En el marco de la implementación de las resoluciones N° 458 y N° 459 de fecha 29 de junio del 2020 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, se iniciaron las evaluaciones de los antecedentes laborales, de desempeño, conductuales, psicológicas, psiquiátricas y toxicológicas de la totalidad de los funcionarios que prestan servicios en el área de seguridad y transporte de las sedes judiciales de Concepción, Itapúa, Caazapá y Guairá, de acuerdo al sitio web de la Corte.

En la Circunscripción Judicial de Concepción se iniciaron en la fecha las evaluaciones en el Palacio de Justicia, aplicadas a funcionarios, tanto nombrados como contratados, que pertenecen al plantel de seguridad y transporte.

Así también, en lo que respecta a la sede judicial de Itapúa, se aplicaron los test correspondientes a los funcionarios cuyas características fueron mencionadas más arriba. Las evaluaciones se realizaron por grupo, en el salón auditorio N° 2 del Palacio de Justicia de Encarnación, y una vez finalizado dicho procedimiento, el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Itapúa remitirá el informe correspondiente a la Corte Suprema de Justicia.

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En ese sentido, para los funcionarios nombrados y contratados que prestan servicio en el área de seguridad y transporte de la Circunscripción Judicial de Caazapá se aplicaron los test psicológicos. Mientras que en Guairá se realizaron los test en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de Villarrica para los funcionarios que prestan servicios en el área anteriormente mencionada.

Estas evaluaciones fueron realizadas en todos los casos a través de la oficina de Recursos Humanos, con el apoyo de los psicólogos de la oficina técnico-forense, quienes recibieron la instrucción de recolectar los datos para la aplicación del test correspondiente.

Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia encomendó la verificación del sistema de seguridad en cuanto a la flota de vehículos y personal asignado a la misma de todas las circunscripciones judiciales del país a fin de elevar los estándares mínimos.

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