El titular de la Superintendencia de la Salud, el doctor Roberto Melgarejo, negó que tenga fines políticos la sanción del Sanatorio del Parque, en Ciudad del Este, vinculado a la familia del diputado prietista Guillermo Rodríguez, quien denunció la medida como una supuesta “persecución política” y “terrorismo de Estado”. “Acá no hay un ánimo de perseguir a nadie, solo la necesidad de que se formalicen las cosas”, indicó el superintendente.

“Este diputado es un gran mentiroso y me molesta que diga que esto es una cuestión política, es un gran disparatero. No solo maltrató a mis funcionarios, sino a mi persona y toda la institución. La habilitación por parte del Ministerio de Salud y el registro de Superintendencia tenían vencidos“, dijo Melgarejo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Melgarejo mencionó que “ninguna entidad puede estar prestando servicio sin la debida habilitación y el registro. Estaban en una contravención, entonces debe ser clausurado hasta tanto regularicen su situación. Ellos, en principio, dijeron que tenían en proceso de renovación de habilitación, pero no presentaron ningún tipo de documentaciones. Incluso, uno de ellos admitió en voz baja que todavía no hicieron los papeles”.

Señaló que funcionarios de la institución no solo intervinieron el sanatorio privado de Ciudad del Este, sino que también en las localidades de Presidente Franco y Hernandarias. “Se visitaron 340 entidades prestadoras, aproximadamente. El diputado dijo que fue una visita puntual, esa es la primera gran mentira. Dijo que esto se enmarca dentro de una persecución, pero, de ninguna manera, nosotros ni sabíamos que era propietario su padre o su familia, y mis funcionarios menos, ni tienen por qué saber”, comentó.

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Detalló que el procedimiento de fiscalización fue ejecutado el pasado lunes 11 de agosto. Mientras que el miércoles 14 de agosto ingresó por mesa de entrada de la Superintendencia de Salud una nota de reconsideración presentada por el centro médico privado, solicitando que se entienda la situación, aceptando que no cuentan con los papeles y que están en falta.

“Además en la nota adjuntan que ya iniciaron el proceso de renovación de las documentaciones y que lo iniciaron el 12 de agosto, es decir después de la intervención. El diputado dijo que el proceso inició mucho antes y que lo nuestro era una cuestión arbitraria, pero esta es una segunda gran mentira”,

Agregó que la tercera gran mentira esgrimida por Rodríguez es cuando dice que ningún proceso de renovación en el Ministerio de Salud no se puede iniciar hasta tanto se venza la habilitación. “Hay una resolución del año 2020, en la cual cualquier entidad prestadora de servicio pueden iniciar hasta 90 días antes la renovación de su habilitación. Si en este plazo no se inició y llega el momento de vencimiento de su habilitación, entonces la entidad quedará clausurada hasta que los documentos estén en forma regular”, manifestó.

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El diputado Rodrigo Gamarra se refirió a las largas filas para las compras, de carne específicamente, que se vieron en los últimos días, este efecto se da como una señal clara de circulante y el poder de compra, de acuerdo a sus expresiones. En este sentido, el Gobierno viene trabajando para abaratar los precios de productos que conforman la canasta familiar tras el encarecimiento registrado en varios rubros y la baja en la cotización del dólar.

“Que haya filas para comprar carne no es un problema de desabastecimiento, como en Venezuela donde las góndolas están vacías, sino todo lo contrario: es señal de que hay oferta, hay precios más accesibles y la gente tiene capacidad de compra”, dijo el legislador a través de su cuenta de red social X.

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Gamarra señaló que es común que en otros países se den largas filas para la compra de productos que se encuentran en promoción. “En cualquier país del mundo moderno, desde Buenos Aires hasta Madrid, Bruselas o Nueva York, es normal ver colas cuando hay rebajas o promociones. ¿Por qué?, porque la demanda aumenta, la gente aprovecha y el sistema económico funciona: circula el dinero, los comercios venden más y se demuestra que sí se puede ofrecer a mejor precio”, apuntó.

Con esta reflexión, el diputado Gamarra cuestionó a los medios de comunicación que colocan esta situación como un efecto que va en contra de la ciudadanía, afirmó que contrariamente, esto resalta la capacidad de compra y una economía que fluye.

“Acá en Paraguay, la diferencia es clara: sí hay productos en las góndolas. Sí hay capacidad de compra. Sí hay un sistema que responde a la demanda. Formar fila no es un pecado, es parte de la dinámica de un mercado vivo y en movimiento. Lo contrario sería ver locales vacíos, sin nada que ofrecer, sin dinero circulando. Los sicarios mediáticos no son prensa, son políticos disfrazados de periodistas, en busca del poder”, sentenció.

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El diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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Una vez más la sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva chicana presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien debe estar sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado, por sus supuestos vínculos con el sindicado narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Giuzzio paralizó el normal desarrollo del juicio oral recusando a los jueces de sentencia Adriana Planas y Ubaldo Matías Garcete. El expediente subió al tribunal de apelación donde Giuzzio a su fiel estilo chicanero recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias.

Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes, y la disidencia de Víctor Ríos, rechazaron la recusación contra los dos miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado, mencionados más arriba.

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Con la presente resolución de la máxima instancia judicial, los integrantes del tribunal de alzada podrán estudiar la recusación contra los jueces de sentencia, Adriana Planás y Ubaldo Matías Garcete, quienes deben juzgar el caso del exministro del Interior.

Los ministros Martínez Simón y Llanes fueron contundentes en mencionar que “debe recordarse que, el apartamiento de un magistrado solo puede darse cuando se prueba de modo categórico o según posiciones muy sólidas sobre la base de indicios y medios de prueba suficientemente acreditados, pero en este caso no existe tal situación ni pruebas por lo que no existen motivos para poder apartar a los jueces del presente caso”, señala el voto del ministro.

También Llanes fue tajante en señalar que “los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que del análisis de las constancias de autos se advierte la inexistencia del aval probatorio que demuestre la supuesta opinión, dictamen, pre juzgamiento de los recusados y ante la inexistencia de motivos corresponde rechazar la recusación”, indica el voto de la ministra.

La Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, al inicio del juicio oral, que se incluyan como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado ante los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, para la provisión de servicios y equipamientos a la Policía Nacional.

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