El juez penal de Garantías Mirko Valinotti resolvió que Óscar Luis Benítez enfrente un juicio oral por el secuestro de Cecilia Cubas, ocurrido el 21 de setiembre del 2004. Los hechos punibles acusados en el presente caso son homicidio doloso y secuestro, cuya expectativa de pena podría llegar a 25 años de cárcel. Igualmente, participó de la diligencia judicial el fiscal del caso, Rogelio Ortúzar.
La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo esta mañana, en el cuarto piso de la torre norte de la sede judicial. Ahora solo falta sortear al Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado por el mencionado hecho.
Durante la tramitación de la audiencia preliminar, Benítez solicitó al juzgado la devolución de una Biblia que le habían sacado al pisar el aeropuerto Silvio Pettirossi. Asimismo, se autorizó que el hombre sea sometido a un examen psicológico.
Benítez llegó a nuestro país el 26 de setiembre del 2019 extraditado de Brasil, donde fue detenido por las autoridades de ese país. Desde ese día está privado de su libertad a la espera del desarrollo del juicio oral y público.
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El fiscal Ortúzar considera al extraditado como una pieza clave en la investigación, ya que era un eslabón del grupo armado que posteriormente sería el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Cecilia Cubas era la mayor de las dos hijas del expresidente de la República Raúl Cubas y de la actual senadora Mirta Gusinky. Fue secuestrada el 21 de setiembre del 2004 cerca de su residencia, en San Lorenzo, por un grupo armado que interceptó a balazos su vehículo.
En febrero del 2005, su cadáver fue encontrado en una fosa cavada en una vivienda ubicada en la ciudad de Ñemby, después de que su familia pagara US$ 300.000 por su liberación a mediados de noviembre del 2004.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Tía Chela: juicio a Miguel Prieto y otros acusados se iniciará este lunes
El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos ratificó la determinación de los jueces de sentencia, de iniciar este lunes 31 de agosto, a las 08:00, el juicio oral para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.
La Cámara de Apelación rechazó el recurso planteado por la acusada, Emili Vanessa Florentín Páez, quien presentó una chicana para evitar que el juicio oral se pueda desarrollar, pero no surgió efecto y se mantiene para este lunes. De acuerdo al fallo, la resolución del tribunal de primera instancia fue dictada en virtud a las facultades ordenatorias del juez o tribunal.
“Al rechazar la reposición, el colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”, expresa parte de la resolución del Tribunal de Apelación.
El Tribunal de Sentencia que juzgará a Miguel Prieto y a los demás acusados está conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación, en la cual se menciona que Prieto causó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente habría encabezado un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Acusados
Además de Prieto, están acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL.; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
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Ypytá: JEM está habilitado a investigar de oficio al juez Édgar Rivas por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.
Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.
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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Las irregularidades
En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.
Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.
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Feminicidio de María Fernanda: tribunal aplicó penas de entre 10 y 3 años de cárcel a los acusados
Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.
El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.
A la joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada por instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, los jueces la encontraron culpable a las 23:59 y la condenaron a una pena de 10 años de cárcel.
A continuación, Ricardo Villamayor, acusado por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia, a las 00:23 del miércoles fue condenado a 3 años de cárcel.
A las 01:05, Franco Antonio Acosta, acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal, fue condenado a 5 años de privación de libertad.
Finalmente, a las 01:22, este colegiado decidió que los padres del joven de 17 años sindicado como principal responsable del feminicidio, Armando Silva y Karent Villar, sean condenados a 4 años y 6 meses de cárcel, luego de ser encontrados culpables por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.
Antecedentes del caso
El fiscal Fermín Segovia pidió 10 años de prisión para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo por su presunta participación en el feminicidio. En tanto que, para los padres del autor principal 4 años y medio; para Franco Antonio Acosta 4 años de cárcel por complicidad y para Ricardo Villamayor solicitó 3 años de pena privativa de libertad por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia.
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se dio recién el 31 de mayo de ese mismo año. Este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho enfrenta un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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