendida.
Indicaron que la diligencia judicial se pospuso por la recusación que presentó la defensa de Ferreira contra el juez penal de garantías José Delmás Aguiar.
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Recordemos que el abogado Andrés Casati, defensor legal del empresario Justo Ferreira, presentó este lunes ante el Juzgado Penal de Garantías del juez José Agustín Delmás un recurso de nulidad del acta de imputación. Con esto, se solicita que el Juzgado de Garantías invalide la imputación formulada por la Fiscalía.
Además, el abogado presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra el fallo judicial que citó a su cliente para una audiencia de imposición.
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Hoy se tenía que definir si se decretaba la prisión preventiva o las medidas alternativas a la prisión para las personas imputadas en el caso. Ahora, la cámara de apelación de primera sala deberá resolver la recusación contra el magistrado para luego volver a fijar fecha para la audiencia.
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El senador Rafael Filizzola sigue eludiendo audiencia preliminar por lesión de confianza
Se suspendió una vez más la audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en el caso de licitación de comisarías en el que se estima que existió un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La diligencia se tenía que realizar ante el juez Yoan Paúl López, quien tiene que definir si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal.
La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa del parlamentario pidió la suspensión atendiendo a que el abogado Guillermo Duarte -defensor de Filizzola- tenía fijado otro juicio oral y público con anterioridad .
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
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Juez definirá si acusados por homicidio de conductor de plataforma van a juicio oral
Este martes, a las 7:30, se deberá realizar la audiencia preliminar de dos acusados por el homicidio del conductor de plataforma, Derlis Aranda, ocurrido el pasado 4 de febrero de 2024, en Villa Hayes, donde la víctima recibió dos heridas de arma blanca en el estómago y un disparo en la cabeza ya estando en el suelo tras caer desplomado.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronzewski, quien deberá resolver si eleva el caso a juicio oral y público. Los acusados en el presente caso son Justo Germán Benítez Méndez y Maximiliano González Fernández, ambos con antecedes.
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Por su parte la familia del conductor de plataforma va a ir hasta el juzgado de Villa Hayes a pedir que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público y a su vez a exigir Justicia por el grave suceso registrado en febrero del 2024.
En caso de que el presente caso se eleve a un juicio oral y público se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de sentencia que deberán luego fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública.
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Familiares de Lalo Gomes piden al Congreso supervisar el proceso judicial
Familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes solicitaron al presidente del Congreso Basilio Núñez, apoyo para que el Poder Legislativo supervise el proceso judicial a fin de que todo se haga con extrema legalidad.
El presidente del senado Basilio Núñez recibió en audiencia al abogado Oscar Tuma, acompañado de los familiares del extinto diputado Lalo Gomes. Al término de la reunión, la hija Larissa Gomes, la viuda Johana viuda de Gomes y el abogado de la familia, Oscar Tuma explicaron los motivos de su visita.
Al respecto, el abogado defensor de la familia, Oscar Tuma mencionó que tuvieron la oportunidad de explicar al titular del Congreso, la situación procesal que están atravesando los familiares.
“Le pedimos para que el Congreso supervise el proceso, para que todo se haga con extrema legalidad. Queremos actuar con total transparencia y estamos a disposición de aclarar todos los puntos. Estamos agradecidos con el presidente Núñez por brindarnos esa oportunidad de explicarle de nuestro lado y de demostrarle que todo lo que adquirió el diputado lo hizo de menara legal”, explicó.
A su turno, la hija del diputado, Larissa Gómez indicó que han solicitado ayuda al titular del Congreso, porque quieren llegar a la verdad sobre las causas que llevaron a la muerte del diputado. Asimismo, agradeció la acogida que recibieron de parte del titular de la Cámara Alta.
“Tengo la esperanza de que nos va a ayudar y orientar en este caso. También recibimos de la bancada de Honor Colorado, mucha fuerza y apoyo. Queremos que se haga justicia y que no pase desapercibido el tema, recuperar los bienes de nuestra familia que adquirió décadas atrás y que el caso no quede impune”, expresó.
Respetarán la decisión política
En otro momento, el diputado Tuma, señaló que la familia ha cumplido con su parte al presentar al Congreso el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón. No obstante, señaló que la familia es muy consciente que finalmente la decisión de los legisladores es política, independientemente a la postura que asuman y respetarán esa decisión.
Indicó que lo que molestó a la familia, es que, a pesar de las pruebas, a su criterio no se realizó una investigación a fondo e incluso el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa contra los policías que realizaron el allanamiento a la vivienda del diputado.
“El pedido del juicio político es por esa inacción por parte del Ministerio Público en el proceso de investigación. Nosotros hicimos nuestra parte, nosotros respetamos. Sabemos que la decisión que se toma acá es política, y los familiares también saben eso. Nosotros cumplimos, y la decisión que tomen será política, nosotros no nos vamos a molestar si toman una decisión de un lado o del otro”, acotó.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza chicana de abogados abdistas contra FGE
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
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Antecedentes
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.