La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra José Tran Thach, por la supuesta comisión del hecho punible de contrabando. Foto: Gentileza.
Imputan a responsable de cargamento de azúcar que habría ingresado de contrabando
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La fiscal Nilsa Marlene Torales, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo, presentó imputación contra el ciudadano José Tran Thach (42) por la supuesta comisión del hecho punible de contrabando.
Según los antecedentes del caso, la Fiscalía incautó cerca de 20 mil kilos de azúcar de origen brasileño que habrían ingresado ilegalmente al país desde el Brasil, de un local perteneciente al ahora procesado.
El procedimiento se realizó el 21 de julio último, en el barrio Obrero de Ciudad del Este y estuvo encabezado por Torales, quien contó con el acompañamiento de funcionarios de Coordinación Investigativa Aduanera (COIA), del Grupo Especial de Operaciones y del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Los trabajos se llevaron adelante mediante el auto interlocutorio (AI) número 565 de fecha 21 de julio del 2020, firmado por el juez Carlos Vera Ruiz, titular del Juzgado Penal de Garantías número 3 de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
Del sitio allanado fueron incautados 658 fardos de azúcar, fabricados en San Pablo y Vila Estivas de Brasil. El cargamento totalizó 19.740 kilogramos, que por disposición de la fiscal fue trasladado hasta la terminal de cargas Algesa del kilómetro 12 de la capital del décimo departamento.
La representación pública solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el encausado. No obstante, José Tran Thach deberá cumplir una serie de requisitos a los efectos de asegurar la sujeción al proceso judicial que se le sigue.
Diputado liberal Carlos Pereira Rieve, dueño de concretera que cargó losas en edificio caído y René Miglio, director de obras de la municipalidad que se desentendió de fiscalizaciones, se encuentran en plena campaña política
Fiscalía recibió dictamen pericial de edificio caído en Encarnación
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Las investigaciones sobre edificio derrumbado en Encarnación quedaron prácticamente estancadas por seis meses a la espera del informe pericial que debe dictaminar sobre el análisis estructural de la fallida construcción. Tras serie insistencias desde nuestra redacción, desde la Facultad de Ingeniería confirmaron que remitieron el informe al Ministerio Público el viernes pasado.
Después de seis meses de retraso, el Ministerio Público recibió el informe pericial del derrumbado edificio en Encarnación. Francisco Martínez, fiscal de la causa que investiga las razones del desplome, dijo a nuestra redacción que urgieron varias veces al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por el dictamen y que el viernes último, cumplieron en remitir el documento.
El suceso ocurrido el 2 de abril de 2025 dejó dos víctimas fatales y la familia se encuentra aislada en la incertidumbre ya que se dilatan las posibilidades de hacer justicia.
El informe pericial debía concluirse en 90 días y tenía como plazo de entrega el 30 de diciembre de 2025. Ayer a últimas horas de la tarde el decano de la Facultad de Ingeniería, Rubén López confirmó a nuestro medio que el dictamen fue remitido vía correo electrónico el viernes 3 de julio de 2026.
Notificación de Fiscalía a la Facultad de Ingeniería tras insistentes consultas periodísticas sobre avance de pericia
FIRMA DE CONVENIO
Recordemos que el Ministerio Público firmó un convenio específico interinstitucional con la UNA en la que se establecen 9 temas de la pericia. Para ello, se obligó un pago aproximado de G. 120 millones y ya se realizó un pago del 50 %, según confirmó el fiscal de la causa, Francisco Martínez.
“El monto puede variar conforme a los trabajos, el estudio de las muestras extraídas. Estamos esperando, hemos urgido 3 a 4 veces al decano”, señaló Martínez en conversación telefónica. Sin embargo, las presiones de la prensa fueron las que realmente ayudaron para agilizar el estudio pendiente.
DEMORA Y ESPECULACIONES
La demora venía generando especulaciones, considerando que uno de los puntos de la pericia involucra a Mega Concret SA, empresa del diputado liberal Carlos Pereira, miembro del influyente clan Pereira en la zona de Itapúa. (Ver facsímil).
El estudio establece la identificación del tipo y la resistencia del hormigón utilizado en los diferentes componentes de la estructura del edificio desmoronado. Este trabajo fue realizado por la empresa del diputado Pereira que hoy se encuentra en plena campaña política para ocupar el cargo de intendente, como sucesor y aliado de Luis Yd quien fue precisamente el que se desentendió de los controles en la construcción del edificio caído.
Recordemos que el proyecto estaba preparado para un edificio de 5 niveles, pero subieron a 8 pisos, la estructura no aguantó y la construcción se desplomó. La administración Yd dejó pasar esta situación aplicando una multa irrisoria en detrimento de la seguridad de las personas y el desenlace fue mortal, el derrumbe cegó la vida de una joven de 15 años junto con su abuela.
Yd y Pereira son aliados políticos, de hecho, varios funcionarios leales del actual intendente son candidatos a concejales por la lista del diputado para las municipales de octubre próximo. Entre estos, se encuentra René Miglio, el director de obras de la Municipalidad de Encarnación, imputado por el caso del edificio derrumbado y principal responsable de la construcción de más pisos fuera de la capacidad de la estructura.
Si bien el Ministerio Público todavía no fue a retirar el original de la secretaría de la Facultad de Ingeniería, el fiscal Martínez sostuvo que un ingeniero asesor de la institución se encuentra ya verificando los datos proveídos a fin de constatar que el expediente contenga todo lo solicitado. Se estima que con este paso tan esperado se pueda retomar el curso de la investigación y se puedan incluir a todos los involucrados, además de los dueños de la obra y altos funcionarios municipales.
Piden 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino por contrabando
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Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, por contrabando al quedar probado que cometieron el hecho punible de tentativa de contrabando, al intentar ingresar al país con más de USD 200.000, además de dinero en guaraníes y pesos argentinos, sin declararlo ante la autoridad paraguaya competente.
La representante de Ministerio Público Ysarel Villalba sostuvo que durante el juicio se demostró que ambos extranjeros intentaron introducir al Paraguay dinero en efectivo oculto en un maletín que se encontraba dentro del vehículo en el que viajaban.
La fiscalía explicó que, conforme a las declaraciones de los agentes policiales y funcionarios de la DNIT que participaron del procedimiento, se acreditó que los acusados guardaron silencio cuando fueron consultados sobre si tenían bienes o valores que declarar, omitiendo informar sobre las divisas transportadas.
Asimismo, Villalba hizo referencia al resultado del procedimiento administrativo llevado adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, que concluyó que ambos incurrieron en una infracción aduanera de contrabando. En esa causa administrativa se dispuso el comiso del vehículo y de gran parte del dinero incautado.
Por su parte, la defensa de ambos acusados sostiene que no se pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados. El juicio seguirá el 13 de julio.
El Ministerio Público debe definir si acusa y pide juicio oral o en su defecto otra salida procesal para Heriberto Antonio Duarte quien estaba siendo indagado por el delito de estafa. Foto: Gentileza
Fiscalía define si acusa y pide juicio oral para procesado por estafa
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La fiscala Verónica Mayor deberá presentar su acusación u otro requerimiento este 2 de julio en el marco del proceso penal que enfrenta Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente procesado por estafa con un perjuicio que sería de USD 91.000.
Sin embargo, meses atrás el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional debido a que debía realizar varias diligencias por lo que ya estaría habilitada a poder presentar el requerimiento conclusivo en relación al presente caso.
En julio del 2025 el Ministerio Público, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta rara la presentación que realizó la fiscala.
De acuerdo la información que se maneja habría elementos para poder presentar la acusación y el pedido de juicio oral contra el procesado y eso está en manos de la fiscala mayor.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero había formulado imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, Darío Ramón Mongelós había realizado una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
Ministerio Público se adhirió al feriado con excepciones para garantizar servicios esenciales
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución N° 2312, por la cual el Ministerio Público declara feriado institucional para este 30 de junio de 2026, en concordancia con el Decreto Presidencial N.° 6280/2026, que estableció la fecha como feriado nacional.
La disposición se fundamenta en el decreto presidencial dictado el 29 de junio de 2026, mediante el cual se declaró feriado nacional en conmemoración del histórico logro de la Selección Paraguaya, tras su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La resolución también toma en consideración que la Corte Suprema de Justicia se adhirió a la medida y dispuso que los plazos procesales con vencimiento el 30 de junio fenecerán el 1 de julio de 2026, salvo las excepciones establecidas.
No obstante, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, el Ministerio Público dispuso que permanecerán en funciones:
-Las Unidades Fiscales de turno.
-Las unidades con audiencias en juzgados y juicios orales que no hayan sido suspendidos.
-La Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público.
-Los Departamentos de Apoyo Técnico Fiscal convocados para atender requerimientos de las unidades de turno.
La medida fue adoptada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Fiscal General del Estado para coordinar el funcionamiento armónico y eficaz de la institución, garantizando la prestación de los servicios imprescindibles durante la jornada de feriado nacional.