La Cámara de Senadores inicia este jueves la ronda de audiencias públicas para evaluar las propuestas y perfiles de los candidatos a contralor y subcontralor general de la República. El proceso se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el colorado Javier Zacarías, quien aseguró que la confección de las ternas se ejecutará de acuerdo a la idoneidad y la trayectoria de cada uno de los postulantes.

Zacarías también desmintió las versiones promovidas desde la oposición que apuntan a desmeritar el proceso de selección catalogándolo como un “trato meramente protocolar”, al sostener que el oficialismo colorado supuestamente ya definió la continuidad de los actuales titulares Camilo Benítez y Augusto Paiva.

“No existe tal cosa, yo desmiento categóricamente eso. No hemos tratado absolutamente nada en la bancada de Honor Colorado. La idea es escuchar a todos, hacer una tanda de 10 postulantes por día, tanto los días lunes y jueves a partir de las 10:00 para que la ciudadanía, los medios de prensa y los senadores puedan debatir”, sostuvo en un entrevista con los medios de comunicación, antes de dar inicio a la sesión de apertura.

Zacarías agregó: “Haremos un estudio bien claro de todo lo que es el currículum de cada uno, su historial teniendo en cuenta que varios fueron funcionarios públicos. Estamos realizando averiguaciones para ver si llegaron a tener sumarios o cuestiones administrativas de por medio, porque eso los descalificaría automáticamente. Vamos a hacer una elección responsable, el que define es el plenario”.

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Con relación al requerimiento de los opositores de que el cargo de contralor sea ejercido por un representante de la oposición, teniendo en cuenta que el gobierno central es liderado por colorados, Zacarías afirmó: “No estoy de acuerdo con ese criterio, la Contraloría debe estar en manos de los mejores, de aquellas personas que califiquen técnicamente y tengan la ética y moral para ocupar el cargo“.

El senador recordó que varios representantes de la oposición que lograron acceder al cargo fueron denunciados y condenados. “El hecho de que sea de la oposición no te garantiza independencia, transparencia y justicia. Yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo del actual contralor, creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas ante el Ministerio Público, sacó al tapete casos emblemáticos mediante estudios exhaustivos”, sentenció.

Zacarías detalló que las audiencias públicas serán realizadas hasta la primera semana de agosto para luego remitir inmediatamente las ternas tanto para la Contraloría y la Subcontraloría a la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de la elección.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes a su equipo que interrumpa “de manera inmediata” el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro.

El trámite para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema de derecha, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, acusa al gobierno actual de corrupción.

De la Espriella dio “instrucciones” a su equipo de trabajo “para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo”, según anunció en la red social X.

El presidente electo, que definió la transición como una “auditoría exhaustiva” de la gestión de Petro, asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, clientelismo en contratos estatales y deficiencias en el sistema de salud.

Petro desconoce la “legitimidad” de De la Espriella y convocó a manifestaciones el 20 de julio, fecha para la que anunció su discurso de despedida.

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El senador Cepeda reconoció por su parte los resultados de la elección, pero se declaró en “desobediencia civil” frente al nuevo gobierno. Pero observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, dijo De la Espriella.

De su lado, Petro dijo que el proceso continuará aun sin la delegación del gobierno entrante. “No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias”, reaccionó en X Petro.

Para ello, “se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, agregó.

De la Espriella, un abogado que debuta en la política, promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado y endurecer el combate a guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década, y tras los intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados.

• Fuente: AFP

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En el marco de la causa conocida como Tajy, el juez penal de garantías Osmar Legal otorgó al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, libertad ambulatoria e impuso medidas, la prohibición de salir del país y una fianza de G. 500.000.000. El líder del partido YoCreo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían desviados de los fondos municipales.

La audiencia se realizó tras dos años de sistemáticos incidentes o chicanas para impedir la imposición de medidas la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal, acusación presentada por fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.

Miguel Prieto y su entorno habrían realizado una compra simulada de alimentos a una firma unipersonal, denominada Tajy, propiedad de un construc­tor de pozo artesiano, al que el exintendente hizo pasar como proveedor de 50.000 kilos de harina, entre otros productos, en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid-19.

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El caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios cercanos, ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este, por un lado y, por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon compe­tencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido, Vanessa Floren­tín (Vanemi). El supuesto propietario se dedicaba en realidad a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso.

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Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.

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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.

Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.

La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.

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